ESCUCHARUna interesante investigación fue publicada en una revista de la Universidad Nacional de Córdoba. En ella se indaga sobre los obstáculos y los facilitadores que se presentan, en este tema, para la comunidad LGTBI
Por Luz Saint-Phat – [email protected]
La accesibilidad a los servicios de salud mental con perspectiva de diversidad de género por parte de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) es una temática que, desde no hace mucho tiempo, está abriéndose camino en el campo profesional y continúa planteando desafíos a resolver.
Cuáles son hoy los principales obstáculos o facilitadores para esta comunidad, al momento de demandar atención en servicios de salud mental es la pregunta que guió una publicación de la Revista de Salud Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (ttps://revistas. unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/14424/15588).
El estudio, que fue realizado en 2014 en distintas instituciones de primer y segundo niveles en la ciudad de Alta Gracia (provincia de Córdoba), brinda algunas claves para comprender la coyuntura respecto de este tema, aunque sus resultados no necesariamente pueden extenderse a todo el ámbito provincial o nacional.
La investigación a la que refiere el texto consultado fue realizada por la licenciada en Psicología y magíster en Salud Mental de la UNC Cecilia Carrizo Villalobos. Es un estudio con entrevistas en profundidad, que en su muestra incluyó a profesionales del equipo de salud mental de la Municipalidad de Alta Gracia y del Hospital Regional Arturo Illia, a referentes de organizaciones sociopolíticas de diversidad de género con incumbencia en Alta Gracia y en la ciudad de Córdoba, y a personas que se autodefinen con identidades LGTBI.
Problemáticas
“Las principales conclusiones de este estudio dan cuenta de una mayor cantidad de obstáculos en la accesibilidad psico-socio-cultural a los servicios de salud mental por parte de las personas LGBTI”, dice la publicación.
“Se identificaron como principales factores las características asistenciales y heteronormativas de las políticas públicas de salud, el desconocimiento de las perspectivas de diversidad de género de los equipos de salud mental y el desencuentro/invisibilización entre las organizaciones sociopolíticas de diversidad de género y los servicios de salud mental”, asegura el documento.
Entre otras cuestiones, éste señala que “en primer lugar, se destaca la escasa cantidad de consultas por personas LGBTI a los servicios de salud mental”. Y explica: “Algunos de los motivos de la escasa demanda espontánea al sistema de salud mental podrían derivarse de las características que dirimen la dignidad de la atención por parte de algunos profesionales (…) que también están asociadas a las características de las políticas públicas”.
Agrega que “otra de las dificultades tiene que ver con la manera de nombrar a las personas trans, en algunas situaciones se las identifica como biológicamente nacieron y no como se autodefine cada una de ellas, atendiendo al respeto, la dignidad y la identidad de género”.
Explica Carrizo Villalobos: “Otro de los obstáculos que se contraponen a las nuevas reglamentaciones de salud mental es el detrimento de la calidad de la atención y la consecuente autoexclusión por los posibles usuarios, en relación con el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su salud/enfermedad. Los usuarios no se sienten conformes con la forma en que los profesionales manejan la intimidad de los tratamientos provocando una doble estigmatización en estas personas”.
En tanto, más obstáculos se presentan al considerar distintos factores, como la recurrencia de situaciones de discriminación de las personas LGBTI en entornos primarios y secundarios (como familia, escuelas, entrevistas laborales, salas de esperas de centros de salud); las teorías predominantes de abordaje profesional que corresponden a las primeras perspectivas feministas y binarias; la existencia de dispositivos de atención predominantemente asistenciales con escasas actividades de promoción de salud mental con perspectiva de género; y el desconocimiento profesional en los servicios de salud mental para personas LGBTI que decidan realizarse operaciones de reasignación sexual.
“Por otro lado, entre los facilitadores se observó en la totalidad de los profesionales la expresión de conformidad con las leyes de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género”, dice el documento.
“Ante esta situación, se considera necesario un proceso de transformación desde la (de)formación académica de los profesionales hasta administrativos de las mesas de entradas, la incorporación concreta de lo que proponen las leyes de salud mental a nivel nacional y provincial, el giro hacia la promoción de la salud mental, abordajes por fuera de las instituciones que consideren a las personas con capacidad para decidir, de participar y de ejercer los derechos de salud; en esto se hace necesario incorporar a las personas que estén o no organizadas en algún colectivo socio-político”, concluye el artículo.
