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Cuando comenzó la pandemia del covid-19 se planteó el dilema salud- economía como si se tratara de conceptos antagónicos. Como es sabido, el discurso presidencial se inclinó en favor de la primera opción, aplicando una postura binaria de negro o blanco, todo o nada. Esta decisión generó una gran discusión entre quienes afirmaban que era un falso dilema y que la cuestión era salud «y» economía, mientras que otros, más radicalizados, sostenían que la salud debía prevalecer por sobre cualquier otro criterio.
Tales discusiones ocuparon gran parte de atención de la opinión pública, mientras subyacía entre nuestros actores políticos otro dilema que poco a poco fue saliendo a la luz, haciéndose cada vez más evidente: salud vs. política.
Es que todo lo sucedido en este año y meses ha generado la imposibilidad de ocultar la politización del tema de las vacunas y su incidencia en las cuestiones de salud. A la par de convertirse en un campo de tira y afloje de las diversas banderías, sobre todo en año electoral, los derechos de los ciudadanos en la materia parecen quedar cada vez más lejos del centro de las discusiones, y peligrosamente cerca de caer de las orillas. Algo que pudo apreciarse especialmente con relación a los menores con discapacidades, quienes requieren por su particular situación sanitaria, ser vacunados.
Al respecto, debe destacarse que la misma Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha reconocido que el porcentaje de muertes por covid-19 es mucho mayor en las personas con discapacidad que en el resto de la población. Sin embargo, ni unos ni otros acusaron recibo del tema, salvo honrosas excepciones, hasta que la sociedad civil tomó cartas en el asunto.
El problema, como es sabido, es que, según los estudios científicos serios, la única vacuna habilitada para ser aplicada a los menores de edad es la elaborada por el laboratorio Pfizer. Justamente, la vacuna que está en el centro del debate político, y que por razones que no se pueden conocer con certeza, nuestro Gobierno nacional se ha negado a adquirir, aunque debe señalarse que ahora, por el peso de la realidad, parece ser que, parte de aquél comienza a reconocer la necesidad de permitir su entrada y aplicación.
Indudablemente, mucho que ver con esta apertura se debe a la labor realizada por la red «VacunaMe», creada por un grupo de padres de hijos con discapacidad, quienes se han organizado, para solicitar a las autoridades nacionales que se gestione el arribo de las vacunas de Pfizer. Tan grande es la urgencia que cada día se suman más familias a dicha organización haciendo más fuerte el reclamo. Según lo expresado por la entidad en Change.org, la plataforma para recopilar firmas en línea en peticiones: «El problema no se limita exclusivamente al coronavirus sino que las medidas de protección extra que debemos adoptar no permiten a los chicos y chicas acceder a sus terapias, y llevar adelante sus rutinas, lo cual es clave para el desarrollo pleno. La solicitud de la vacuna Pfizer no es caprichosa y no responde a ningún interés político, ideológico ni económico. Simplemente esta es la única vacuna que fue probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su aplicación por los principales organismos del mundo».
No mucha dirigencia parece percatarse que, a más de la necesidad de una vacunación en general rápida, la inoculación de los grupos vulnerables en particular debe tener aun mayor celeridad. Frente a ese dato técnico, han abundado las discusiones ideológico-políticas, más ceñidas a dar un golpe de efecto y perseguir el lucro electoral que a debatir ideas.
En tal sentido, el decreto de necesidad y urgencia 431/2021 abre la puerta para obtener el tipo de vacunas necesarias para poder atender la necesidad de proteger al sector de los niños con vulnerabilidades. Una norma que se logró, no por el consejo de especialistas o la reflexión de los funcionarios, sino por la presión en las redes de los padres y un gran sector de la ciudadanía que se manifestó en tal ámbito. Por una vez, la angustia social y la falta de respuestas públicas se tradujo en participación cívica. Algo no menor para la sustentabilidad democrática, donde a más del gobierno y la oposición de turno, resulta necesaria la participación de la sociedad civil en el contralor tanto del actuar como de las omisiones estatales.
De un tiempo a esta parte, la agenda pública de los principales sectores se empeña en negar posibilidad alguna de terceras vías en nada, en al parecer un eterno «ellos o nosotros». Frente a ello se erige una creciente y bienvenida influencia de una sociedad civil que, apelando a las herramientas de la tecnología, hoy por hoy para ser la única que puede instalar propuestas superadoras de antinomias y encaprichamientos, en beneficio del bien común.
Por ello, lo conseguido en la materia de las vacunas, resulta una muy buena noticia en más de un sentido.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
