ESCUCHAR
El sistema republicano de gobierno adoptado por la República Argentina se presenta como el modelo óptimo para un Estado y, como sabemos, el filósofo francés Montesquieu -en su libro El espíritu de las leyes- identificó los tres poderes como legislativo, ejecutivo y judicial.
Estos conceptos básicos no son cuestionados, como tampoco la lógica conclusión de que si uno de los poderes no funciona correctamente o se «paraliza», corre riesgo la vigencia del equilibrado contralor que los poderes están destinados a ejercer entre sí.
En lo político, éste es el resultado, sea por la injerencia de un poder en la competencia específica de otro (como se leyó la pasada semana tan ajetreada en el ámbito nacional), sea por el mal funcionamiento -moroso, advenedizo, errático- de alguno de ellos.
Desde lo funcional propiamente dicho, organizacional del Estado, el mal funcionamiento de uno de los tres poderes lesiona automáticamente la protección ciudadana que el sistema está destinado a brindar, consecuencia directa del equilibrio que antes describimos como eje del sistema republicano de gobierno.
Pues bien, cada poder del Estado tiene un mecanismo de ejecución de sus funciones o tareas trazado desde los principios rectores de la Carta Magna hasta las instrucciones emanadas de sus órganos o instancias internas. En el caso del Poder Judicial, los acuerdos y acordadas.
Hasta aquí la teoría. Impecable y muy sencilla de comprender.
Al hacer un racconto histórico de las nociones que se desarrollan en esta nota de opinión, decimos que, luego de la pandemia (siguiendo el derrotero que marcó la digitalización del Poder Judicial de la Nación, la necesidad, la globalización y las nuevas formas de comunicarnos), el Poder Judicial de Córdoba, con la idea-propósito de aggiornarse y agilizar su desempeño, digitalizó tanto su base de datos (demandas, denuncias y sus respectivos respaldos documentales preexistentes desde antaño) como su forma de receptar peticiones ciudadanas e impartir justicia.
La conocida “barandilla” desapareció como tal y se convirtió en “virtual”. El expediente papel se transformó en una serie de archivos con adjuntos y firma digital.
La mentada modernización consistió en más que la compra de tecnología y la contratación de empresas especializadas. También cambió el modo de trabajar de un poder del Estado, el Judicial.
Esta “justicia digital” pretendió ser más ágil y transparente para abogados y ciudadanos. Para recibir con fanfarria el “primermundismo” se encomendó a prestigiosos publicistas la elaboración de slogans de marketing -tales como “Justicia Cerca”, por ejemplo-.
No obstante, tras el hackeo a la base de datos del Poder Judicial y la inutilización de su sistema de funcionamiento, en rigor de verdad lo que se anuló y dejó “offline” fue a la Justicia misma, y con ello además se evidenciaron falencias gravísimas que afectan directamente la noción de república y más concretamente la garantía de acceso de los ciudadanos a peticionar ante las autoridades; las judiciales, en este caso.
Esta interpretación de las consecuencias del “ciberdelito” parece haber pasado inadvertida para todos, ya que la información oficial se limitó a dar fechas y algunas «precisiones imprecisas» sobre el restablecimiento de lo que parecía ser sólo una “web”. Se hizo con tanta ligereza que se interpretó como si se hubieran robado los datos de un banco o entidad sin una función social tan específica y trascendente.
De hecho, el sábado 13 pasado, cuando la nefasta novedad ya no pudo ser acallada, se twitteó desde la cuenta oficial de Justicia Córdoba: “El Poder Judicial de Córdoba ha recibido ayer un ciberataque que ha comprometido la disponibilidad de sus servicios informáticos. Desde ese momento personal especializado se encuentra trabajando con el fin de normalizar la situación”.
Alguna fuente más seria dijo: “Puede tratarse del peor ataque en la historia a instituciones públicas”.
Pero, ¿por qué es tan dañino el ciberataque al Poder Judicial de Córdoba y merece la atención de todos?
En primer lugar, porque demostró la vulnerabilidad del funcionamiento del servicio de justicia, que no tenía previsto un “plan B” ante un hecho tan esperable como un hackeo. En segundo lugar, porque el clic de un delincuente dejó literalmente sin justicia a una provincia.
Este hecho generó la pérdida objetiva de derechos de personas que dependen de la Justicia, de su “público cautivo”, es decir, cada ciudadano que alguna vez hizo una presentación o pedido ante los tribunales de esta provincia. También perjudicó a abogados cuya única fuente de ingresos la constituyen sus honorarios; no así a los integrantes de ese poder quienes, por dos semanas, siguieron percibiendo sus haberes.
En estos casi 15 días inhábiles, que en la jerga se traducen como “días inútiles” (equiparables a la feria-vacación judicial), incontables casos de injusticia y mora llegaron a conocimiento de colegas y medios: menores de edad no pudieron percibir sus cuotas alimentarias judicializadas, detenidos -con condena cumplida-continuaron privados ilegítimamente de su libertad, personas incapaces o ancianas bajo curatela no obtuvieron el cuidado que debían, no se libraron medidas cautelares, algunos tratamientos médicos fueron demorados, operaciones inmobiliarias resultaron truncas, adopciones quedaron sin concretar, denuncias no se investigaron y así todo tipo urgencias sin atender.
Este estado «límbico» persiste hasta la fecha. Hoy, después del restablecimiento gradual del único sistema por el cual se pueden hacer peticiones a los jueces y el único lugar donde está “alojada” esa información, debemos preocuparnos como comunidad jurídica y sociedad toda de conocer qué pasó con los datos sensibles que contenía la plataforma hackeada.
¿Existen aún estos datos en su totalidad? Y si no existen, ¿hay forma de reconstruirlos y asegurar su inalterabilidad? ¿Quién tiene los datos (tuyos, míos) y qué uso les dará? ¿Por qué se hackeó esa base?
¿Cuánto demorará el sistema de recepción y envío de peticiones en recuperar su total funcionalidad?
Por otro lado, ¿tomaremos como “garante” serio de tan importante información la misma fuente que nos aseguró que el sistema era inviolable? Personalmente, no, y para muchos tampoco existen garantías.
Todos tenemos derecho a ser parte y estar informados del estado de la investigación de este ciberdelito, y a que se tomen en consideración estos interrogantes. Porque las consecuencias de que un poder del Estado haya sido puesto “fuera de línea” convierten en víctimas a todos.
