Desde tiempos inmemoriales, la ética, como estudio filosófico de la moralidad, ha influido y orientado las decisiones humanas. Sócrates, sin dejar ningún escrito, plantó la semilla del pensamiento ético occidental con su profunda creencia en un conocimiento moral universal. Esta perspectiva dialéctica, que busca la verdad por medio del cuestionamiento, sentó las bases para las reflexiones de su discípulo Platón, quien, en La República, explora las nociones de justicia, virtud y el bien, estableciendo un paradigma sobre cómo las «ideas» o «formas» influyen en nuestra realidad tangible.
Aristóteles, avanzando en esta línea, aportó una perspectiva pragmática y centrada en el propósito humano. Su Ética a Nicómaco aborda la eudaimonia o realización personal, presentando la virtud como equilibrio entre excesos. Sin embargo, no es hasta Immanuel Kant, en plena Ilustración, que se propone una ética deontológica, fundamentada en el deber y la intención intrínseca de nuestras acciones, presentando su «imperativo categórico» como un principio universal de conducta.
A lo largo de la historia, filósofos como John Stuart Mill y Friedrich Nietzsche han reflexionado sobre la ética desde perspectivas utilitaristas y existencialistas, respectivamente. Mientras Mill abogaba por maximizar la utilidad general, Nietzsche instaba a una reevaluación profunda de los valores tradicionales. Este panorama ético diverso se enriquece aún más con pensadores como Jean-Paul Sartre, quien defendió una ética de autenticidad, y Emmanuel Levinas, que veía la ética como un compromiso profundo con el «otro».
Dentro de este vasto espectro ético, la abogacía ocupa un lugar central. Desde los tiempos de Ulpiano en el Imperio Romano, quien afirmó que la justicia es la constante voluntad de otorgar a cada uno su derecho, la abogacía ha estado ligada a principios éticos inquebrantables. Esta profesión, enraizada en la defensa de derechos y libertades, exige más que la mera aplicación técnica de las leyes; demanda un compromiso moral y ético inquebrantable. Como bien señaló Edmund Burke, para que el mal triunfe, basta con que las personas éticas se abstengan de actuar.
El ejercicio ético también se extiende a otras profesiones, como las ciencias económicas. Warren Buffett sabiamente observó la fragilidad y la importancia de la reputación, al decir que toma sólo cinco minutos arruinar una reputación que se ha construido en 20 años. Esta observación destaca la trascendencia de la ética en el mundo profesional.
Finalmente, como señaló Platón,la ética se convierte en la medida verdadera del carácter y poder de un individuo. Más allá de las reflexiones filosóficas, la ética es esencial para la cohesión y justicia en nuestra sociedad. En un mundo en constante evolución, actúa como brújula, orientando decisiones y acciones hacia un futuro más justo y sostenible.
Crisis de la ética: reflexiones sobre el desafío contemporáneo
En el vertiginoso mundo de hoy, en el que la globalización y la tecnología han transformado radicalmente nuestra forma de vida, hemos presenciado un fenómeno preocupante: la crisis de la ética. Esta crisis, que trasciende fronteras y sectores, se refleja en numerosos escándalos financieros, corrupción gubernamental, desigualdades crecientes, así como en una desconexión palpable entre la moralidad proclamada y las acciones ejecutadas.
¿Cómo llegamos a este punto? Una de las causas subyacentes podría ser la priorización del individualismo extremo y del éxito a cualquier precio. Esta perspectiva, impulsada en parte por el capitalismo desenfrenado y la cultura de la celebridad, puede haber erosionado los cimientos éticos tradicionales. Se promueve la idea de que los individuos deben competir entre sí, en vez de colaborar, y que el fin justifica los medios.
Otro factor para considerar es la era de la posverdad en la que vivimos, en la que las emociones y las creencias personales a menudo eclipsan los hechos objetivos. En este clima, la verdad se vuelve elástica y se puede manipular para satisfacer agendas particulares, minando la confianza en instituciones, medios y líderes.
