ESCUCHARSegún las estimaciones del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), la situación fiscal negativa en el país profundizará en los próximos meses la puja distributiva entre la Nación y las provincias, reubicando en el centro del debate las reformas impositivas y los cambios en el reparto de la coparticipación. El instituto alertó también respecto a una profundización de la presión tributaria sobre el sector empresario.
En un encuentro realizado ayer y organizado por Fundación Meditarránea, el economista Nadin Argañaráz expuso la evaluación del Ieral sobre la situación fiscal en el país.
En ese marco, resaltó la fuerte caída de las transferencias por coparticipación hacia las provincias, que actualmente se ubicarían en el mínimo legalmente permitido (34% de lo recaudado).
De acuerdo con su análisis, el debate por el reparto de los fondos entre Nación y Provincia involucraría un total de 35.700 millones de pesos anuales y, en el caso Córdoba, resignaría 3.100 millones. Por su parte, los municipios locales estarían cediendo a la Nación 628 millones por año.
Los recursos que están en el centro del debate provienen de tres ámbitos: la coparticipación canalizada hacia el financiamiento de la Seguridad Social (26.000 millones), la cedida porque el Impuesto al Cheque no coparticipa como IVA (5.700 millones) y la compensación por desplazamiento de base de Ganancias por retenciones (4.000 millones).
Tras su exposición, Argañaráz opinó que “son muchos los millones en juego para quedar de un lado u otro”, y estimó que si las tres situaciones se revirtieran, el superávit fiscal de la Nación se reduciría y las provincias podrían recuperar el ahorro perdido.
A nivel nacional, el economista del Ieral evaluó también que “ante la desaceleración de la economía, las armas fiscales casi no existen. No hay fondos anticíclicos y sí fuertes vencimientos de deuda”, y alertó que “se intentará subir la presión tributaria”. Esta última fue una de los principales advertencias realizada a los empresarios presentes, derivada también de la profundización de la lucha distributiva entre Nación y provincias.
Argañaráz indicó que en los «90 la presión tributaria consolidada representaba 20% del PIB, en tanto que en la actualidad estaría en 30,5%. En ese lapso la carga surgida de las provincias se mantuvo en 4,6%, incrementándose la proveniente del Estado nacional.
Señaló además que ese aumento de la presión provino fundamentalmente del Impuesto al Cheque y de las retenciones, “lo cual está indicando además que se concentra en tributos más distorsivos y no coparticipables”.
