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En cualquier encuesta de opinión, el tema de la seguridad es una de las cuestiones que ocupan los primeros lugares en las preocupaciones de los argentinos.
Se trata de una función básica e irrenunciable del Estado, que, sin embargo, no parece cumplirse, según cualquier sondeo que se lleve a cabo. El auge de los sistemas de seguridad privada es una muestra de esa falta de respuestas, una modalidad que ya no se reduce a instalaciones fabriles o grandes superficies comerciales sino que abarca en un porcentaje cada vez mayor presencia con casillas en barrios o grupos de vecinos que la contratan para una determinada zona.
Aun cuando logre algún resultado puntual, no es lo deseable ni, mucho menos, soluciona el problema global de la sociedad. Si ésta es “sana” en la materia, la actuación privada se reduce al interior de lugares igualmente particulares y no “comparte la calle” con la actuación de las fuerzas públicas. O, peor aún, se erige en una forma tácitamente aceptada de salvar las deficiencias de estas últimas.
Ocurre muchas veces la paradoja de un Estado que lleva a cabo funciones por demás accesorias, como explotar minas de carbón, o llevar a delante de forma muy deficitaria cuestiones como la aviación comercial, cuando en sus misiones esenciales (educación, salud, seguridad) se asiste a una privatización de hecho en grandes sectores de la población.
Tampoco ayudan a la mejor seguridad las discusiones bizantinas entre “mano dura” y “garantismo”, como si la complejidad del rubro pudiera ser reducida a blanco y negro. Otro de los lugares comunes es las soluciones mágicas de “poner más policía en la calle”, sin atender a la calidad de sus agentes. Tampoco, mostrar que se entregan patrulleros como si fuera un avance, cuando en realidad eso sólo reemplaza la flota que ha quedado fuera de servicio por motivos varios; o incrementar el gasto sin tener en consideración la calidad y la eficiencia en la aplicación de tales fondos.
Es que mejorar los indicadores de seguridad no depende sólo de aumentar el presupuesto sino de muchos otros factores, entre ellos, contar con fuerzas de seguridad sólidas y eficientes, algo considerado como el punto de partida.
La pregunta es cómo lograrlo. Inicialmente hay que tener en claro cuáles son los problemas que presentan las fuerzas policiales. Para ello, no hay más que ver los diarios o hablar con nuestros vecinos para detectar algunos, como la corrupción policial, su utilización política, la escasa preparación con la que entran a la fuerza y la idéntica deficiencia en su educación o formación profesional posterior. Incluso, especialistas en seguridad señalan la nula posibilidad, por falta de elementos o de entrenamiento, de poder graduar la respuesta en el uso de la fuerza pública frente a las distintas situaciones.
El policía común de calle, sea Juan o Eva, frente a las distintas agresiones que puede recibir, sólo tiene dos medios a su disposición: la fuerza bruta o el uso de un arma de fuego. Ya no tiene, como sí en el pasado, un elemento contundente. Tampoco posee otro tipo de armas no letales de uso extendido en otras partes del mundo, desde el gas pimienta a las de electrochoque, comúnmente entre nosotros llamadas pistolas Taser, que brindan una mayor flexibilidad frente a las amenazas.
Ni hablar de los elementos de protección, reducidos al chaleco balístico no siempre en las mejores condiciones.
Pues a la par de las estrategias de abordaje integral del fenómeno de la delincuencia, y de un buen diagnóstico de la situación actualizado, para mejorar la seguridad es necesario invertir en capital humano, que la carrera en una fuerza policial se vea como una posibilidad de desarrollo personal y no sólo como una salida laboral, para lo cual deben tenerse condiciones laborales saludables, políticas de transparencia no sólo hacia fuera sino también hacia adentro, actualización educativa y tecnológica, así como un plan continuo de valorización de ciertos valores como el servicio, el espíritu de sacrificio y el de superación. Entender que éstas son algunas ideas cuyo desarrollo permite mejorar la calidad del elemento humano destinado a ser la mejor línea de defensa respecto de quienes quieren agredir los derechos esenciales de los ciudadanos.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
