ESCUCHARPor Silvina Molina
Los efectos de los desplazamientos forzados internos en mujeres periodistas amenazadas de muerte en México, la falta de políticas para frenar esta violación de derechos humanos y las falencias en el acompañamiento a quienes se ven obligadas a dejar todo son los ejes de una investigación que presentó la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), con testimonios de profesionales que viven en esa condición.
«Este diagnóstico pretende hacer evidente un problema gravísimo en nuestro país que ha estado soterrado. Pese a que el Estado mexicano reconoce que existe, no ha tomado ninguna acción para documentar lo que está pasando ni tampoco para detenerlo y proteger a las periodistas para salvar sus vidas», afirma desde Ciudad de México la socióloga y periodista Lucía Lagunes Huertas, quien preside la Cimac.
El desplazamiento forzado interno (DFI) es una salida abrupta e involuntaria del lugar donde se radica la periodista ante amenazas de muerte relacionadas con su labor profesional.
«Para las periodistas, esta acción es antecedida por agresiones. Le sigue una reubicación temporal y un posible retorno o reasentamiento. Pero este camino, que en sí es complicado, se vive con aún más obstáculos por una falta de atención integral», resalta la investigación, titulada «Dejar todo: Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección».
Para Lagunes Huerta, la violencia que obliga a las periodistas a dejar todo «es una violencia de Estado en México».
A la vez, destaca que la investigación «está realizada con perspectiva feminista de género, y colocó en el centro a las mujeres, por lo que es necesario establecer la relación entre el DFI y la violencia feminicida».
La Cimac tiene el registro de 21 periodistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno «sin ninguna garantía para su retorno seguro ni políticas públicas para retomar sus proyectos periodísticos».
Para este informe, la organización entrevistó a siete de ellas, de la cuales solamente una retornó a su lugar de origen pero «no fue un regreso asistido».
Una de ellas es Rosa -«Rosy»- María Rodríguez, quien en un par de semanas contabilizará seis años de su vida y de la de su familia como desplazada forzada, y cuenta su vivencia desde la ciudad mexicana donde reside ahora.
El 29 de octubre de 2016 fue sábado. Rosy y su marido, Francisco Cuellar, estaban en su camioneta en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, noreste mexicano, lindante con la frontera con Estados Unidos. Sus hijos de 14 y 17 años estaban durmiendo en su casa.
Mientras ella y su compañero, también periodista, ingresaban a Ciudad Victoria, recibieron el alerta de que habían sido amenazados de muerte.
«La amenaza era aterradora, nos enviaron la imagen y sentí un vuelco en el estómago, no puedo olvidar, fue aterrador. Pensé en mis hijos solos en la casa, y en mi otro hijo que estaba en Monterrey, donde hacía sólo dos meses había comenzado la universidad», relata.
En Tamaulipas hay grupos criminales que amenazan y matan a periodistas, y también llegan agresiones de entidades gubernamentales, según reportes mensuales de organizaciones periodísticas como Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas. Rosy rememora que la llegada a su casa para buscar a sus hijos «se hizo eterna».
«Sacamos a los niños, avisé a mi familia que nos teníamos que salir de la ciudad, vinieron mi mamá y mi hermana Sonia, que ya falleció», dice, en el único momento en que su voz se quiebra porque todo su testimonio se sostiene en una voz pausada y potente.
«Salimos de la ciudad sin cargar gasolina porque en las gasolineras hay informantes, hasta que llegamos a un poblado, cargamos gasolina y tomamos la carretera al centro del país», cuenta.
Ya en la ruta «avisamos a Cimac para que me monitorearan y para que me pusieran en contacto con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas de Derechos Humanos».
En su web oficial, el Mecanismo se define como «la instancia Federal, adscripta a la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor».
Cuando Rosy habla con una persona del organismo, le sugieren que se comunique con otro teléfono y compra uno nuevo en un lugar de la ruta.
«Recibo la llamada del Mecanismo, nos preguntan si aceptamos la protección, les dijimos que sí, no teníamos opción, era eso o eso. Llegamos al estado de San Luis Potosí, donde nos espera mi hijo que estaba en Monterrey. De ahí, el Mecanismo nos escolta hasta la ciudad de México», continúa la profesional.
Describe ese momento como muy difícil: «Vivimos crisis de ansiedad. El saberse perseguida, en riesgo, es aterrador. Hay que tranquilizarse por los hijos. En esa parte todavía estaba en shock, no asimilas la gravedad de lo que estaba viviendo».
Ya en Ciudad de México la ubican en un departamento-refugio, con seguridad y medidas de protección.
Ella y su compañero deciden hacer la denuncia, algo que no todas las mujeres en su situación pueden hacer por miedo, porque «te coloca en riesgo», reconoce la periodista.
Rodríguez es co-coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, integra la Red Nacional de Periodistas y es fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas.
«Esas redes me impulsaron. Cimac, que es una referente en la protección a periodistas con perspectiva de derechos, de género, nos acompaña y nos representa ante el Mecanismo, y eso marca una diferencia porque en esa situación no estás en condiciones de tomar decisiones, con esa asesoría te sostienen, te dan el impulso en días tan difíciles», resalta.
Después, la familia se trasladó a otra ciudad mexicana. La escuela de los niños estaba a una hora de la casa y no había protección para el trayecto, porque las amenazas no cesaron.
Uno de sus hijos comenzó a tener episodios convulsivos, otro estuvo con tratamiento psicoemocional, su marido con crisis diabética y ella ahora convive con fibromialgia.
La violencia en el cuerpo
Sobrevivir económicamente «fue bien difícil». «Nos decían que teníamos que mantener el bajo perfil, algo incongruente con ser periodistas. Comenzamos a escribir sin firmar, luego creamos un portal y poco a poco nos han ido acreditando y desarrollamos otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Y nos encontramos, en este momento, bien. Tenemos muchas fortalezas individuales y colectivas», valora Rosy.
Reafirma que «mientras exista la impunidad va a seguir habiendo desplazadas».
Para Lagunes Huerta, el DFI «es usado para generar zonas silenciadas. Se manda un mensaje intimidatorio para el resto de las periodistas, para dejar de tocar temas, de colocar en la lupa de la mirada pública el quehacer de los gobernantes, muchos de ellos son parte de las estructuras criminales en el país».
«La gravedad del fenómeno del DFI no tiene respuesta en nuestro país porque es parte de las falencias del Estado mexicano, por ni siquiera tener una estadística que nos diga de qué estamos hablando. Y esto es una intención, no es falta de capacidad. Intención de no querer mostrar con números la gravedad de los que estamos viviendo en México, que es un país que no está en guerra y sin embargo es el segundo país mas peligroso en el mundo para ejercer el periodismo y el primero en América Latina», concluye la directora de Cimac.