La tecnología, a pesar de sus innumerables beneficios, también ha jugado un papel. Las redes sociales, por ejemplo, han permitido la difusión instantánea de desinformación y la creación de cámaras de eco, en las que las personas se exponen sólo a opiniones similares a las suyas, limitando la empatía y el entendimiento mutuo.
Sin embargo, no todo es sombrío. La crisis de la ética también ha generado una respuesta vigorosa. A lo largo del mundo, surgieron movimientos que buscan restaurar la integridad, la transparencia y la responsabilidad en diversos sectores. Las generaciones más jóvenes, particularmente, están al frente de estas luchas, impulsando agendas como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la responsabilidad corporativa.
Restaurar la ética en el centro de la sociedad no es una tarea sencilla y no puede lograrse de la noche a la mañana. Requiere una reevaluación profunda de nuestros valores, una educación que fomente el pensamiento crítico y la moralidad, y líderes que prediquen con el ejemplo.
Es esencial que las instituciones, ya sean educativas, gubernamentales o corporativas, se reestructuren con la ética en su núcleo.
Al enfrentar esta crisis ética, debemos recordar que la ética no es una serie estática de reglas sino una conversación en constante evolución sobre cómo vivir bien en comunidad. A pesar de los desafíos contemporáneos, hay razones para ser optimistas. Con un compromiso genuino y una acción colectiva, podemos navegar por esta crisis y construir una sociedad más justa y ética para las generaciones futuras.
Crisis de la ética en la Justicia: un llamado a la reflexión y acción
La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Es el medio por el cual las personas buscan la resolución de conflictos, la protección de sus derechos y la reparación de agravios. Sin embargo, recientes acontecimientos en diferentes partes del mundo han sacado a la luz una creciente crisis de la ética en el ámbito judicial.
Esta crisis se manifiesta de diversas maneras: desde la corrupción y el soborno en los tribunales hasta la influencia indebida de poderes políticos y económicos en decisiones judiciales. También se observa en la falta de transparencia y en la lentitud procesal, lo que desencadena en muchos casos la impunidad y la falta de acceso real a la justicia para gran parte de la ciudadanía.
Asimismo, la percepción de que hay dos tipos de justicia, una para los poderosos y otra para el ciudadano común, mina la credibilidad y el respeto hacia las instituciones jurídicas.
El nepotismo y el clientelismo, que hacen que ciertos cargos judiciales se otorguen no por méritos sino por conexiones o favores políticos, erosionan la confianza del público en el sistema.
Varias causas se entrelazan para arribar a esta situación. En algunos casos, la politización de la justicia, que hace que los poderes judiciales sean vistos como extensiones de los poderes Ejecutivo o Legislativo, ha llevado a la pérdida de independencia y autonomía. En otros, la falta de recursos adecuados y capacitación ha llevado a sistemas judiciales ineficientes y susceptibles a influencias externas.
Sin embargo, quizás, en el corazón de esta crisis yace un olvido de la vocación esencial de la justicia: servir a la verdad y al bien común. La justicia, en su esencia, debe ser imparcial, transparente, y actuar con integridad. Cuando los actores judiciales -sean éstos jueces, fiscales o abogados- se desvían de estos principios fundamentales, la justicia misma se ve comprometida.
Frente a este panorama, es esencial no sólo reconocer la crisis sino también actuar decisivamente para resolverla. Esto implica reformas estructurales, como la profesionalización y capacitación continua de los actores judiciales, mecanismos transparentes para la designación de cargos, y un fuerte compromiso contra la corrupción.
También es esencial promover una cultura de ética judicial, en la que se fomente el debate, la reflexión y la formación en valores éticos.
Por último, la sociedad civil tiene un papel crucial en este proceso. La vigilancia ciudadana, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación pueden ejercer una presión constructiva para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y rectitud en el sistema judicial.
