ESCUCHARDespués de la muerte del fundador y líder de Sendero Luminoso, en Perú se abrió el debate sobre qué hacer con los restos de terroristas. El presidente Castillo firmó una ley que permite incineraciones y disposición de cenizas
Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, murió el sábado 11 de septiembre, por neumonía, a los 86 años, en una cárcel militar de máxima seguridad de Lima. Estaba recluido desde 1992.
Durante toda la semana pasada se debatió qué hacer con los restos del responsable de la muerte de unas 40 mil personas entre 1980 y 2000.
Después del deceso del criminal, la Fiscalía se negó a entregarle el cuerpo a su viuda, número 2 de aquella organización, Elena Iparraguirre, también condenada a prisión perpetua, y comenzó a especularse que lo cremarían.
Tanto los familiares de sus víctimas como las autoridades peruanas temen que, si es sepultado, la tumba se convierta en un lugar de peregrinación.
La salud de Guzmán, el «Pol Pot de los Andes», ideólogo de cientos de sangrientos atentados, empeoró a inicios de julio.
Se negaba a comer y a ser trasladado a un centro asistencial, pero cedió por recomendación de su abogado. Luego de pasar algunos días hospitalizado, volvió al centro de reclusión militar. Dos meses más tarde, murió.
En Perú, de oficio, el cadáver de una persona que fallece en prisión es entregado a sus familiares luego de que se determinen las causas de la muerte.
Sin embargo, eso no sucedió con Guzmán, cuyas acciones terroristas, de una frialdad aterradora, siguen presentes en la memoria de la sociedad peruana.
El domingo 12, el letrado de Iparraguirre se presentó con una carta poder en la Tercera Fiscalía del Callao para pedir que se le entregaran los restos del terrorista, para enterrarlo conforme a sus creencias, pero no tuvo éxito.
El Ministerio Público informó que el fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho denegó la solicitud, ponderando el orden público y el interés social.
Además, en el mismo comunicado, precisó que el cuerpo de Guzmán quedaría bajo su custodia hasta que finalice la pesquisa.
Luego, el juez del Callao, Sergio Núñez Palacios, declaró infundado el pedido que interpuso el abogado de Iparraguirre, con el fin de que le ordenara al fiscal que le entregara el cadáver.
El magistrado, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, manifestó que no hay argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal y a la libertad religiosa de Iparraguirre a raíz de la negativa del agente.
En ese sentido, sostuvo que el reclamo de la condenada se basa en conjeturas y suposiciones de lo que podría ocurrir más adelante.
Poco antes, trascendió el contenido de un audio de Iparraguirre, en el cual hizo apología del terrorismo y afirmó que Guzmán fue asesinado.
Entre otras cosas, dice: “Seguiremos su ejemplo de comunistas hasta el fin”.
Según la legislación peruana, Iparaguirre no tiene derecho a usar teléfonos. Por eso, luego de que se conoció que cometió una falta disciplinaria, fue trasladada al penal de máxima seguridad de mujeres Anexo de Chorrillos.
Ahora, está incomunicada y será sometida a un proceso por “vulneración de la seguridad y de las normas penitenciarias”.
Sobre lo sucedido, el ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, adelantó que la intención del Gobierno es que Guzmán sea cremado.
“El Ministerio Público debe analizar el ordenamiento jurídico haciendo prevalecer el orden público y, de ese modo, evitar que sea enterrado como cualquier otro preso, que daría lugar a que le rindan culto u homenaje, lo cual constituiría además delito de apología al terrorismo. Para eso debería disponer la incineración del cadáver, a fin de que terminemos definitivamente con esto”, declaró ante la prensa.
Paralelamente, congresistas opositores y líderes de opinión exigían que el Ejecutivo aprobara un decreto para hacer desaparecer los restos de Guzmán. La parlamentaria fujimorista Rosangela Barbarán rechazó la idea de que los lancen al mar y el ex ministro de Interior del ex presidente Ollanta Humala, José Luis Pérez Guadalupe, coincidió con ella. “No deben contaminar el mar de Grau con sus cenizas” , dijo.
Mientras se analizaba qué hacer en el caso, la antropóloga María Eugenia Ulfe, quien hace algunos años, como parte de un curso universitario sobre el cuerpo y la persona, abordó con sus alumnos el debate sobre qué pasaría cuando Guzmán falleciera, manifestó que quedó claro que el Estado no previó la situación. “No hay una ley ni un programa que sepa qué hacer con quienes cumplen su condena” , explicó la autora del libro Reparando mundos. Víctimas y Estado en los Andes peruanos, que releva las atrocidades que sufrieron familias peruanas a causa de Sendero Luminoso.
“Vemos que la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario están actuando apegados a la ley, pero por otro lado los políticos en Lima y en las redes vociferan sin detenerse un minuto a pensar ni respetar el dolor ajeno. Por ejemplo, quienes fueron víctimas de Sendero Luminoso en Huanca Sancos, luego de la muerte de Guzmán, siguen con su vida: el silencio dice más sobre lo inconmensurable del dolor que el vociferar”, acotó.
“Quienes gritan sobre el cuerpo de Guzmán hacen como él, ‘incendiar la pradera’. El silencio y la cautela serían necesarios en este momento porque el clima político está muy polarizado: no hay espacios de diálogo”, añadió la investigadora.
Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del destacamento del Ejército Colina -creado durante el gobierno de Alberto Fujimori para hacer desaparecer a opositores- aseguró que la incertidumbre sobre el destino que se le dará a restos de personas como Guzmán evidencia la falta de una legislación posconflicto. “Como Estado no hemos identificado esos vacíos legales. ¿Cómo se procede, quién decide? Hay el mismo vacío para la restitución de cuerpos enterrados no identificados”, señaló.
Vacío legal
La fiscal General Zoraida Ávalos reconoció que hay un vacío legal. Indicó que no hay un marco normativo para que el Ministerio Público ordene la incineración del cadáver de Guzmán. Sin embargo, adelantó que se decidirá considerando el impacto social de la cuestión.
Como parte de la controversia, los opositores al Gobierno demandaron que el Ejecutivo explique de manera más contundente los pasos tras el deceso del cabecilla terrorista.
El viernes, el presidente Pedro Castillo firmó una ley aprobada por el parlamento el jueves, para incinerar los cadáveres de condenados por terrorismo sin entregarlos a sus familiares directos, lo que permitiría cremar el cuerpo del fundador de Sendero Luminoso.
Castillo suscribió la manda firmó antes de partir a México y Estados Unidos, en su primera gira como presidente, para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a la Asamblea General de Naciones Unidas. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano.
En función de la nueva legislación, un fiscal decidirá en un máximo de 24 horas la cremación de los cadáveres de presos sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.
También indica que el agente que redacte la orden deberá estar presente en el momento de la incineración y que las cenizas se distribuirán en una “fecha y hora reservada”.
Sendero Luminoso libró una lucha armada contra las fuerzas de seguridad que se extendió de 1980 a 2000 y generó un baño de sangre que dejó unos 70 mil muertos; la mayoría, campesinos indígenas de los Andes y la Amazonía.
La ONU lo considera grupo terrorista desde 1992.
La fecha de la cremación de los restos del maoísta Guzmán aún es una incógnita. El fiscal a cargo de su caso tiene un plazo de 60 días para cerrarlo, lo cual añade suspenso al desenlace de una historia que tiene en vilo a Perú desde hace más de una semana.
