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La violencia institucional en las cárceles argentinas dejó de ser un hecho aislado

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En los últimos años se cuadruplicaron las torturas en las unidades penitenciarias y las muertes violentas siguen en aumento.  Lejos de la reinserción, cumplida la condena, la mitad de los detenidos reingresa al sistema penitenciario.

En Argentina, 32% de los detenidos condenados vuelve a la cárcel. Este dato -oficial- surge del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena y es el resultado de la suma de los detenidos reiterantes, más los reincidentes y los reincidentes múltiples.

Si bien este porcentaje de reingreso es alto, es posible que sea aún mayor ya que se debe tener en cuenta que, al calcularlo, sólo se consideran los condenados -no se tienen en cuenta los procesados (sin condena firme), que ascienden a 51% del total de la población en cárceles-.

Reafirma esto la existencia de informes no oficiales que mencionan una tasa de reingreso de entre 40% y 55%. Y, suponiendo que este índice sea de 50%, esto implica que cinco de cada 10 detenidos vuelven a cometer delitos luego de salir de la cárcel. Es decir, de los actuales 60.789 reclusos, más de 30.000 volverán a ingresar en el sistema penitenciario.

Si se analiza su perfil, según datos oficiales 44% de los internos no ha terminado sus estudios: 28% posee el primario incompleto y 16 % adeuda finalizar el secundario.

En cuanto al trabajo, también surge que al momento de ingreso 40% de los imputados se encontraba desocupado, mientras que 35% sólo poseía trabajo de tiempo parcial; es decir que 75% de los ingresantes no tenían trabajo de tiempo completo. Por último, con relación a su capacitación laboral, 43% de la población total no posee oficio ni profesión.

Morir en la cárcel
A este panorama desolador se le suma el aumento de la violencia, que en los últimos dos años ha crecido exponencialmente en las cárceles argentinas.
Según datos revelados por el Obsevatorio de Cárceles Federales dependiente de la Procuraduría General de la Nación, aumentaron las muertes violentes en las unidades penitenciarias. Mientras en los años 2009 y 2010 representaban 31% y 27%, respectivamente, esos porcentajes se incrementan considerablemente a 56%, 42% y 72% en los tres años subsiguientes.

Los meses transcurridos del año 2013 alertan sobremanera sobre los 21 casos de fallecimientos traumáticos registrados en los primeros nueves meses del período, que representan 72% de las muertes en el año.

Estrictamente en el año 2013, como modalidades más registradas se incluyen nueve fallecimientos por ahorcamiento y siete como consecuencia de heridas de arma blanca. Vuelve a reconocerse también, como emergente a estas alturas consolidado, la producción de dos muertes en contextos de incendio durante el período.

El informe destaca que si bien en términos generales no se han observado variaciones en los establecimientos donde se ha producido la mayor cantidad de hechos, que incluye cárceles como Marcos Paz y Ezeiza (Bs. As), sí resulta remarcable la producción de dos muertes violentas en la Unidad Nº 9 de Neuquén, donde no se había registrado ningún caso desde que, en abril de 2008, un detenido falleció en una situación sumamente violenta por la que 16 agentes y funcionarios penitenciarios se encuentran procesados por la Justicia federal de esa provincia.

Sobre el caso de los colectivos específicos que han sido relevados como víctimas regulares en la producción de muertes en prisión en el período 2009-2012, mujeres y pacientes psiquiátricos, cabe destacar la ausencia de fallecimientos en ambos casos durante el año 2013. Por el contrario, vuelve a constatarse un fallecimiento dentro del dispositivo para jóvenes adultos, lo que no ocurría desde una muerte por ahorcamiento en mayo de 2010 en el Módulo IV del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, por entonces destinado al alojamiento de este colectivo.

Las torturas
Las torturas en las cárceles federales argentinas son otro fenómeno que no deja de crecer. El informe de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación revela que hasta el 1 de agosto de este año se registraron 426 casos ( ver cuadro) , cifra que, lamentablemente, supera lo ocurrido años anteriores.

En 78,8 por ciento de los casos las víctimas resultaron con lesiones que les dificultaron caminar y en 49% de los casos no fueron posteriormente revisados por un médico.

Casi la mitad de las torturas ocurrió en la celda o pabellón de los detenidos y fue ejecutada por los agentes encargados de realizar las requisas (81,1%) o jefes de unidades de módulos (28,8%).

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