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Eleonora Rabinovich, directora del Área de Libertad de Expresión de ADC.
El jueves último, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado los proyectos de ley reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referidos a incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero y el que penaliza «las actividades delictivas con finalidad terrorista». En este caso, una fuerte voz de alerta se alzó en el recinto, tanto de los legisladores nacionales opositores como de las organizaciones civiles, que ven en la sanción de esta norma un incremento en la criminalización de la protesta social.
Puntualmente, la ley recientemente aprobada incorpora al Código Penal dos nuevos artículos que pueden aumentar las penas para todos los delitos que fueren cometidos con la “finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fue una de las ONG que planteó sus reparos a la norma. Para analizar el tema, Comercio y Justicia dialogó con la abogada y directora de su área de libertad de expresión, Eleonora Rabinovich.
– ¿Qué opinión le merece la norma que fue aprobada en Diputados?
– Nosotros, como otras organizaciones de base, hemos planteado nuestros reparos y nuestra profunda preocupación por esta ley que viola los estándares constitucionales y de derechos humanos en materia de legislación penal y libertad de expresión. Está redactada en términos abiertos, vagos e imprecisos y puede convertirse en una herramienta para acrecentar la criminalización de quienes se manifiesten en reivindicación de sus derechos.
Además, el aumento de las penas aquí previsto es desproporcionado con respecto al resto de los delitos que prevé el Código Penal. Nosotros creemos que una modificación de éste, de esta naturaleza, merece otro tratamiento para que todos los sectores sean escuchados, tanto los que estén a favor como los que estén en contra. Así como fue sancionada, esta norma implica un claro retroceso en materia de legislación penal y una restricción indebida de la libertad de expresión. El hecho de que ella sea, además, escasamente discutida en el Congreso, sólo empeora la situación.
La norma utiliza un lenguaje excesivamente abstracto que no se condice con los requisitos de precisión y claridad en materia penal exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En efecto, ésta establece que las restricciones de la libertad de expresión, para ser legítimas, deben estar previstas en una ley que utilice términos claros y precisos. Caso contrario, las personas no pueden prever con claridad cuáles van a ser las consecuencias de sus conductas.
– ¿Por qué cree que esta norma no tuvo el suficiente debate que ustedes reclaman?
– La verdad es que no lo sé, no tengo una opinión al respecto. Espero que sí lo tenga cuando llegue al Senado.
– Teniendo en cuenta que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Alta, queda alguna chance de que se apruebe teniendo en cuenta los aspectos que ustedes denuncian?
– Es difícil, de cualquier manera nosotros cumplimos con informar y alertar a los legisladores sobre las consecuencias que puede traer aparejada la puesta en vigencia de esta ley.
