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El ataque a la industria nacional en la génesis de lo que nos pasa

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La promesa democrática no se cumplió y, por el contrario, las cuatro últimas décadas registran un crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Su origen está en la destrucción del aparato productivo. El caso del crédito para vivienda

Se cumplen por estos días los míticos 40 años de democracia y la sensación que se palpa por doquier en Argentina es que la promesa democrática falló, fracasó. Aquello de que la democracia era un camino para curar enfermedades, para encontrar los modos de producción y consumo que permitieran a las millones de familias argentinas acceder a los bienes básicos… Que la democracia era el marco cultural en el que podríamos educar a las nuevas generaciones; educarlas en sus valores, en la práctica de la paz, en la cultura del trabajo, el estudio y el perfeccionamiento… Esa promesa se quedó en eso, en apenas una promesa vacía para muchas de esas familias argentinas. 

Si algo han dejado los debates preelectorales y los números mismos de la elección presidencial, es que hay millones de compatriotas con más preguntas que respuestas, con más necesidades insatisfechas que las que se cuentan entre las plataformas de los partidos políticos. 

Sin embargo, se genera riqueza en este país. No sólo porque tenemos recursos naturales de excepción sino porque nuestro pueblo trabaja y mucho. Nuestra economía es la 21ª o 22ª, según el año, más grande del mundo. En 1983 nuestro PIB per cápita estaba en 3.900 dólares y hoy está en 12.400 dólares (llegamos a tener más de 14 mil en 2014). Somos los primeros productores mundiales no sólo de granos sino también de productos industriales o tecnológicos y el país integra los selectos clubes globales de territorios donde se fabrican no sólo autos o camiones sino también satélites o reactores nucleares. Siempre es bueno recordarlo, porque hay mucha antipatria en el discurso cotidiano. 

Pero claro: esa riqueza no les llega a todos. Muy por el contrario, queda en pocas manos y, para peor, ni siquiera queda en el país. La balanza de pagos, que refleja el flujo de capital entre el país y el extranjero, ha dado históricamente saldo negativo en nuestro país y esto es una característica muy argentina, en relación con cualquier otro país: gran parte de la riqueza que generamos se va afuera cada año, de modo que cada año la economía se desangra y volvemos a cero. 

Pobreza creciente en un país rico

Argentina es uno de los pocos países del mundo que muestra un «crecimiento secular» de la pobreza, es decir, sistémico y tendencialmente constante durante casi 50 años. Si en 1974 el porcentaje de la población que recibía menos de 60 dólares mensuales per cápita era de tres por ciento de la población, hoy esa cifra supera 40 por ciento, resultado de un alza casi consuetudinaria. 

A diferencia de muchos países en los que un fenómeno parecido (aunque reducido a algunos años) ha estado vinculado directamente con terremotos, desastres climáticos de envergadura, conflictos bélicos externos o internos o depresión generalizada y duradera de la economía, en Argentina el aumento de la pobreza está históricamente relacionado con el disparo de la tasa de inflación y los sucesivos programas estatales que buscaron combatir las subas de precios, los planes «de estabilización». Es decir, durante muchos períodos hemos tenido, paradójicamente, crecimiento económico acompañado de aumento de la pobreza y no su contrario, lo cual sería lógico. 

A su vez, el comportamiento de los precios ha estado históricamente condicionado al movimiento de la tasa de cambio, es decir, al valor de nuestra moneda soberana respecto de otras monedas, en especial de la dominante en el comercio global durante el mismo período, el dólar estadounidense. Como la Argentina sufre históricamente «sed de dólares» debido a que la riqueza que se genera es fugada por quienes se apropian de esos capitales, se retroalimenta el círculo vicioso.

En realidad, en Argentina la inflación ha sido un problema crónico desde hace décadas. Llegó a 20.262 por ciento en el año 1989, extremo que causó la salida anticipada de un gobierno democrático y en estos momentos (102,5% anual a febrero) nos encontramos viviendo la tasa inflacionaria más alta registrada desde 1991, último escenario hiperinflacionario registrado en el país. Fuera de la coyuntura actual, de todos modos el promedio anterior y general en torno de los últimos 40 años se ubica cerca de 35% de inflación anual. Una tasa que en esas cuatro décadas nos ha estado ubicando siempre en el top ten de los países con mayor inflación en todo el mundo, compartiendo siempre ese dudoso honor con países que se encuentran en conflicto bélico externo o interno.

Sin embargo, hay algo más que sucede en la estructura socio-económica y que ha tenido y tiene un impacto decisivo en el crecimiento de la pobreza. Es lo que sucedió con el tejido productivo nacional.

