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La federación que los nuclea en la provincia pide mejores condiciones laborales para los próximos cuatro años y acciones concretas para frenar la creciente “monotributización” en Córdoba, entre los seis ejes en que se enfocan
El nuevo gobierno de la Provincia tendrá que atender varios frentes dentro de los próximos cuatro años; uno de ellos es todo lo relativo a materia de políticas laborales en el territorio provincial.
El sector profesional, que tiene más de 300 mil personas con estudios superiores completos en toda la provincia, aguarda con expectativa mejores condiciones laborales, un espacio formal de participación en el trazado de políticas públicas, así como la exigibilidad de matrículas en el recurso profesional del Estado provincial.
No se agotan allí los requerimientos. También los colegios y consejos profesionales apuntan a medidas concretas de actualización permanente de honorarios, incentivos para el sector y la creación de nuevos colegios.
Todos las demandas esperan encontrar eco y avances después de las elecciones del domingo.
Los relevamientos del Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), que nuclea 31 entidades, alertan sobre las situaciones de incertidumbre y de creciente precariedad laboral que atraviesan profesionales encuadrados en una relación laboral no genuina, “los monotributistas con una relación de dependencia encubierta».
Los permanentes estudios y encuestas relevadas en el sector develan que esta situación crece sistemáticamente año a año y muestra como consecuencia la pauperización de los ingresos.
En este sentido, afirman: “Los ingresos promedio de las y los profesionales con esta modalidad de contratación es un 23% inferior a la de quienes están asalariados con una relación de dependencia. Aún cuando las cargas sociales no están a cargo de sus empleadores”.
También advierten de que, cuando se habla de pauperización de los ingresos, apuntan a profesionales que trabajan con becas o programas de gobierno, “cuyos ingresos son un 49% inferiores a los de quienes están asalariados”.
La nueva conducción provincial recibe como demanda acciones concretas para frenar la creciente “monotributización” de profesionales en el sector público, trabajadores que carecen de aguinaldos, licencias por maternidad, etcétera.
Además, los profesionales esperan que los programas de inserción laboral del Gobierno contemplen que los graduados sean contratados luego bajo condiciones de trabajo digno, con garantías de convenio colectivo y no como monotributistas.
Otro desafío que recibe el nuevo gobierno es el de instaurar una política de exigibilidad de matrículas en los trabajadores profesionales que tiene el Estado provincial.
Para Fepuc, el Estado debe exigir en todas sus instituciones y reparticiones la matrícula profesional habilitante vigente de sus agentes. También, en toda contratación de obra o servicio que realice la Administración pública, así como los poderes Legislativo y Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- la Administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias, entidades autárquicas, banco, empresas, sociedades del Estado, entre otras.
“El Estado es el primer obligado al cumplimiento de las normas que están vigentes en cuanto a la exigencia de la matrícula y como resguardo a la sociedad”, sostuvo Nora Vilches, presidente de Fepuc, a Comercio y Justicia.
Asimismo, la dirigente destacó el valor que aportan los profesionales a Córdoba: “El recurso humano profesional es un capital cuya formación no acaba nunca, es el motor y eje del desarrollo de la provincia y la sociedad, desde todas las disciplinas, sociales, de educación, de salud, construcción, producción. Ese aporte debe tener un debido reconocimiento que se deben traducir en medidas económicas, financieras, tributarias, legislativas, que faciliten la inserción de profesionales y la prestación profesional”.
Honorarios
Finalmente, como lo han hecho con cada gobierno, los profesionales dejaron en claro la necesidad “básica e histórica” de recuperar el mecanismo regulatorio que permita la actualización constante de los honorarios profesionales que tienen carácter alimentario.
Cabe recordar que en Córdoba los honorarios quedaron desregulados por el art 109 de la ley 8836 (denominada «Ley Bodega»), que quitó la exigibilidad de los honorarios mínimos éticos que fijan los colegios, atribución que les fue delegada por ley a éstos.
“La línea histórica de 20 años nos presenta un mercado laboral fuertemente desregulado para las y los profesionales, tanto para los trabajadores asalariados como para los independiente, con mayor perjuicio para estos últimos; en el cual sus remuneraciones quedan determinadas por el libre convenio entre las partes, en gran medida liberadas al mercado de la oferta y la demanda”, sostiene el último estudio del Observatorio de Fepuc.