En conclusión, aunque la crisis de la ética en la justicia es un desafío formidable, con voluntad política, reformas estructurales y el compromiso de toda la sociedad, es posible restaurar la confianza y la integridad en uno de los pilares más esenciales de nuestra convivencia democrática.
Crisis en la labor legislativa: desafíos y oportunidades
La labor legislativa, columna vertebral de la estructura democrática de cualquier país, enfrenta desafíos que cuestionan su eficiencia y legitimidad. La percepción de que las instituciones legislativas no responden adecuadamente a sus responsabilidades ha llevado a una crisis que demanda una revisión y renovación urgente.
Una de las principales preocupaciones es que, en lugar de centrarse en propuestas para el bienestar colectivo, la actividad legislativa a menudo parece dominada por intereses partidistas.
Las decisiones se toman con base en agendas políticas específicas más que en función de las auténticas necesidades de la sociedad.
A esto se suma la sensación generalizada de que los procesos legislativos son excesivamente lentos y burocráticos, lo que genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.
La falta de transparencia en la toma de decisiones, sumada a las relaciones ambiguas con grupos de interés y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, sólo agravan la desconfianza ciudadana. Además, se percibe una creciente desconexión entre los legisladores y las realidades y demandas de quienes ellos representan.
Para superar estos retos, es imperativo implementar cambios significativos en el mundo legislativo. Incorporar mecanismos que fomenten una mayor participación ciudadana en el proceso legislativo es esencial. Esto puede incluir desde consultas populares hasta herramientas digitales que permitan una interacción fluida entre legisladores y ciudadanos. Es igualmente crucial que los legisladores actúen con total transparencia, explicando no sólo sus decisiones sino también el razonamiento detrás de ellas.
La formación y actualización constantes de los legisladores, abarcando no sólo aspectos legales sino también éticos y de gestión pública, se vuelve indispensable. Además, es vital simplificar procedimientos legislativos para asegurar eficiencia y celeridad, especialmente en asuntos de urgencia.
La crisis actual en la labor legislativa puede ser también una oportunidad. Es el momento para reformular cómo las democracias abordan la creación de leyes, reafirmando el compromiso de los legisladores con el bien común y la justicia.
La crisis en el ámbito del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo, responsable de implementar y ejecutar las leyes y de administrar los asuntos diarios de un gobierno, ha enfrentado en diversas ocasiones períodos de crisis que han cuestionado su autoridad, efectividad y legitimidad. Estas crisis tienen múltiples facetas y a menudo resultan de la interacción compleja de factores internos y externos.
Uno de los desafíos más recurrentes es el desequilibrio en la distribución del poder. En algunas naciones, vemos un Ejecutivo que acumula más poder del que le correspondería dentro de una estructura democrática equilibrada, opacando a los otros poderes del Estado. Esta centralización puede llevar a decisiones autocráticas, alejando al gobierno de un sistema de checks and balances esencial para una democracia saludable.
A ello se suma una percepción, cada vez más extendida, de falta de transparencia y de responsabilidad.Los escándalos de corrupción, la falta de claridad en la toma de decisiones y una comunicación ineficiente han generado desconfianza en la población hacia sus líderes ejecutivos. L
La gestión de la información, especialmente en tiempos de crisis, es decisiva para mantener la confianza pública. Si los ciudadanos sienten que se les oculta información o que se les presenta de forma sesgada, la confianza en el Ejecutivo puede erosionarse rápidamente.
Otro factor de preocupación es la desconexión percibida entre las promesas de campaña y la acción real una vez en el cargo. Si bien es comprensible que no todas las promesas puedan cumplirse, una brecha significativa entre lo prometido y lo realizado genera cinismo y apatía entre el electorado.
La solución a estos desafíos requiere un compromiso genuino por parte del Poder Ejecutivo de regirse por principios de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana. Es fundamental establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de comunicación abierta con la ciudadanía. También es vital que el Ejecutivo trabaje en colaboración con los otros poderes del Estado, respetando las competencias y roles de cada uno.
