Salvar el mundo mejora la reputación judicial

Por María Virginia Fourcade

Exclusivo para Comercio y Justicia

Gestionar la comunicación institucional de los poderes judiciales implica, entre otras cosas, acompañar y aportar una mirada técnica y estratégica en la toma de decisiones que involucran el bienestar de los vínculos de la organización con sus públicos (interno y externo), con la comunidad y con el ambiente.[privado]

La imagen pública, la confianza y la reputación son algunos de los “activos intangibles” que, junto con la cultura interna, el compromiso de los colaboradores y la satisfacción del usuario, legitiman el servicio de justicia frente a la sociedad.

La construcción y el fortalecimiento de estas relaciones dependen de la conducta global de toda la organización y de sus integrantes.

En este sentido, las políticas de sustentabilidad en la gestión de sus recursos, y de responsabilidad social (RS) impactan directamente en la realidad de los diferentes públicos y, definitivamente, colaboran en la formación de su opinión sobre el Poder Judicial.

Este costado de la comunicación judicial no suele ser muy explorado. Parece que olvidamos que la Justicia, además de ser un poder del Estado, es una organización que, como cualquier otra, integra una comunidad e interactúa con el ambiente.

Es importante destacar que la RS no se agota en programas filantrópicos puntuales: es un estado de conciencia colectiva e implica un modelo de gobierno consciente de la influencia de sus acciones en la sociedad en la que actúa y a la que sirve.

Se alude al comportamiento ético de sus integrantes, a los valores y principios que fundan las resoluciones judiciales y, por otro lado, implica el compromiso con objetivos globales de defensa de los derechos humanos y de protección del planeta.

Un poder judicial socialmente responsable

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta.

En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de Objetivos globales de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Son objetivos que “cambiarán el mundo” y para los que, seguramente, será necesaria la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y líderes mundiales.

Esto suena muy lejano, como si fuera una responsabilidad de otros, que depende de las relaciones entre los Estados. Sin embargo, nada de eso será posible si el cambio no comienza en cada persona y en cada organización.

Si las expectativas de cambio se sustentan en la conciencia individual, con más razón se espera que las organizaciones estatales, que cumplen un rol esencial -como el servicio de justicia-, se comprometan con estos objetivos y colaboren en su cumplimiento.

Decisiones institucionales para “salvar el mundo”

El Poder Judicial debe asumir el compromiso de ser parte de la solución y no del problema. Debe alcanzar un comportamiento global socialmente responsable. Existen muchas maneras de colaborar con el cumplimiento de los ODS. Hemos recopilado sólo algunas cuestiones.

1- Acciones para la incorporación de la perspectiva de equidad de género en todos los ámbitos y esferas del quehacer judicial, tanto para personas usuarias del sistema como para integrantes de la organización.

2- Compromiso prioritario con la problemática de violencia doméstica, abuso, explotación sexual y trata. Acciones de protección y contención a las víctimas.

3- Gestión de los recursos conforme a estándares y normativas vigentes. Procedimientos de contratación públicos y transparentes. Contratación de proveedores que respeten principios de sustentabilidad y garanticen el respeto de los derechos laborales.

4- Procesos de despapelización, informatización de los trámites e implementación del expediente electrónico.

5- Construcción y mantenimiento de edificios con base en un diseño ambientalmente consciente, que aproveche los recursos naturales, minimice el impacto y promueva la eficiencia.

6- Fomento de acciones solidarias hacia adentro y afuera de la organización. Campañas humanitarias, de salud ocupacional y de sensibilización sobre temáticas de relevancia social.

Muchas de estas acciones ya están siendo implementadas por los poderes judiciales, que deben asumirse socialmente responsables. Esto implica entender la comunicación judicial como un proceso constante, que atraviesa toda la organización, para la construcción de vínculos sanos con sus públicos y con el ambiente.

A largo plazo, esto se traduce en generación de confianza y reputación organizacional, en relaciones laborales basadas en equidad y compromiso, en vínculos responsables con el ambiente y en un desempeño más transparente.

Invito a que, individual y colectivamente, asumamos estas responsabilidades que, de hecho, también nos competen. Y así, enfocados en hacer las cosas bien, día a día salvemos el mundo.