La ética judicial en la Suprema Corte de EEUU

Han sido pocas las ocasiones en que me he ocupado en modo directo y central de la Corte Suprema de Justicia de EEUU y su vinculación con los temas de la ética judicial. Me he referido -sin embargo- en varias ocasiones a los jueces de ese país de Norteamérica, tanto federales como estaduales.

En alguna medida, la falta de atención a dicho máximo tribunal se ha debido a una natural circunspección ética que los nombrados jueces han mostrado hacia fuera de los tribunales y que, por lo tanto, no estando el suscripto vinculado in situ con el conocimiento de la cartografía ética de aquél, sólo he podido conocer a partir de la producción periodística que relaciona sucesos de tal estirpe.

Nunca hemos hecho referencia a comportamientos privados con trascendencia pública de jueces de esa Corte Suprema, salvo las objeciones que se presentaron en 2018, cuando el candidato conservador a ella, Brett Kavanaugh, fue acusado por una profesora universitaria, Christine B. Ford -en la sesión que lleva a cabo la Comisión Judicial del Senado- de haberla agredido sexualmente cuando ambos eran estudiantes secundarios. Dichas acusaciones fueron negadas y el pliego fue aprobado para su integración en la Corte . Cuando sucedió este episodio lamentable se revitalizó otro hecho, que se había producido en el año 1991, de un tenor semejante, cuando la también profesora Anita Hill acusó a Clarence Thomas -nominado a un sitial en el nombrado tribunal- de acosarla con descripciones de películas pornográficas y otros materiales cuando trabajaban juntos en una oficina del Estado, en la década del 80 . De igual manera, Thomas fue confirmado por el Senado, en una votación muy ajustada y, para mucho, poco digna para un juez de la Corte (52 republicanos contra 48 demócratas).

Cabe señalar una coincidencia más: Thomas y Kavanaugh sirvieron como jueces en un destacado tribunal de apelaciones de su país, con sede en Washington.

Ciertamente, los nombrados excesos por quienes los cometen son graves y merecen el reproche social y legal correspondiente. Mas sería siempre conveniente, en la medida de lo posible, que no sean retraídas en el tiempo dichas denuncias, puesto que eso lo único que avala es que sigan reproduciéndose otros hechos con otras personas y, eventualmente, como sucedió con los dos jueces hoy de la Corte Suprema de EEUU, el tiempo transcurrido y la complicidad de la política partidaria que en todos los terrenos hacen valer su poder protoplástico y posibilitan definiciones no equilibradas.

Pero no es a dicha materia a la que me quiero referir sino a una retahíla que vuelve a poner sobre el terreno al juez Clarence Thomas, quien, con su accionar actual, sólo ratifica aquella verdad de Perogrullo "quien inicia mal no puede terminar bien".

Los acontecimientos recientes que revelaremos y las inacciones de la Corte Suprema en dicha materia, desgraciadamente se trasladan a todos sus integrantes -como sucede en todo tribunal colegiado, más allá de la instancia de la que se trate- y es obvio, así, que habrán de pagar justos por pecadores. La jueza de la Corte Sonia Sotomayor ha señalado públicamente tristeza por ciertos comportamientos y la falta de acciones que el tribunal ha tenido en orden a la ética judicial.

Coloquemos un contexto acerca del funcionamiento de la ética judicial en EEUU en cuanto concierne a los jueces federales, puesto que, respecto a los estaduales, hay una cierta heterogeneidad. Existe en dicho país, desde el año 1973, un Código de Conducta para Jueces Federales, promulgado por la Conferencia Judicial, que en 1987 pasó a denominarse Código de Conducta para los Jueces de los EE.UU. El nombrado código, fiel al pragmatismo estadounidense, se compone de siete reglas que se nombran cánones.

Con tiempo, cada uno de esos cánones ha merecido una suerte de comentario que les van brindando una adecuada consistencia. Llamamos la atención, ahora, lo relacionado con la regla 6, que reza de la manera siguiente: “El juez deberá presentar regularmente informes de compensación recibida por actividades relacionadas con la ley y extrajudiciales”. Dicho canon ha sido la puerta de entrada, no solo para involucrar los comportamientos privados con trascendencia pública en materia económica y fiscal del juez, sino para proyectar el radar ético en la mayoría de los comportamientos privados de los jueces de dicha Corte.