Finalmente, la crisis en el ámbito del Poder Ejecutivo puede ser vista no sólo como un problema sino también como una oportunidad para renovar compromisos, redefinir estrategias y fortalecer la estructura democrática de un país. Es una invitación a reforzar la esencia de la gobernabilidad y a restablecer la confianza de la población en sus líderes y en las instituciones que los representan.
Epílogo
Cuando una crisis afecta de manera generalizada a una sociedad, las repercusiones son profundas y llegan a tocar cada rincón de la vida cotidiana. Una desestabilización económica es a menudo el primer signo visible, caracterizado por recesiones, pérdida de empleos y una caída en la producción y consumo. Las empresas pueden enfrentar desafíos insuperables, llevando al desempleo y a dificultades financieras para muchas familias.
Paralelamente, se puede observar una polarización política donde las facciones políticas se enfrentan y se culpan mutuamente, generando desconfianza en las instituciones gubernamentales y judiciales. Esta desconfianza puede ser tan profunda que lleva a la ciudadanía a cuestionar la capacidad y legitimidad de estas entidades.
En el ámbito social, los grupos más vulnerables pueden enfrentarse a una creciente desigualdad, lo que a su vez puede catalizar un aumento en la delincuencia y otros signos de descontento. La incertidumbre y la inestabilidad que trae consigo una crisis de esta magnitud también tienen un fuerte impacto psicológico, pues genera ansiedad, estrés y una sensación generalizada de desamparo.
Además, no es raro ver desplazamientos masivos de poblaciones, ya sea dentro de un país o hacia el exterior, en busca de refugio de las condiciones adversas. Los valores y tradiciones culturales, así como las instituciones educativas, pueden verse amenazados o adaptarse rápidamente a nuevas realidades. Las relaciones comunitarias y familiares, que suelen ser el pegamento de la sociedad, también pueden verse tensionadas, lo cual erosiona la solidaridad y la cohesión social.
Con todo, en medio de estas adversidades, también hay espacio para la innovación y la adaptabilidad. Las sociedades, pese a los desafíos, pueden encontrar formas innovadoras de enfrentar y superar las dificultades, llevando a transformaciones y evoluciones que, con el tiempo, pueden fortalecer la resiliencia comunitaria.
Ante las próximas elecciones presidenciales, es esencial resaltar la importancia de informarse y participar. La democracia se robustece cuando los ciudadanos se involucran de manera activa y consciente. Por lo tanto, cada persona debería dedicar tiempo a conocer a profundidad a los candidatos, sus propuestas y su visión para el país, y no basarse únicamente en slogans o discursos emocionales.
En la era digital, las noticias falsas se propagan con rapidez. Es vital ser crítico y verificar la autenticidad de cualquier información antes de compartirla o basar decisiones en ella. Los debates y foros son espacios donde se puede escuchar directamente a los candidatos y comparar sus respuestas, lo que puede ofrecer una visión más clara de lo que cada uno representa.
Más allá de las promesas inmediatas o de campaña, es esencial reflexionar sobre las necesidades y el bienestar a largo plazo del país. Cada voto es una herramienta poderosa y, como tal, debe ejercerse con responsabilidad, sin ceder a presiones externas o influencias pasajeras.
La convivencia democrática también implica promover un ambiente de respeto en las discusiones, independientemente de las inclinaciones políticas. Es crucial fomentar la tolerancia y el entendimiento. Finalmente, el compromiso cívico no termina en la urna: seguir de cerca las acciones del gobierno electo y continuar participando en la vida política son esenciales para la construcción constante de una sociedad más justa y equitativa.
