Una tesis identificó situaciones de desprotección de derechos de peritos en tribunales de Córdoba

El análisis de un estudio doctoral hizo foco en profesionales en Ciencias Económicas. Abordó el rechazo del anticipo de gastos, el no reintegro de gastos efectuados, las regulaciones inferiores al tope y la denegación de acceso a la justicia

Las conclusiones de una tesis del doctorado en Administración y Política Pública, realizada en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (Iifap) de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC), muestran una serie de situaciones que atraviesan los peritos en la Justicia cordobesa.

Con el título La (des)protección de derechos de los peritos en Ciencias Económicas. Análisis de los decretos de los Tribunales Laborales de la Ciudad de Córdoba en el periodo 2015-2019”, la autora, la contadora Beatriz Perea Cecchetto, apuntó a cuatro situaciones relativas a los peritos: denegación del anticipo de gastos, no reintegro de gastos efectuados, regulaciones inferiores al tope y denegación de acceso a la justicia.

Perea realizó una encuesta que permitió conocer las experiencias de los peritos y acceder a los expedientes en los que los aquéllos consideraban que se habían vulnerado sus derechos.

“La investigación realizada es de carácter cualitativa, en ella se relevaron los expedientes en el fuero laboral capitalino y se reconstruyeron a partir de la mirada propuesta en el marco teórico y contrastados con la legislación vigente”, detalló la contadora, también doctora en Administración y Política Pública y directora del Área Actuación Judicial y Resolución de Conflictos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce). Algunas de las conclusiones de la tesis de quien, además, es perita contadora integrante de la nómina de la Justicia cordobesa:

Denegación del anticipo de gastos: “La legislación vigente analiza el anticipo de gastos como emolumento independiente del honorario. Los decretos analizados exteriorizan un criterio que impone una violencia en su interpretación de la legislación, forzándola. Por otro lado, se analiza que existen dispositivos legales que permiten que el perito solicite el anticipo utilizando el fondo especial dispuesto en la legislación. Este último procedimiento no es usado, convirtiéndose en norma no escrita”, advirtió. No reintegro de gastos: “Los gastos son un estipendio separado de los honorarios, tal como está previsto en la normativa específica, ley 7626, y no reintegrarlos afecta el derecho de propiedad consagrado en el Art. 17 de la Constitución Nacional”. Regulaciones inferiores al tope: “En los casos estudiados se observa que el fuero laboral de la ciudad de Córdoba regula honorarios debajo del tope mínimo estipulado por la ley 9459, con una argumentación que no se aplica al caso ya que utiliza normativa para los incidentes de regulación cuando se trata de regulaciones de honorarios en un juicio ordinario”. Denegación de acceso a la justicia: “Considerando que los recursos procesales están contemplados por la legislación y pueden ser articulados por los participantes en el juicio, sin excluir a los peritos, y que la defensa en juicio es un derecho de raigambre constitucional, se observa en los casos analizados una grave afectación de los derechos jurídicos, ya que no permiten al perito interponer recursos cuando se ven afectados sus derechos, vulnerando su acceso a la justicia”.

“Prácticas arbitrarias”

Según precisó Perea Cecchetto, el estudio ha encontrado resoluciones tribunalicias con interpretaciones que distan de lo establecido en la normativa, “conformando prácticas arbitrarias que actúan en desmedro del derecho”.

Explicó: “Estudiamos con Bourdieu el campo jurídico desde el punto de vista sociológico, lo que permitió comprender la dinámica de funcionamiento interna de sus elementos, actores y posiciones. Se comprendió este espacio desde su carácter autopoiético, esto es, cómo el campo jurídico se construye a través de elementos que él ha producido, y reproduce autorreferencialmente. Se intenta comprender desde la semiótica del derecho cómo opera la dinámica del campo jurídico para actores no especializados en derecho al desempeñar su labor dentro de ese campo”.

Según la autora de la tesis, la mayoría de estos conflictos no llega a judicializarse porque los peritos no identifican a la administración de justicia como receptora de sus reclamos.

Finalmente, concluyó que “el funcionamiento del ámbito judicial como un sistema de fuerzas autopoiético, altamente especializado, constituido mediante un lenguaje críptico, se hace evidente en la experiencia de los peritos en el interior de un sistema especializado del cual no forman parte. Para las estadísticas judiciales sólo se tienen en cuenta los casos que llegan al sistema de justicia. Pero al considerar que la mayoría de los peritos no actúa, o no tiene la facultad de agenciar esos mecanismos para protegerse, se invisibiliza la vulneración que experimentan y muestran una necesidad jurídica insatisfecha que hoy no es abordada”.