ESCUCHARLas diputadas nacionales por la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron ayer un proyecto de ley en el que proponen suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebre de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) originadas con posterioridad al 20 de marzo, cuando se puso en marcha el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
“La prohibición alcanza a ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen; embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen, iniciadas con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene la iniciativa.
El proyecto establece también que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) «procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas»
«El BCRA instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la ley 24522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia», precisa el texto.
En ese sentido, afirma que «las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas por este último”.
“La pandemia de covid-19 ha significado un deterioro sustancial de la actividad económica nacional y se necesita otorgar sostenibilidad productiva de mediano plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país», argumentaron las diputadas en los fundamentos del proyecto.
Asimismo se agregó: «En este marco se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo” y se concluyó: “Las mipymes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”.
Comercio
Al respecto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó la «urgente sanción» de una ley que «colabore con la protección del entramado productivo local» frente al impacto económico de la pandemia de coronavirus, con medidas como la «suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías».
Así lo expresó la entidad a través de un comunicado de prensa, en el que indicó que una medida de este tipo «no sólo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan sino que, también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación».
