ESCUCHAREl organismo de alzada advirtió al juez Thomas Griesa por su decisión de ampliar la cantidad de bonistas que podían exigir la cancelación de las deudas. Y lo obliga a dar marcha atrás en su decisión de aceptar planteos grupales.
Una corte de apelaciones estadounidense revirtió una decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa que autorizaba a nuevos querellantes a reclamar a Argentina el pago total de bonos en default.
Griesa había decidido, en junio último, que Argentina debería pagar 5.400 millones de dólares a más de 500 acreedores, denominados “me too”, que se sumaron -de manera directa y sin litigar- a la demanda iniciada por los fondos NML Capital, de Paul Singer, y Aurelius. Pero ayer la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dispuso que Griesa había ampliado “inapropiadamente” la categoría de inversores que tienen deuda y que pueden pedir que se les pague.
El tribunal le recordó a Griesa haber limitado la cantidad de demandantes que podían exigirle a Buenos Aires que honrara sus compromisos, en lo que se interpretó como una decidida advertencia al juez.
En concreto, el fallo tiene como efecto una reducción en la demanda, ya que a partir del decisorio podrán ser menos los inversores habilitados para reclamar sus acreencias sumándose al fallo de 2014 y haciéndolo mediante una acción de clase. En la mayoría de los casos se trata de propietarios de títulos adquiridos en mercados secundarios, con grandes descuentos.
El año pasado, los tenedores de bonos habían logrado convencer a Griesa de que no era necesario llevar adelante un juicio por daños y perjuicios si él accedía a incluirlos en el fallo pari passu, pese a que esto contradecía un fallo anterior de la Corte de Apelaciones. Ayer fue ésta la que se encargó de recordárselo.
El antecedente de junio
El 6 de junio último, Griesa falló a favor de demandas por 5.200 millones de dólares de tenedores de bonos argentinos en default, y las sumó de modo directo a su sentencia en favor de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius por 1.330 millones de dólares de deuda en default desde 2001.
El juez había permitido así que otros tenedores de títulos -que no participaron de la reestructuración de deuda- se incorporaran a su fallo que obliga a Argentina a pagar a los fondos buitres.
Al igual que NML Capital y Aurelius, esos nuevos querellantes figuran entre el 7% de tenedores de bonos impagos desde 2001 que no entraron en los canjes efectuados por Argentina con importantes quitas y con una aceptación de casi 93% de ellos.
La “pulseada” seguirá mañana en un tribunal de Nueva York, ante el cual NML acusa a Buenos Aires de no devolverles su dinero a los acreedores y reclama sanciones.
Desde julio del año anterior, Griesa mantiene bloqueados en el Bank of New York (BoNY) 539 millones de dólares depositados por Argentina para tenedores de bonos reestructurados en dólares bajo legislación estadounidense y en euros bajo ley británica.
Los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción en el pleito por la deuda argentina porque los bonos incluyen una cláusula que dispone que las eventuales disputas deberán ser resueltas ante la justicia de Nueva York.
Citados a audiencia
Ahora la decisión de la Corte de Apelaciones ordena a Griesa que regrese a una definición más restringida de la categoría de “acreedores” y que realice una audiencia para presentar evidencia que determine el monto apropiado de los perjuicios.
Además, serán escuchados los fondos buitres con el fin de que expongan sobre los pedidos de información de activos conocido como “discovery”, realizados por los demandantes.
El objetivo de los fondos especulativos es obtener información sobre activos embargables de Argentina, buscando que el juez autorice a embargar bienes de los bancos Central y de la Nación (BNA), Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) e YPF.
El fondo Aurelius agregó un pedido para bloquear los títulos Bonar 2024, argumentando que fue suscripto en mercados internacionales y constituye deuda externa Argentina, sujetos a embargo. Para el Gobierno, la emisión del Bonar 24, aunque se haya emitido en dólares, fue una operación en los mercados locales y bajo la ley Argentina y sostiene que el magistrado no tiene jurisdición.
Vuelve a recurrir a las reservas del Banco Central
El Gobierno cancela deudas con organismos internacionales
El Gobierno dispuso la cancelación de obligaciones con organismos financieros internacionales y deuda externa oficial bilateral por más de 3.500 millones de dólares, que serán abonados con reservas del Banco Central.
Así lo detalla el decreto publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Economía, Axel Kicillof.
Se trata de vencimientos correspondientes al ejercicio fiscal de este año por US$3.558.390.000 dólares, a cancelarse con “reservas de libre disponibilidad”, según el texto oficial.
Con ese fin, el Central transferirá ese monto a cuentas del Tesoro Nacional, mientras que como contraprestación recibirá instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Así, la autoridad monetaria percibirá una o varias letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, por hasta US$3.558.390.000, a un plazo de 10 años, con amortización íntegra al vencimiento, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual, detalló el decreto. Además, el Poder Ejecutivo dispuso que los intereses de esas letras se cancelarán semestralmente.
La Casa Rosada justificó esta medida al señalar que se está “ejecutando un proceso de desendeudamiento externo” que se reflejó en la “cancelación de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financieros internacionales correspondientes a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, con reservas de libre disponibilidad”.
La causa
– Con su fallo a favor de los fondos buitres, el juez Griesa ordenó a Argentina abonarles US$1.300 millones más intereses. Por ello dispuso bloquear todos los pagos a los bonistas que ingresaron a los canjes hasta tanto no se satisfaga el reclamo de los holdouts. Así, mantiene bloqueado desde julio de 2014 un pago por US$539 millones.
– Luego, habilitó a los restantes bonistas que no habían ingresado a los canjes ni tampoco litigado, los llamados “me too” -o “yo también”- a que se incorporaran al reclamo original, sumando así otros US$5.400 millones. Ahora la Corte le puso un freno.
