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La semana pasada después de 14 años finalizó el juicio que se le seguía a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti. Como conclusión del mismo, el Tribunal Oral Federal Nº 6, decidió condenar a la pena de tres años de prisión de «ejecución condicional» a la ex funcionaria, imponiéndole a su vez la obligación de restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública.
Pese a que el caso en su momento tuvo gran repercusión, la declaración de culpabilidad de la ex funcionaria nacional pasó casi desapercibida para la opinión pública. Las causas de ello entendemos se deben por un lado a que no son pocos los problemas que nos aquejan y absorben gran parte de nuestras fuerzas y, por el otro, porque -como sabemos- el transcurso del tiempo es una de las fuentes de olvido más importantes que tenemos los seres humanos.
Justamente sobre esto último nos comentaba un colega, docente universitario, quien -el día siguiente de que se dictó el veredicto- debía desarrollar en su clase el tema de la corrupción. Nos contaba que le llamó la atención que prácticamente ninguno de sus alumnos conocía algo del tema. Es cierto -nos dijo- que, con esto de las clases a distancia, la participación y asistencia real de los alumnos es muy baja, lo que impide obtener datos más certeros. No obstante, en los pocos que se mostraban activos, tal era la situación observable.
Dicho docente nos comentaba, también, lo dicho en su clase y sobre lo que hemos escrito aquí más de una vez: la impunidad o la demora de la justicia en resolver los casos es una de las causas que fomentan la corrupción. El no sancionar en un tiempo prudencial dichos actos opera como una fuente de deslegitimación de las instituciones, extremo que acarrea no pocas consecuencias negativas adicionales.
La corrupción tiene efectos perniciosos para toda la sociedad, más directos o menos directos. A los únicos que beneficia es a quienes toman parte de tales actos corruptos, si no existe un sistema que los condene de modo eficaz.
Nos decía nuestro interlocutor que el jurista argentino Jorge Malem, en uno de sus trabajos sobre el tema, afirmaba que sus efectos nocivos son tanto económicos, como políticos y sociales. En lo económico, porque afecta el desarrollo del país, atentando contra la calidad de las inversiones y produciendo una disminución en la producción, generando sobreprecios e inflación, entre otros aspectos. En lo político, socava los principios democráticos de mayoría, trasparencia y publicidad de los actos de gobierno. En cuanto a lo social, genera una sensación en los ciudadanos de que todo “todo vale”, lo que impulsa a muchos a participar de las prácticas irregulares o ilegítimas, vistas como un mecanismo incorrecto desde lo legal y moral pero sí “de facto” adecuado para mejorar la posición socio-económica.
Se trata, por tanto, de uno de los peores vicios públicos, fácil de desarrollarse y dificultoso de erradicar. Por lo mismo, debe tener una consideración, visualización y condena mucho más activa, de la sociedad en general y de los poderes públicos en particular, para quienes trae aparejado el deber de tomar medidas efectivas para combatirla.
Lo hemos dicho aquí, en reiteradas oportunidades: la corrupción es el principal enemigo de nuestra democracia. No por nada, en la Constitución Nacional los actos de tal tipo se hallan equiparados al delito de Traición a la Patria. También hemos dicho, y lo seguimos sosteniendo, que o la democracia pone un punto final a la corrupción, o se corre el riesgo de que resulte exactamente a la inversa.
En ese orden de ideas, como dice Malem, se pueden tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para hacerlo. Al respecto señala que, de manera inmediata, se deberían castigar de manera eficaz y en un tiempo razonable las prácticas corruptas. La necesidad de transparentar los actos de la Administración pública, desburocratizar y agilizar los trámites, y modernizar los sistemas de enjuiciamiento, se presentan como medidas a mediano plazo. Finalmente, sostiene que la educación se presenta como el camino más eficaz a largo plazo, para modificar esas conductas.
Si bien son varios campos los implicados, las medidas en sí no son para nada complicadas. Lo primero y principal que se requiere es la decisión de implementarlas. Ojalá que de una buena vez iniciemos una senda sustentable en el tiempo al respecto. La calidad de nuestra República y de nuestra Democracia, nada menos, es lo que se halla en juego.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
