Llaryora revisará el acuerdo paritario con los estatales, quienes ya adelantaron su oposición

“No hay ninguna posibilidad de sostener una cláusula gatillo por inflación en este contexto”, dijo a Comercio y Justicia Facundo Torres, presidente provisorio de la Unicameral. La idea sería ajustar por recaudación. De hecho, la Provincia ni siquiera cumpliría con el acuerdo salarial en enero, cuando vence la paritaria. Los gremios ya advirtieron su rechazo. El Gobernador se reunió con el ministro del Interior

El gobernador Martín Llaryora revisará en lo inmediato el acuerdo paritario firmado con los gremios estatales por su antecesor Juan Schiaretti y que vence el 31 de enero ante la “imposibilidad” de afrontar ese esquema en el actual contexto.

El dato fue anticipado a Comercio y Justicia por el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, luego de que, horas antes el conjunto de sindicatos del sector público difundieran un documento conjunto en el que advertían que se opondrán a cualquier modificación del acuerdo vigente, entre otros puntos.

“La situación económica cambió drásticamente y no están dadas las condiciones para poder pagar una cláusula gatillo por inflación a mes vencido”, explicó Torres.

Si bien no quiso adelantar cuándo y cuáles serán las nuevas condiciones, toda vez que no será él el interlocutor con los gremios, dejó trascender que la idea sería renegociar la cláusula gatillo en lo inmediato.

En la práctica, la Provincia incumpliría el acuerdo en el último mes de vigencia, o sea con los sueldos de enero no se pagaría la inflación de diciembre que se estima rondará el 30%.

En principio, la idea sería replicar la estrategia que ya anticipó el intendente Daniel Passerini horas atrás cuando dijo que la Municipalidad de Córdoba buscará pagar los salarios ajustados al aumento de la recaudación y no de la inflación, como había acordado oportunamente el ex intendente Martín Llaryora.

El Suoem ya anticipó que se opondrá al cambio y que buscará preservar el poder adquisitivo del salario.

Condiciones

Torres, que tiempo atrás fue ministro de Gobierno, por lo que conoce el vínculo con los intendentes y jefes comunales, reveló que muchos municipios del interior le plantearon que están en la misma situación y que les será imposible sostener una cláusula de actualización salarial atada a la inflación.

“Hay que acomodarse a los tiempos actuales. La situación cambió drásticamente, entre otros motivos por la devaluación pero también por la caída de los ingresos que ya se venía observando desde los últimos meses. Los empleados deberán comprender que el contexto es otro”, dijo y recordó que los agentes públicos tienen estabilidad en sus puestos y cobran en tiempo y forma.

“La crisis será transversal a todos los sectores. ¿Qué actividad privada podrá sostener los sueldos y asegurar que no pierdan con la inflación en un contexto recesivo?, se preguntó.

Según el último dato disponible de noviembre, la recaudación provincial cayó siete por ciento en términos reales, baja que ya venía experimentando en meses anteriores.

El panorama no parece que vaya a revertirse en lo inmediato. Todo lo contrario, la situación será probablemente peor al menos por tres o cuatro meses más.

Las partidas salariales brutas representan un tercio de los ingresos totales de la Provincia, una ponderación más que importante como parte de las erogaciones totales del Gobierno.

Por lo pronto, Llaryora enviará en las próximas horas a la Unicameral un proyecto para reducir los salarios de los funcionarios políticos en porcentajes que oscilan entre 25% y 10%, según el rango que ocupen. El gesto que pidió imitar al resto de los poderes del Estado tiene un impacto más simbólico que efectivo aunque es una señal para avanzar luego en otros recortes.

Estado de alerta

Aun sin conocer los planes de Llaryora en la materia pero advertidos por las declaraciones de Passerini y las propias alertas del Gobernador sobre la necesidad de un ajuste, los gremios estatales de la provincia se declararon en “estado de alerta y sesión permanente” ante las “medidas económicas anunciadas por el nuevo Gobierno Nacional y frente a las presiones para que las provincias repliquen esas medidas”.

Concretamente, el plenario de sindicatos reclamó respuestas sobre varios puntos: garantía de cumplimiento del acuerdo salarial vigente hasta el 31 de enero de 2024; garantía de la preservación de los puestos de trabajo, en particular de contratados, monotributistas, becarios y designación inmediata de quienes han obtenido sus cargos por concurso en la administración pública; garantía de que no se aplicará el aumento en los Aportes Personales incluido como facultad en el presupuesto recientemente aprobado y que afectaría a los trabajadores activos y jubilados provinciales, que se respete la edad jubilatoria del régimen actual y que la Caja de Jubilaciones continúe en la órbita provincial. y garantía de que no se volverá a aplicar el diferimiento para el cobro de los incrementos salariales en los haberes de los jubilados provinciales.

Finalmente, pidieron la normalización de los servicios del Apross, ante la denuncia de falta de prestaciones tanto en Capital e Interior.

Según una fuente gremial consultada por este medio, ya solicitaron una audiencia con Llaryora para conocer de primera mano cuáles son los planes de éste en la materia.