ESCUCHARProductores denunciaron que existe un “flagrante incumplimiento” de las distribuidoras.
La caída de la recaudación pone en riesgo la prestación del servicio. La situación afecta a Ecogas.
EPEC espera decisiones de Cammesa sobre la cancelación de deudas en cuotas
Las empresas productoras de gas natural plantearon ayer al Gobierno nacional que existe un “flagrante incumplimiento” por las empresas de distribución de los pagos por los contratos de suministros.
El tema fue planteado por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en una nota dirigida al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
La entidad que nuclea petroleras como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Pampa Energía, Compañía General de Combustibles, Chevron y Exxon Mobil -entre otras- aseguró que la actitud de las distribuidoras resulta “totalmente arbitraria” y fuera de lo estipulado en los contratos con los productores de gas natural.
Después de divulgarse la nota, la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), mediante uno de sus voceros habituales, aseguró que la entidad no va a responder a las afirmaciones de la CEPH, aunque recordó que las asociadas de todo el país están enfrentando una caída de recaudación de hasta 75% desde el inicio de la cuarentena.
“Pese a haber sido intimadas en numerosas oportunidades, las distribuidoras se niegan a cumplir cabalmente con sus obligaciones de pago. Es más, ni siquiera presentan una propuesta de cancelación de las obligaciones de pago que han incumplido bajo los contratos con los productores de gas nucleados en la CEPH”, agregaron las empresas productoras.
Los productores de gas natural aseguraron que esta situación les genera inconvenientes con proveedores, gobiernos provinciales y terceros afectados pero, además, puede afectar la operación y producción de gas natural. “Podría causar problemas concretos de suministro de gas a las distribuidoras”, insistieron.
Ante esta situación, las empresas solicitaron al subsecretario Carbajales y al interventor Bernal que requieran a las distribuidoras el pago en el corto plazo de las deudas pendientes o que el Estado implemente mecanismos de compensación a los productores por esta situación.
El panorama planteado por las productoras de gas desnuda una realidad que afecta también al resto de los servicios públicos.
En el caso del mercado eléctrico, Comercio y Justicia informó esta semana sobre la tensa situación planteada entre generadoras, transportistas y distribuidoras precisamente a partir del atraso en los pagos por parte del último eslabón de la cadena.
De hecho, el tema fue advertido por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) hace ya 15 días.
Los pagos de las distribuidoras a esa empresa cayeron ostensiblemente luego de que se decretó la cuarentena y particularmente desde que el Gobierno nacional exceptuó a miles de usuarios del pago de servicio, al menos para que no les corten el suministro.
Esas deudas luego deberán abonarse en 30 cuotas pero desde octubre próximo.
Sin embargo, el sábado pasado una resolución del Ministerio de Producción sumó más excepciones; por ejemplo, a empresas que demuestren una caída de 50 por ciento respecto a sus ventas. EPEC y el resto de las distribuidoras pretenden que Cammesa les financie en iguales condiciones las eventuales deudas generadas que, ante esta situación, comienzan a aumentar de manera ostensible.
El interés que percibe la compañía por las deudas dificulta hoy cualquier atraso aunque las circunstancias no permiten demasiado margen.
El plan en 30 cuotas y las excepciones de pago dispuestas por el Gobierno también alcanzan las distribuidoras de gas y de agua, según la normativa vigente.
En esa circunstancia, todos los actores de la cadena coinciden en la necesidad de una determinación del Gobierno nacional que permita salvar un inminente quiebre de la cadena de pagos que complique la normal prestación de todos los servicios afectados.
Precio del gas
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) derogó ayer la resolución 72, de febrero de 2019, que establecía la metodología de traslado a tarifas del precio de gas, para recuperar la potestad de analizar y emitir «juicio de razonabilidad» en la compraventa de gas por las distribuidoras.
Así lo dispuso el Enargas mediante la resolución 27/20, por entender que la normativa derogada -adoptada por el exdirectorio del mismo ente- obligaba a aprobar precios del gas contratados por el mecanismo de las subastas sin ningún tipo de revisión en cuanto a su justicia y razonabilidad.
La resolución 72 establecía la “Metodología de Traslado” a tarifas del precio de gas y el “Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas”. Tomaba como referencia el concurso de precios para la provisión de gas natural en condición firme para el abastecimiento de la demanda de usuarios de las distribuidoras, mediante la licitación en el Mercado Electrónico de Gas SA (Megsa).
