Sobreseyeron a concejales imputados por intentar cobrar irregularmente el IFE

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta desvinculó de la causa a los ocho ediles investigados por tentativa de defraudación a la Administración pública. Tramitaron el beneficio a sabiendas de que no les correspondía percibirlo

“El Estado no se siente afectado, lo cual abona la idea de la incapacidad de este supuesto engaño; al menos, para producir el error que genera el perjuicio patrimonial que requiere la estafa”.

Bajo esa premisa, en el marco de actuaciones iniciadas por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobreseyó a ocho concejales, quienes eran investigados por tentativa de defraudación a la Administración pública.

La decisión de los vocales Santiago French, Ernesto Solá y Luis Baldi Cabanillas será recurrida por el titular del Área No Penal de la Unidad Fiscal Federal Salta, Ricardo Toranzos, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La pesquisa comenzó cuando se constató que los encausados ingresaron datos en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la intención de percibir el IFE, pese a que sabían que el beneficio no les correspondía.

Esas acciones tenían carácter de declaración jurada, tal como lo señala el decreto 310 del Poder Ejecutivo Nacional, que implementó ese ingreso de emergencia en el contexto de la grave crisis económica -producto de la cuarentena por el coronavirus- que afectaba, en especial, a las personas desocupadas y a las que desempeñan trabajo informal.

A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) calificó el accionar de los funcionarios dentro de una conducta penal típica porque estaban al tanto de que no podían cobrar el beneficio, no sólo por el tenor de la manda que lo implementó sino también porque hubo “amplia difusión” d los requisitos para acceder al IFE.

El agente agregó que los imputados estaban sujetos al Código de Ética de la Función Pública, que los obliga expresamente a custodiar los bienes del Estado y a promover la transparencia.

Paralelamente destacó que, más allá de las obligaciones éticas, la reglamentación y la difusión en torno al IFE, al ingresar los datos en la página web se podía advertir a quiénes estaba dirigido.

En la audiencia de formalización del caso, el titular del Juzgado Federal de Garantías Número 1 de Salta, Julio Bavio, dispuso el sobreseimiento de los imputados, lo que motivó la revisión de la decisión por parte de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

En esa oportunidad, los jueces Augusto Castellanos, Guillermo Elías y Mariana Catalano revocaron los sobreseimientos.

Los defensores oficiales Martín Fleming y Clarisa Galán impugnaron la medida y solicitaron el doble conforme, en el que intervino la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.

Al exponer sus agravios, Fleming señaló que la decisión de la Sala II fue arbitraria porque vulneró el principio acusatorio, al apartarse de la plataforma fáctica establecida en la audiencia de formalización.

Cuestionó también a la jueza Catalano “por haber diseñado una hipótesis acusatoria distinta”, y a sus colegas por calificar como “prematura” la decisión del a quo.

Asimismo, apuntó a lo que definió como una “confusión de roles” y afirmó que “hay una distorsión” respecto a cómo están funcionando las audiencias de formalización.

Indicó que, luego de la presentación del caso por la fiscalía, “los jueces ven el mazo que tiene el fiscal y qué partida puede hacer”, y que deciden en función de eso.

“Esa dinámica se da porque son poco prolijas las audiencias en cuanto a detectar puntualmente cuál es el hecho que se le imputa y si eso encuadra o no en una norma jurídica”, arguyó el abogado.

La defensora Galán reforzó los argumentos de su colega dirigidos a desacreditar el voto de la jueza Catalano.

El fiscal Toranzos rebatió los argumentos de la defensa. En función de la reglamentación vigente para acceder al IFE, insistió en la plataforma fáctica presentada y resaltó la inconducta de los ediles, quienes reconocieron haber ingresado sus datos a sabiendas de que no podían acceder al beneficio.

Desinterés

Los magistrados French, Solá y Baldi Cabanillas revocaron lo resuelto por sus colegas de la Sala II y sobreseyeron a los ocho concejales.

Para fallar en ese sentido, destacaron el desinterés de la Anses en denunciar lo ocurrido y constituirse como querellante en el proceso, como también la falla en los mecanismos de control.

“El caso no se trata de una cuestión de estándar probatorio, pues aquí lo que se discute son premisas jurídicas. La decisión del juez Bavio no pasó por la cuestión probatoria, por lo que su fallo no fue prematuro, como lo entendió la Sala II”, explicó French, y agregó: “Es un tema de adecuación legal, no hay peso de prueba, no hay análisis de prueba, solamente análisis de la premisa jurídica de la fiscalía. No vemos ningún sentido práctico de utilidad y menos de garantías para posponer esta discusión”.

Con relación a la postura de la Anses, el camarista sostuvo: “Creo que la víctima no está interesada. Al menos, no demostró estar interesada. A mí me parece que es una alarma que debemos tener en cuenta, cuando sabemos que este supuesto estafado tiene una estructura de abogados y departamentos legales interesante”.

Por otra parte, opinó que el caso no presenta medios comisivos suficientes. “No pasa por una etapa del proceso. Y tampoco vemos que pase por un tema de riesgo permitido”, manifestó, aunque dio por válida la hipótesis de la fiscalía, en el sentido de que hubo una suerte de manifestación jurada.

“No podemos identificar cualquier tipo de engaño como un engaño de relevancia penal. En este caso, el medio comisivo no tiene capacidad de engaño; es más, tampoco tiene causalidad para producir el error”, valoró

En relación con la plataforma fáctica, French concordó con el planteo de la fiscalía respecto a cómo fueron las circunstancias del hecho pero discrepó respecto a la tipicidad. También descartó la hipótesis del MPF sobre los mecanismos de control y destacó que después del ingreso de los datos personales “venían dos controles más, por reglamentación propia de la Anses”.

“Un click no es suficiente, teniendo en cuenta la capacidad de la víctima”, adujo. En esa dirección, sostuvo que el error que produce el perjuicio patrimonial “está bastante más lejos de ese primer momento”, y que creía que por eso “la Anses nunca se presentó”.

“Creo que darle relevancia penal punitiva de cárcel a este trámite me parece que es, cuanto menos, peligroso. No se compadece con los principios del derecho penal de mínima intervención. Los funcionarios, en la lógica de la fiscalía, tenían la obligación de informar esta condición y no lo hicieron, pero no me queda claro si esto puede ser un engaño suficiente”, concluyó el camarista.

A su turno, el juez Solá consideró que, aun suponiendo que era una declaración jurada, cabía preguntarse si eso justifica que el aparato represivo del Estado y que los principios del derecho penal sean aplicados para justificar una pena de dos a seis años de prisión. “Humildemente, pienso que no”, planteó.

Al igual que French, resaltó la capacidad de la víctima respecto al ejercicio de los controles y concluyó que “la característica de la víctima adquiere una posición absolutamente relevante”.

Rabbi Baldi indicó que a partir del ingreso de datos comienza “el esquema de los controles por parte del Estado”, y sostuvo: “Esto es lo que sucedió y llevó al rechazo del pedido. Más allá de la cuestión, no alcanzó configurar la capacidad de engaño”.