Ambiente: Provincia acordó con UIC consensuar aplicación de ley

El ministro López se reunió con la Junta Directiva de la entidad fabril. Convinieron formar una mesa de trabajo para avanzar en la aplicación de los puntos más conflictivos, entre ellos el seguro ambiental. Los industriales manifestaron su preocupación por las dificultades de las pymes para cumplir con aspectos de la ley. El ministro se mostró abierto a cambios en la reglamentación aunque ratificó que avanzará en la puesta en marcha. [privado] El Gobierno provincial acordó con la Unión Industrial de Córdoba (UIC) conformar una mesa de trabajo conjunta para “analizar y en lo posible consensuar” diferentes puntos de la ley de ambiente, entre ellos la puesta en marcha del denominado seguro ambiental. La decisión se acordó ayer en el marco de una reunión entre la Junta Directiva de la entidad y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López. El encuentro, que se concretó en la sede de la UIC, fue el corolario de una serie de contactos previos entre las partes, luego de que la entidad fabril manifestó abiertamente su preocupación por la decisión de la Provincia de avanzar con la exigencia de los seguros. El dato, anticipado por Comercio y Justicia el 12 de mayo pasado , se vincula con la reglamentación del artículo 8 inciso K y del artículo 75 de la ley 10208 de Política Ambiental Provincial, sancionada en junio de 2014. Concretamente, la decisión apuntaba a comenzar a exigir a las empresas cuya actividad “entrañe riesgo para el ambiente” la contratación de un “Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” con el objeto de, ante una eventualidad, atender a las consecuencias que pudieren generarse. “Vamos a comenzar a exigir la contratación del seguro luego de ajustar diferentes criterios respecto a los originales”, había asegurado en aquella oportunidad el ministro López a este medio. En esa circunstancia, los industriales habían manifestado su preocupación por los alcances de la norma en función de las dificultades para contratar un seguro de ese tipo, particularmente para las pymes. Casi un mes y medio después de esa reglamentación, las autoridades de la UIC se reunieron con López y con Sergio Nirich, asesor del ministerio en materia ambiental. En ese marco, las partes acordaron avanzar en una mesa de trabajo que se reuniría ya desde la semana próxima. “La idea es analizar la forma de implementar los puntos más complejos de la ley de manera consensuada”, explicó una fuente industrial. En ese marco y siempre según los empresarios, López defendió los alcances de la norma, que calificó “de punta” respecto a legislaciones comparadas, aunque aseguró “estar abierto” a eventuales cambios en las reglamentaciones de algunos artículos si es que resulta necesario en función del contexto y sin desnaturalizar el sentido de la norma. “Defendió el objetivo de una Córdoba industrial y, en ese marco, dijo que la idea de la mesa es ver cómo implementar los puntos más conflictivos”, completaron las fuentes. Los industriales le plantearon que hubiese sido importante debatir los temas previo a su reglamentación y admitieron, tras hablar con López, que en algunos casos se trata de “cuestiones formales” que no hacen al fondo de la cuestión. En esa línea, la UIC insistió en que no se opone a las responsabilidades que deben asumir las empresas respecto al pasivo ambiental que generen y las consecuencias de situaciones que deriven en daños concretos. No obstante, advirtieron de que los seguros ambientales no operan como tales aún en el país, pese a que la ley de ambiente nacional (Nº 25675) ya los contempla. De hecho, recordaron que sólo hay un grupo reducido de aseguradoras que proveen seguros de caución pero no una póliza como la que se pretende implementar en la reglamentación de la ley local. De hecho, el tema fue planteado por la Unión Industrial Argentina (UIA) a la propia presidenta Cristina Fernández, tres años atrás. Por lo pronto, ya a fines de 2012 y sin la vigencia -aún- de la nueva ley local, la Provincia había intentado avanzar con la aplicación de los seguros aunque, a tres años de aquel objetivo, los resultados están a la vista: prácticamente no hubo contrataciones, a excepción de las estaciones de servicio que, en rigor, tienen otro tipo de pólizas, no precisamente similares a las que estipula la norma provincial. También la Municipalidad de Córdoba apuntó en el mismo sentido y días atrás acordó con la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) un plazo de 180 días para poner en marcha el seguro. La idea de los estacioneros es armar un fideicomiso a escala nacional o bien contratar un seguro colectivo y no individual. Respecto a los rubros involucrados, el más numeroso lo integran las estaciones de servicio. También se incluyen operadores de residuos peligrosos, químicas y determinadas empresas metalúrgicas, entre otras. Por lo demás, la reglamentación de los artículos específicos refieren, entre otros aspectos, a: “a) la obligación de toda persona física o jurídica, pública o privada, de contratar un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva cuando el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de la actividad riesgosa para el ambiente que desempeñe, resulte igual o mayor al mínimo establecido por la Resolución (…); o en su defecto, cuando la autoridad de aplicación considere conveniente su contratación, teniendo en cuenta circunstancias especiales como la vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del establecimiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de los depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental; b) la participación de Asesores de Córdoba S.A. en todas las pólizas de Seguro Ambiental; c) la contratación del Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva como condición previa a la obtención de la Licencia Ambiental; d) el procedimiento de denuncia del siniestro ambiental”. 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