Notas adicionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia al concepto de ética en varias oportunidades y frente a diversos escenarios. Por ejemplo, el Alto tribunal ha expresado: “El deber de tributar se encuentra fundado en sólidas bases de naturaleza ética y en principios sociales, jurídicos y políticos, en virtud de los cuales no parece discutible que quienes se encuentran en relación con ciertas manifestaciones de capacidad contributiva elegidas por el legislador, deban respetar el pago de determinados gravámenes; pero a ese deber de tributar le corresponde un correlativo derecho del Fisco a recaudar, derecho que encuentra su límite en la definitiva configuración del hecho imponible, esto es, en la efectiva exteriorización de la capacidad contributiva” (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite, Fallos: 344:1887, 05/08/2021).
También ha resuelto: “La decisión de rechazar el beneficio de los arts. 2° y 3° de la ley 24.018 al juez de la Corte Suprema que fue removido por juicio político es la única que concilia la totalidad de las normas constitucionales y legales en juego con los valores ínsitos en nuestra Carta Magna, ya que no es razonable entender que el constituyente quiso crear una situación de protección previsional especial para aquellos que en el ejercicio de las altas funciones que le fueran atribuidas hayan incurrido en su mal desempeño, a fin de no vulnerar la concepción ética que inspiró la Constitución Nacional” (“Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social s/ Proceso administrativo – Inconst.”, 16/03/2016, Fallos: 339:323). Con vinculación al ejercicio de algunas profesiones, el Tribunal cimero ha dicho: “(…) condiciones en que sus integrantes deben actuar conforme su propio Código de Ética Profesional” (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda – Del dictamen de la Procuración General al que remiten-.
“Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/ despido”, 19/02/2015, Fallos: 338:53). De semejante modo, la Corte federal ha puesto de resalto la “… idoneidad funcional y ética que se exigen para pertenecer a esta magistratura…” (“Benítez Omar Danilo c/ Consejo de la Magistratura”, 20/10/2009, Fallos: 332:2307). También ha nulificado “… actos que afectaron la dignidad y la ética universitaria…” (“Loza de Chávez Maria Isabel y Estrada Carmen Rosa s/Impugnación Art. 32 de la Ley 24521”, 24/02/2009, Fallos: 332:161).
En particular referencia a la ética republicana, ha decidido: “Entender la ‘inhabilidad moral’ a la que se refiere el art. 66 de la Constitución Nacional en referencia a la ética republicana del diputado implicaría un concepto bastante difuso y, en consecuencia, riesgoso, puesto que la conducta republicana es interpretada de diversa manera y, por ende, producto de una valoración subjetiva que, apenas se intenta objetivar, directamente desemboca en la ideología o concepción del mundo y de la política que tenga quien la enuncia (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni -Del precedente «Bussi», al que remitió el voto-. “Patti Luis Abelardo s/Promueve Acción de Amparo c/Cámara de Diputados de la Nación”, 08/04/2008, Fallos: 331:549).
En el precedente mencionado, la Corte decidió: “Sostener que existe un poder para rechazar el título de toda persona que viola ‘la ética republicana’ puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger, los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las proporciones; la historia enseña que las mayorías pueden tener momentos en que se aparten del buen juicio y del equilibrio, y en tales casos una persona puede ser excluida porque su comportamiento es contrario a la ética republicana” (“Bussi Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación – Cámara de Diputados) s/Incorporación a la Cámara de Diputados”, 13/07/2007, Fallos: 330:3160).
También el voto en disidencia del Dr. Zaffaroni ha resuelto: “Si bien es deber jurídico del contribuyente pagar sus impuestos y también es deber jurídico del Fisco percibirlos y exigir su cobro, nunca puede ser deber jurídico del Fisco cobrar lo pagado, cuando sabe que se ha pagado y así lo reconoce, porque el Estado constitucional no puede actuar en forma contraria a la ética republicana; a ningún ciudadano se le podría explicar lo contrario razonablemente y convencerlo de que es correcto cobrar una deuda pagada (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni, “Fisco Nacional – Dirección General Impositiva c/ Llamenos SA s/Ejecucion Fiscal”, 06/11/2007, Fallos: 330:4749).
(*) Especialista en derecho tributario y penal tributario. Profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista
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