Industria nacional, destino marginal

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha una de las reestructuraciones económico-sociales más significativas y dramáticas de la historia argentina, cuyas repercusiones se mantienen, en muchos casos, hasta el presente. La dictadura militar derivó en el tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera del capital o, en otros términos, en el desplazamiento del régimen de sustitución de importaciones, que había estado vigente desde aproximadamente la década de 1930, por el «modelo financiero y de ajuste estructural» que perduraría hasta 2002, proyecto que fue retomado en 2015 y que, en algunos aspectos, sigue vigente aunque busca ser «perfeccionado» en las elecciones de 2023.

El proyecto refundacional de la dictadura militar que vino a concretar esta transformación radical de la economía y la sociedad argentinas, la «restauración ortodoxa» de la que habla Aldo Ferrer, fue impuesta mediante el disciplinamiento represivo de los sectores populares. Su expresión más acabada son los 30.000 desaparecidos, la proliferación de campos de concentración, la complicidad empresarial en la represión en los lugares de trabajo (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma, Mercedes-Benz son casos mencionados en los archivos de los organismos de derechos humanos), la intervención de los sindicatos, el cercenamiento de conquistas laborales de larga data y la participación de importantes funcionarios de muchas de las empresas de mayor envergadura del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal (como el propio ministro de Economía, entre muchos otros cuadros orgánicos). Esquema que se repetiría con variantes, posteriormente.

La reestructuración económica puesta en marcha en esos años, que buscó ser profundizada luego, tuvo un indudable impacto sobre los sectores productivos que sostenían el funcionamiento de la sustitución de importaciones. 

Se armó un esquema para destruir a la industria nacional: reforma financiera, arancelaria, endeudamiento externo y apertura comercial. 

El modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores el comportamiento de la economía argentina fue atacado desde sus cimientos. 

Desde allí y hasta el inicio del siglo XXI (y luego en algunos años reforzado), no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico sino la especulación financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado. 

Por supuesto, sabemos que la industria nacional siempre existe, porque brota naturalmente del funcionamiento económico local y regional, pero tiene desde entonces un destino marginal. He allí una de las claves de lo que nos pasó en estos 40 años de democracia, que dejaron hoy a grandes masas de la población con proyectos frustrados, con promesas incumplidas de movilidad social ascendente.

El crédito para la vivienda, cuando existía

Sí. Argentina tuvo alguna vez crédito hipotecario para vivienda popular. Fue hace casi 80 años y se inició con el primer gobierno de Juan Domingo Perón. No era sólo un instrumento de política social sino también económica: al utilizar el Banco Hipotecario Nacional redescuentos del Banco Central como instrumento para facilitar liquidez, lograba expansión monetaria que impactaba directamente en el mercado interno, ya que se orientaba a bienes no transables, es decir, quedaba en bienes clavados en la tierra y no exportables. 

Una parte importante del sistema financiero se movía a ese ritmo y hacia los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el Banco Hipotecario Nacional era el tercer banco más grande del país y manejaba uno de cada seis préstamos de todo el sistema. 

Sin embargo, su gestión era escandalosamente ineficiente: los préstamos eran para los amigos del Gobierno, por cifras millonarias y, además, no se devolvían. En 1987, dos de cada tres créditos estaban en mora. La “venganza histórica” de los radicales por los históricos préstamos baratos de los planes Eva Perón al «populacho» fueron una vergüenza histórica y quebraron el banco. 

La dolarización práctica de la economía nacional durante la última década del siglo XX, al estabilizar la inflación y las tasas, sí alentó el crédito hipotecario privado, que recuperó plazos de devolución en 20 años y el crédito hipotecario llegó a expresar casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. De hecho, los bancos más orientados a los créditos para vivienda fueron los últimos en caer, en la crisis de 2001 y 2002. 

Por supuesto, la crisis barrió con el crédito para vivienda y habrá que esperar al período 2005/07 para llegar a ver su renacer. Duró poco nuevamente: se lo llevó puesto la crisis internacional de 2008. 

Habrá que esperar al año 2014, cuando en su segundo mandato, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), que fue masivo y llegó a expresar medio punto del PIB. Sin embargo, la devaluación del peso en aquel año desfinanció a la Anses, que respaldaba el programa, por lo cual el gobierno de Mauricio Macri inventó los créditos UVA, que duplicaron el otorgamiento de créditos de los bancos privados a las familias pero que con el disparo inflacionario de los dos últimos años de aquella gestión, se convirtieron en un grave problema social, hasta hoy sin solución definitiva. Al día de hoy, podemos decir que no existe el crédito hipotecario en Argentina y ésa es casi una frase históricamente vigente para las últimas cuatro décadas.

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