Los auditores de guerra de la independencia

Por Luis R.
Carranza Torres

A pesar de que no está muy reflejado en los textos históricos, hicieron mucho para la formación de los nacientes Estados latinoamericanos

“Auditor de Guerra” no es un cargo que suene en los oídos de la mayoría pero ha tenido no poca incidencia en la historia militar y hasta política de nuestros primeros tiempos como nación.

Conforme el Diccionario Militar, que “contiene las voces técnicas, términos, locuciones y modismos antiguos y modernos de los ejércitos de mar y tierra”, “escrito por el capitán retirado J. D.W. M.” -no se brindan otras aclaraciones respecto al autor-, editado en Madrid en el año 1863, se llamaba auditor de Guerra “al juez letrado que, afecto a una capitanía general, entiende en primera instancia en las causas que se forman contra individuos del ejército. El auditor tenía el sueldo y consideración de coronel”. No es menor la cuestión del grado. Éste es el primero de entre el agrupamiento de oficiales superiores.

Mucho más cercano en el tiempo, en 2020, con motivo del festejo del Día del Servicio de Justicia Militar, que se celebra cada 1 de agosto, el jefe del Estado Mayor del Ejército lo definió en estos términos: “El auditor militar es un profesional del derecho cuyo asesoramiento es imprescindible para la toma de decisiones. Desde los albores de la patria, los auditores han asistido en este sentido a los distintos niveles de la conducción con sus conocimientos profesionales y criterio a fin de garantizar la legitimidad de las acciones de comando”.

Jorge Arturo González Ramírez, en su obra Auditor de guerra, citando palabras del general Richieri, expresa que ya desde principios del siglo XIX “se evidencia que en tiempos de guerra la función del auditor no es solo la tarea jurídica y administrativa, sino que se le agregan encarar los problemas que se le presentan al comandante en la zona de operaciones”.

El primero de ellos luego de la Revolución de Mayo fue Feliciano Chiclana, antiguo capitán de Patricios, de 48 años, abogado recibido en la Real Universidad de San Felipe, de Santiago de Chile.

La Primera Junta lo designó el 14 de junio de 1810, en virtud del envío de fuerzas militares en la Expedición Auxiliadora al Alto Perú, como “auditor de Guerra de dicha expedición para que en clase de tal desempeñe las funciones anexas a su empleo”.

El sueldo otorgado era de 125 pesos y el grado militar que venía de la mano del cargo era el de coronel. Luego sería gobernador de Salta, dos veces, de Potosí y miembro del Primer Triunvirato.

Asimismo, como secretario se designó a Vicente López y Planes. También capitán de Patricios pero recibido de abogado en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, de Chuquisaca.

Ése es el motivo por el cual se entiende que fue el primer oficial jurídico en las Fuerzas Armadas argentinas, sin distinción de ramas.

El cordobés Norberto Javier del Signo desempeñó asimismo el cargo en la primera expedición al Alto Perú.

Manuel Belgrano es el primer abogado en la historia argentina que llegó a general. Paradójicamente, habiendo abarcado múltiples planos de la profesión jurídica, como funcionario de justicia, letrado, doctrinario, nunca ejerció las funciones específicas de un abogado militar. Su auditor de Guerra fue el cordobés Eugenio del Portillo, antiguo alumno del Colegio de Monserrat y luego del Colegio Máximo, donde se licenció no en derecho sino en teología; luego, trasladado a Chuquisaca, se doctoró allí en jurisprudencia.

Tras su paso por el ejército, se incorporaría como profesor en la Universidad de Córdoba, donde se le encargaría la reforma del plan de estudios; procurador General de la ciudad de Córdoba desde 1815, se le elegiría como redactor de la ordenanza general que legisló en el ámbito local. También fue electo miembro de la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba posterior a su autonomía, de la que fue su primer presidente. En 1826 se lo eligió diputado al Congreso General Constituyente, tomando parte de la Constitución Nacional que ese cuerpo sancionó.

Otros nombres de ese listado fueron Antonio Álvarez de Jonte, quien estudió leyes en Córdoba aunque se doctoró luego en Chile. Fue auditor de guerra del Ejército del Norte en el corto período en que su comandante fue José de San Martín. Antes de eso, después de  integrar el Segundo Triunvirato, había sido nombrado por el Directorio en la comisión investigadora de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, en la cual se opuso a que se levantaran cargos contra Belgrano. Posteriormente regresó a Buenos Aires, donde fue auditor General de Guerra. Lo reemplazaría Juan José Passo. Volvería a desempeñarse como auditor de Guerra con San Martín, en la campaña del Perú.

Durante la formación del Ejército de Los Andes, en Mendoza, se nombró auditor de Guerra de éste al abogado santafesino Bernardo de Vera y Pintado, bachiller, licenciado y doctor tanto en leyes como en teología en la Real Universidad de San Felipe en Chile, de la que también fue profesor. El sanjuanino José Ignacio de la Roza, recibido en leyes en Chile, y el tucumano Bernardo de Monteagudo, graduado en Chuquisaca, desempeñarían asimismo dicha función.

Se trata en nuestra historia de una lista de pocos -pero distinguidos- nombres de abogados que ejercieron su profesión desde el uniforme militar, a favor del país y en tiempo de guerra. Pero como tampoco escapa al ojo del lector sagaz, también partícipes de las declaraciones emancipadoras y organización de las naciones que fueron producto de tales campañas militares.

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