ESCUCHAREl presidente anunció ayer que su gobierno cumplirá con la orden de la Corte. Lo hará con bonos como los usados para cancelar la deuda con la provincia de Santa Fe, mientras queda a la espera del fallo definitivo sobre la coparticipación.
El presidente Alberto Fernández finalmente comunicó que su gobierno acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le pagará al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que le indicó la Justicia la semana pasada. La decisión ocurre luego del fuerte rechazo que cosechó el primer intento de desconocer lo actuado por el máximo tribunal.
Días después de haber calificado el fallo de «imposible cumplimiento», planteó en un hilo de twitter: «Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos«.
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», aclaró.
En la misma línea, recordó que los bonos TX31 fueron aceptados por la Corte ante una demanda por coparticipación planteada por la provincia de Santa Fe. «Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda», ironizó Fernández.
Se trata de bonos del Tesoro que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti. Esto último es parte de la clave de la situación, ya que el gobierno santafesino aceptó voluntariamente el bono como resultado de una negociación, mientras que en el caso que ha anunciado ahora el presidente se trata de una decisión unilateral de parte del gobierno.
Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el valor de mercado del bono, que distintos analistas ubican entre el 50% y el 70% del valor nominal, lo que en cualquiera de los dos casos representaría un perjuicio en contra de la parte demandante. La situación sirve para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones, procurando resolver políticamente la crisis, evitando seguir escalando un problema que amenaza darle de lleno a los dos gobiernos involucrados.
El presidente manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación «se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas», pese a que los fondos que debería enviar a CABA salen de una instancia previa al reparto de los fondos coparticipables, por lo que el argumento retórico del presidente no le hace honor al peso de los hechos.
Además de las cuestiones de índole judicial que le encargó al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley. Hay que recordar que cuando se dispuso el recorte en 2020 se lo hizo a través de un decreto y se ejecutó sin mayores complicaciones, lo que sirve como indicador sobre la exageración del cuadro por parte del Jefe de Estado para tratar de apuntalar discursivamente lo que resulta insostenible desde los hechos.
Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
«Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce», cerró el mandatario. Nadie puede oponerse a que el Congreso haga lo que lleva 28 años sin hacer, que es sancionar una Ley de Coparticipación que le sirva a todos, no solamente al gobierno nacional de turno y a los gobernadores que se sirvan de esos fondos esquilmados a las provincias productivas.
Así, la discusión en este punto es más sobre política y economía que sobre la Justicia, ya que las instituciones están funcionando de acuerdo a lo que dictan las leyes, no según la voluntad de los que ocupan el Poder Ejecutivo. A partir de ese punto es que los responsables deben resolver sus diferencias para evitar llevar el entuerto más allá de lo que dictan las normas de etiqueta y convivencia republicana.