Sin embargo, cabe señalar que el régimen ético para los nombrados jueces de la Corte tiene una ruta diferente de la que llevan los casos de los jueces federales. La Corte está sometida a un autorrégimen ético, para lo cual los cánones son una fuente inspiradora, todo lo que se explica acorde a la jerarquía del tribunal y, supuestamente, la entidad de sus ocupantes.

Mas lo cierto es que los acontecimientos que se han producido recientemente han puesto en evidencia la gravedad de una morosidad ética que comienza a ser denunciada de manera pública por ámbitos profesionales, académicos y ciudadanos. Con ello, se materializa insospechadamente una desconfianza que cala en las mismas sentencias judiciales, según revela una compleja investigación académica.

En una sesión, en el año 2019, de la Comisión del Senado de EEUU, el juez Samuel Alito y la jueza Elena Kagan, de la Corte Suprema, quienes informaron acerca de la mencionada dificultad para construir un código y que tratarían de zanjarla a la brevedad; en otra visita reciente el actual presidente de la Corte, John Roberts, reiteró eso mismo, adelantando un texto escrito consensuado intitulado Declaración de Principios y Prácticas Éticas (25/4/23), que fue considerado insuficiente por el senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, y adelantó que, de no encontrarse a la brevedad dicho instrumento, será provisto por ese cuerpo legislativo, puesto que es inadmisible que no exista tal hoja de ruta ética en ese ámbito.

Todo ello es sólo parte de la escenografía de una tragedia ética que la Corte Suprema está atravesando, que se maximiza cuando todos los actores de ella, por acción u omisión, son responsables de algo que un conjunto de investigadores de diferentes universidades de EEUU ha puesto de manifiesto: cierto paralelismo en la deslegitimación ciudadana de los tribunales cuando los comportamientos morales de sus jueces son considerados negativos.

Ello me recuerda que varios años atrás intercambiamos opiniones en público con un destacado colega del foro local, acerca de la naturaleza y razón de ser de los tribunales de ética en los poderes judiciales; lo cual para el nombrado era de ineficacia, y por nuestra parte, hoy más que ayer, lo advertimos como un elemento que tracciona sobre la generación de confianza pública y, con ello, coopera a la legitimación de los jueces y también a su rol contramayoritario que hoy, por ignorancia, se encuentra discutido como disfuncional.

Para concluir, sólo habremos de señalar que investigaciones periodísticas de los últimos meses han puesto a la luz comportamientos impropios y comprometidos del juez Clarence Thomas, ya no vinculados con acoso sexual sino con otros eventos incompatibles con su función, que mantuvo ocultos, violando el canon 6. Ellos se enmarcan en la relación personal que tiene con el multimillonario inmobiliario y donante republicano Harlan Crow, quien ha pagado, durante años, lujosas vacaciones del juez y su esposa; como también tratos inmobiliarios con él, no revelados, y otras cuestiones de dinero y atenciones.

A ello hay que sumar que otro juez de la Corte, Neil Gorsuch, quien tenía en venta una propiedad al menos dos años antes de ingresar a la Corte, días después de su juramento encontró comprador, a la sazón el director Ejecutivo de Greenberg Traurig, uno de los bufetes de abogados más grandes del país, con una sólida práctica ante la Corte. Gorsuch en su informe destacó la venta pero no el comprador.

Una acotación final. En nuestro país, por defecto le alcanza a la Justicia federal y/o nacional el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Sería un gesto importante que el Consejo de la Magistratura de la Nación lo recuerde expresamente, como también recuerde que le es aplicable a la Corte Suprema, al propio consejo y que se expande a la totalidad de camaristas, jueces y funcionarios. Sin embargo, sería un acto de política judicial comprometida de manera republicana que se dicte un código ético para dicho espacio y se actúe en capacitación sobre ella en forma activa.