La Constitución del Imperio Romano

No debidamente valorada, resulta una de las normas históricas fundamentales del derecho público occidental

Por Luis R. Carranza Torres

Una tabla de bronce, actualmente en los Museos Capitolinos de Roma, contiene una de las normas fundamentales más trascedentes y más dejadas de lado en la historia: aquella que establece el imperio romano. O, más propiamente, la que delinea desde lo jurídico la magistratura más absoluta de aquella civilización: la del emperador.
La llamada Lex de Imperio Vespasiani, escrita en ella, confiere facultades de gobierno y privilegios a Vespasiano, en su carácter de Imperator CaesarAugustus, título que denominaría en adelante a los emperadores romanos. Es la formulación jurídica de Roma como imperio, luego de una centuria de avances, de facto, en tal sentido.
Por siglos, los romanos, sobre todo la parte más poderosa e ilustrada del patriciado, se había opuesto a la figura de un rey o emperador. Su vocación republicana no nacía del orgullo sino del conocimiento de lo delicado que puede ponerse la vida de todos cuando se confiere el poder a un solo hombre. Por ello, ninguna magistratura era única, salvo por la del dictador, de carácter extraordinario y transitorio. Pero mantener una república requiere de un esfuerzo conjunto y determinados valores cívicos de al menos gran parte de la sociedad. Y nada estaba más lejos de las rencillas de egos, las envidias y los egoísmos personales que habían jalonado su historia política.

La tradición de un hombre fuerte que gobernara la difícil Roma y se encargara del cada vez más complejo imperio había sido una constante desde Julio César en adelante. Augusto estableció, disimuladamente, bajo la figura «Princeps» o «primer ciudadano», un intermedio que salvaba las formas republicanas a la par deconferir un poder absoluto. Fue un interludio de tranquilidad institucional que luego no se recobraría con ninguno de sus sucesores. Cuando, a la caída de Nerón y su gobierno del terror, le siguió una guerra civil con cuatro generales declarándose emperadores, muchos entendieron que urgía regular el poder de un modo más claro y contundente; sin los disimulos de Augusto. El denominado «Año de los Cuatro Emperadores» mostró como nunca antes la debilidad de una estructura imperial de facto, asentada en la voluntad del propio emperador o las prácticas previas de sus antecesores.
Compartía dicha idea el triunfador de tal contienda civil, Tito Flavio Vespasiano, deseoso de legitimar desde el derecho el poder que había adquirido por la espada. Más cuando, dentro de esa Roma orgullosa de sus genealogías ilustres, su familia no procedía del patriciado ni emparentaba con nadie, sino que provenía del llamado «ordo equester», careciendo por tanto de antepasados en los que asentarse.

En rigor de verdad, con el dictado de la norma no se hizo más que formalizar un estado de cosas que ya se venía dando, buscando asegurar un poder fuerte y de cabeza única para el Estado, haciendo a un lado las viejas formas republicanas que ya no distraían a nadie.
Revela en su contenido, un escrupuloso desarrollo de las funciones imperiales: «….Que Vespasiano sea autorizado a hacer tratados con quien quiera (… )»Que pueda presidir el Senado, presentar o rechazar propuestas, votar senado-consultos por relatio o discessio, (…) Cuando por su voluntad, su autorización u orden el Senado celebre sesión sea ante su representante, sea ante él mismo, que tenga validez jurídica cuanto allí se decida y que se obedezca, como si el Senado hubiese sido convocado y hubiese actuado conforme a la ley».
No era una magistratura más ni sólo la más importante. Estaba por sobre las otras e incluso por sobre los comicios, ya que: «En relación con los candidatos a una magistratura o a un desempeño importante por su potestas o su imperium, o a una curatio, a los que él haya recomendado ante el Senado o el pueblo romano, o a los que haya dado o prometido su sufragio, que se les tenga en cuenta fuera del orden normal de las elecciones».

Su poder se extendía a lo sagrado, pudiendo restringir o aumentar los límites sagrados de Roma «cuando crea necesario hacerlo para el bien público». Se le otorgaba también: «Que posea el derecho y el poder de cumplir y hacer cuanto considere útil para el bien público y la majestad de las cosas divinas, humanas, públicas o privadas, en la misma medida en que este derecho ha sido reconocido al divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Que el emperador César Vespasiano sea dispensado de obedecer las leyes y plebiscitos de cuyo cumplimiento se eximió al divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico (…) Y que los actos ejecutados, los decretos dictados por el emperador César Vespasiano Augusto, sea por orden suya o por orden de uno de sus delegados antes de esta lexrogata, que sean tenidos conformes con el derecho y ratificados come si hubiesen sido realizados por orden del pueblo o de la plebe».

En definitiva, todo el poder iba a uno. La norma sirvió no sólo para delinear el rol de los emperadores en los siglos venideros sino para influir en el tiempo la de otros gobiernos autocráticos o hegemónicos. Por ejemplo y entre nosotros, en las «facultades extraordinarias» o la «suma del poder público» de Juan Manuel de Rosas durante su desempeño como gobernador de Buenos Aires durante la época federal.
Era la partida de defunción de una república occisa hacía ya tiempo. Nada garantizaba el texto respecto de la vida de los ciudadanos y quitaba poder a los comicios para darlo a un único individuo. Pero de peor o mejor forma, aseguró la supervivencia del imperio romano por varias centurias más en la historia.