Propuestas de los candidatos Massa y Milei sobre jubilaciones y pensiones 

Por Aníbal Paz (*)

Con vistas al balotaje, se examinan las ideas respecto al sistema previsional de los candidatos que pasaron el corte. ¿Cuáles son éstas y los desafíos clave en la materia?

En los debates presidenciales previos a las elecciones generales, la pregunta sobre las propuestas para jubilados y pensionados en Argentina ha sido relegada, mereciendo tan sólo algunas referencias tangenciales. Sin embargo, el tema es tan relevante que afecta a 5,7 millones de beneficiarios del régimen nacional. Por ello, la postura de los aún candidatos Massa y Milei despierta interés y expectativa. Concretamente, en ambos debates se abordaron únicamente los siguientes ejes temáticos: economía; educación; derechos humanos y convivencia democrática; seguridad; trabajo y producción, y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Debido a la rígida estructura de los debates, acordada por todos los candidatos, quedó mínimo margen para desviarse en el tratamiento o análisis de temas no incluidos expresamente, como -por ejemplo- salud, justicia, corrupción, obra pública, relaciones internacionales, y, por supuesto, jubilaciones y seguridad social. 

Por un lado, Massa promete cuidar a los jubilados en medio de la inestabilidad económica, sin propuestas concretas en su plataforma electoral. Sin embargo, su tiempo como ministro de Economía se caracterizó por medidas como aumentos en jubilaciones, por medio de refuerzos previsionales para jubilaciones mínimas -ya que la fórmula de movilidad aprobada en 2021 se ha mostrado totalmente deficiente en relación con la inflación-, devoluciones de IVA y un bono de PAMI. Estas medidas, bien recibidas entre los jubilados de menores recursos, evidencia el descuido del resto de los jubilados, es decir, de aquellos con ingresos apenas más dignos, obtenidos luego de numerosos años de aportes, lo que ha contribuido decisivamente en la caída de su poder adquisitivo. Además, su gobierno ha promovido una nueva moratoria previsional, el llamado Plan de Pago de Deuda Ley Nº 27705.

La viabilidad de estas políticas, considerando los compromisos asumidos para con el FMI, genera interrogantes. El FMI busca que el Gobierno controle el gasto, actualizando tarifas de energía y limitando salarios públicos y jubilaciones. Además, uno de los declarados objetivos del programa es limitar las transferencias a las provincias de fondos destinados, precisamente, al sostenimiento de los regímenes previsionales provinciales de aquellas jurisdicciones que conservan su régimen propio (verbigracia, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires). Precisamente, durante el debate el por entonces candidato Juan Schiaretti remarcó que en su momento varias provincias tuvieron que acudir a la Corte Suprema de Justicia para obtener dichos fondos -en referencia a Córdoba, San Luis y Santa Fe- y que actualmente se vio forzado a demandar nuevamente a la Nación por el envío y la actualización de los mencionados fondos. Así, existe una evidente y palpable contradicción entre la plataforma de Massa y el acuerdo con el FMI. Achicar el Estado por medio de las jubilaciones mientras se mantiene su poder adquisitivo resulta incompatible. 

Nótese, además, que el programa con el FMI exige una revisión de los regímenes especiales de jubilaciones. A tal fin, en su momento el Gobierno presentó ante el organismo multilateral un informe diagnóstico elaborado por la UBA. 

Por último, el programa con el FMI requiere ajustar la mira de la asistencia social; por ejemplo, mediante las moratorias, procurando que éstas lleguen exclusivamente a aquellos que se encuentran verdaderamente necesitados. Si bien aún se encuentra pendiente de reglamentación, el análisis socioeconómico que se estableció para poner límite al acceso a las moratorias previsionales, se ha elevado recientemente de tal manera que aquella pretensión se podría volver vacía de contenido. En efecto, recordemos que oportunamente el análisis socioeconómico fue establecido con base en las diferentes pautas de ingresos y patrimonio en el mínimo no imponible (MNI) para el pago del impuesto a las Ganancias. Pero la reciente reforma del referido impuesto ha elevado el MNI al equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Si este parámetro se trasladara al análisis socioeconómico, no sólo no se focalizará la ayuda social en los más necesitados, como pide el FMI, sino que se ampliaría de tal manera la moratoria que una enorme cantidad de personas podrían acceder a ella sin ser necesariamente los más vulnerables. Recordemos que el parámetro de referencia para el análisis socioeconómico, es decir el MNI, fue a lo largo de este 2023 de $404.062, $ 506.230 y $700.875 y, de acuerdo con la reciente reforma tributaria, debería pasar a $1.980.000 en octubre, a $2.190.000 en noviembre, y a $2.340.000 conforme a la evolución del SMVM. Nuevamente observamos gran distancia entre los compromisos asumidos y la perspectiva real. Las preguntas subyacentes son: ¿hasta qué punto conspiraría esta ampliación del acceso a la moratoria en contra de los acuerdos ya señalados?; ¿en qué medida se exigirá el cumplimiento de esos compromisos? y, por último, en caso de ser tolerado el incumplimiento de la meta fiscal en este punto ¿el ajuste deberá verse en otro sector? ¿En cuál?

