EPEC sube 50% a grandes usuarios; residenciales y comercio, por ahora sin cambios

El alza involucra 304 empresas que ya no tienen prácticamente subsidios. La decisión de la Secretaría de Energía, en la que la Provincia sólo actúa trasladando precios mayoristas, es la única determinación efectiva que se tomó hasta ahora. Mientras, si bien la Nación dijo que desde junio habrá aumentos de hasta 42,7% a residenciales, no hay norma que los sustente. Hoy, audiencia por segmentación

La Secretaría de Energía de la Nación anticipó que el aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del 1 de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y de 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio y un acumulado de 21,2%, con base en la propuesta presentada ayer en audiencia pública.

Sin embargo, en el encuentro, Energía nada dijo respecto a qué norma sustentará ese incremento.

De hecho, hasta ahora, el único dato firme es la resolución publicada el 29 de abril pasado que establecía nuevos precios estacionales de la energía, aunque sólo para los denominados “gudis”, esto es, Grandes Usuarios de la Distribuidora, que en la provincia de Córdoba son 304 empresas. Para ellos, la suba en la factura final rondará 50% y ya prácticamente no tienen subsidios, o sea, pagan el precio pleno del valor de generación.

Pero, contrariamente a lo que se estimaba, ayer la Secretaría de Energía no informó de ninguna norma extra referida al precio estacional de la energía que sustente el aumento, por ejemplo, a residenciales desde junio.

“Suponemos que en las próximas horas difundirán una resolución que fije los nuevos valores estacionales para esos clientes, incluso los comerciales”, reveló a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo que siguió de manera virtual el desarrollo de la audiencia.

“La exposición oficial apenas presentó cuatro diapositivas y nada dijo a partir de qué elementos se sustenta la suba que menciona, que regirá desde junio”, graficó la fuente.

En ese contexto y al día de hoy, el único dato concreto para el caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es la suba a los “gudis”. Para el resto, no hay ajuste en puerta, salvo que en las próximas horas se publique una nueva resolución que involucre al resto de los usuarios, con vigencia desde junio.

El que se oponga, que se vaya

El desarrollo de las audiencias para la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad es seguido de cerca por el Gobierno nacional y, en ese marco, allegados al presidente Alberto Fernández dejaron trascender que se trata de "una decisión política" y que, "si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno", en alusión a los funcionarios del área de energía.

De hecho, tanto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron en las últimas horas la metodología adoptada para la revisión tarifaria en marcha, para la cual se determinó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente a 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), y de 80% para quienes no gozan de ese beneficio.

De esta forma, con un CVS en 2021 de 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser de 21,3% y 42,7%, respectivamente, tal como se destacó nuevamente ayer en la apertura de la audiencia para el tratamiento de los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1 de junio.

La audiencia fue presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, quien divulgó el informe con la propuesta oficial basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.

En él se destacó que el Estado nacional afrontará en el primer trimestre del año subsidios del orden de 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer la demanda residencial.

Con base en el criterio de ajustar las tarifas según el CVS de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social, que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1 de junio.

En el caso de aquellos que tengan tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $843 y $901, respectivamente.

Claro que se trata de valores que se pagan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las facturas en el interior, por ejemplo las de EPEC, difieren sustancialmente.

La audiencia pública de ayer fue la segunda, luego de que el martes se iniciaron las exposiciones para fijar los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), oportunidad en que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio de 20% en el servicio, siempre con el límite de 42,7% final para la mayoría de los clientes residenciales.

La tercera audiencia, prevista para hoy, debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

Esa segmentación, que para 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo implicará la quita total de subsidios y, por lo tanto, el pago de una factura con aumentos contundentes, aún no regirá en el interior.

Durante el desarrollo del debate, Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), dijo que hay un "desfase entre los montos remunerados y la evolución de los costos que derivó en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad" de los equipos.

Al respecto, precisó que cerca de 60% de la energía que se produce en el país en el marco de la resolución 31/2020, "redujo y pesificó los valores de la energía eléctrica y la potencia asociada, y luego ajustó esos valores en 67,7% a la fecha, período en el cual la inflación superó 128%", lo que, aseguró, "impactará en la disponibilidad de equipos ante requerimientos y necesidad del sistema".

Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la "sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables", pero aclaró que, "dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector".

"En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)", agregó Bulacio, al asegurar que "en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación", a la par que las distribuidoras "experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos pero no en los costos".

En otro orden, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó la presentación inicial de la Secretaría de Energía porque "no hace referencia al PEST sino a la segmentación de la tarifa, que es objeto de la audiencia de mañana (por hoy)".

Fernández y los subsidios

En ese marco, el presidente Alberto Fernández defendió desde Berlín la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad que se está debatiendo en audiencias públicas, y consideró que actualmente "se está subsidiando energía al 10% más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios".