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Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, dispone el proyecto de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos.
El proyecto recientemente aprobado por Diputados al tratar la Reorganización Administrativa plantea tres ejes centrales, siendo el primero mejorar el funcionamiento del Estado; el segundo reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y el tercero asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Estos ejes son música para cualquier argentino que hace años espera que la clase política relegue su centralismo para dar lugar a la creatividad y empuje de cada persona en los muy diversos rincones de nuestro país que harían de estas tierras fuente de trabajo y prosperidad.
El tercer eje, que destaca a la transparencia como motor de la actividad, se podrá llevar a cabo con innumerables herramientas informáticas que permiten llevar un rápido y simple control de cada proceso. Claramente, con sólo ser transparente no es suficiente, ya que uno podría mostrar todo lo que hace, pero si lo hace mal o defectuosamente para nada serviría publicitarlo, por lo que es esencial que de la mano de la transparencia vaya la eficiencia en cada gestión, entendiendo a la eficiencia como lo realizado de manera correcta en el tiempo estimado.
La información que genera y administra el Estado es de una magnitud significativa que para su correcta gestión las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, podrían aportar un granito de arena muy valioso, permitiendo a los actores gubernamentales controlar lo esencial, al menos en un principio, para luego ir avanzando sobre información secundaria, desde el punto de vista del impacto en la sociedad.
En términos más específicos, el proyecto de ley con media sanción modifica la ley de Procedimiento Administrativo nacional disponiendo que son principios fundamentales del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. Todos principios con los que, si se pudieran aplicar a la brevedad, se lograría un salto de calidad excepcional.
Luego continúa disponiendo que los procedimientos regidos por esta ley se ajustarán a determinados principios y requisitos entre los que se encuentra el titulado “Eficiencia Burocrática” que dispone que los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Finalmente, establece que la Administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales o mediante consulta a las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto. Cuando se trate de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde la solicitud.
Hoy si una persona quiere sacar su carnet de conducir tiene que acompañar copia del documento de identidad, documento que fue otorgado por la dependencia colindante a la del carnet. Si quiere cambiar el vehículo debe llevar el título del vehículo en cuestión que fue emitido por el mismo Registro Automotor que le exige esa constancia. Así, cientos de ejemplos.
Esta ley Bases y su sección de Eficiencia Burocrática tiene por objeto eliminar todas estas gestiones que le cargan al ciudadano por clara deficiencia del Gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Aprobado este proyecto, será una ardua tarea de todos los ámbitos de gobierno volverse eficientes, Dios quiera que se logre en nuestros tiempos.
(*) Abogado. Especialista en derecho informático