Por su parte, Milei propone una drástica reducción del gasto público, con reformas en el sistema de seguridad social. Busca recortar gastos en jubilaciones y pensiones, promoviendo un sistema de capitalización privado y retiros voluntarios y anticipados de empleados públicos. Aboga por el retorno de las AFJP, un sistema que ha dejado un pésimo recuerdo en nuestro país, debido a su también pésima implementación. Se busca, claramente, lograr superávit fiscal mediante reformas del sistema previsional. Destaca la necesidad de reconsiderar la edad jubilatoria y abordar la informalidad laboral, sin mayores detalles de cómo implementaría tales medidas. 

En su momento este candidato de manera pública se ha manifestado en contra del Conicet, lo que ha encendido las alarmas de un vasto sector y, en lo que aquí importa, en los beneficiarios del Régimen Especial de Jubilaciones de Investigadores y Científicos (dec. 160/05 y ley 22929), ya que un ataque al mencionado organismo se ha interpretado como un tiro por elevación a este régimen, en el que se encuentran incluidos los científicos e investigadores no sólo del Conicet sino también de INTA, INTI, CNEA, CONAE, universidades nacionales y un largo etcétera. Por extensión, el resto de los beneficiarios de regímenes especiales ven allí un peligro -real o imaginario- de que sus derechos están en juego. Del mismo modo, otros regímenes de excepción, como los diferenciales, correspondientes a tareas penosas riesgosas e insalubres, podrían ser objeto de medidas restrictivas. 

Este espacio, además, propone la reducción de cargas patronales y un amplio programa de retiros anticipados y voluntarios en el Estado, tendientes a su achicamiento. En materia de seguridad social todo ello implica ciertamente un desfinanciamiento del sistema sin que se haya explicado adecuadamente cómo se compensarían los menores ingresos en conceptos de aportes y contribuciones que se derivarían de aquellas medidas. 

A modo de conclusión se puede afirmar, sin temor a equívoco, que el sistema previsional en Argentina enfrenta desafíos claves, como la informalidad laboral y la evasión fiscal. Asimismo, el envejecimiento poblacional y la pirámide demográfica argentina -en línea con lo que sucede en el resto de los países del mundo occidental- empuja a cambios, toda vez que nos acercamos aceleradamente al fin del bono demográfico, lo que tendrá decisivo impacto en las cuentas fiscales de las proximas decadas. 

Éstos y otros problemas deben resolverse previamente o de manera conjunta con reformas del sistema previsional. No podemos seguir cayendo en el reiterado error de emparchar problemas para que revienten los parches al poco tiempo, sin propiciar soluciones de fondo. La inseguridad jurídica es uno de los grandes problemas del sistema, que -además- trae aparejada galopante litigiosidad y, con ella, más deuda previsional para que la pague “el que sigue”.

Como punto de partida, sería ineludible una discusión sana, constructiva, desideologizada, transversal y profesional de las modificaciones que requiere nuestro sistema de seguridad social para ser sostenible por las próximas décadas sin ser un lastre para el crecimiento del país. Esas discusiones deben concluir necesariamente con una política de Estado de largo plazo, que elimine las discrecionalidades de los gobiernos que toquen en suerte en el futuro. Así, la tendencia a elevar la edad jubilatoria busca hacerlo de manera voluntaria y con un mínimo de aportes, permitiendo a las personas seguir trabajando, si así lo desean. Una posibilidad, de dificultoso consenso en nuestro medio, sería complementar esa prestación básica de reparto con alguna prestación de carácter individual y voluntaria. El derecho pensionario también se encuentra bajo fuertes cuestionamientos, sobre todo en los casos en que la persona beneficiaria cuente con otros ingresos (tal como se ha visto en la última reforma previsional cordobesa, con la creación del Aporte Solidario del art. 58 de la ley 8024 to s/dec. 407/20, en última instancia convalidado por el TSJ). La revisión de los regímenes diferenciales y especiales debe ir de la mano de acuerdos colectivos con sectores sindicales y en línea con las reformas laborales que se requieran, considerando sector por sector; sobre todo, para reflejar los impactos de las nuevas tecnologías y los cambios socioculturales. El sentido de esa revisión debe ser únicamente para eliminar inconsistencias, para hacerlos más eficientes y nunca deberá conducir a la pérdida de derechos. Debería, por último, buscarse una fórmula de movilidad jubilatoria que permita en una primera etapa recuperar el poder adquisitivo de los jubilados, para luego sostenerlo en el tiempo y, una vez logrados esos objetivos, aislar la fórmula de toda discusión política coyuntural. 

Como se advierte, la temática es tan compleja que ha sido eludida en los debates de manera deliberada. De esta manera los candidatos sobrevivientes han evitado evidenciar su desconocimiento y falta de ideas concretas en la materia. La sociedad toda se debe este debate y deberemos exigir a nuestros finalistas que aborden el tema en el tercer debate presidencial, para que todos podamos conocer, de primera mano, los detalles de sus pensamientos y propuestas sobre un tema caro a los sentimientos del pueblo argentino.

(*) Abogado