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Irresponsabilidad internacional

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Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

La semana pasada hablábamos de ciertas cuestiones en el conflicto ruso-ucraniano que, ante la magnitud del ataque de la Federación Rusa, pasan un poco desapercibidos.

Antes todo, éste es un conflicto que podía haberse evitado. Ucrania hoy, como Polonia en la Segunda Guerra Mundial, parecen quedar como países de cambio en el tablero de ajedrez de las superpotencias.

En 1939, pese a ser garantes de la independencia polaca, ni Gran Bretaña ni Francia enviaron allí un solo soldado luego de haber sido invadida por Hitler y días después por la URSS. A pesar de haberle declarado la guerra a Alemania -no a los soviéticos-, no hubo reacción militar desde el oeste. Tampoco luego de finalizado el conflicto, ni uno ni otro hizo nada cuando los soviéticos se la apropiaron e instalaron un estado satélite.

Es más, dejaron que ello pasara. Cumplían con lo acordado en Yalta, se debía eliminar el nazismo pero no los totalitarismos.

En el caso de la guerra en Ucrania, el presidente Biden se la pasó advirtiendo de las consecuencias inmediatas, fatales, terminantes de un ataque ruso, para decir luego el primer día de la guerra que no enviaría ni un solo soldado estadounidense a Ucrania. No fue el único en eso de echar kerosén al fuego para luego esconder la manguera. 

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, el premier británico, fuertemente cuestionado en el frente interno por haber violado su propia cuarentena con una fiesta en la residencia del primer ministro, sobreactuó también para luego hacer su juego cuando la situación de tensión estalló finalmente.

El papel crucial de la Cruz Roja Internacional y de los organismos que ayudan mucho para minimizar los efectos de los combates y que no afecten bienes sanitarios, culturales o esenciales para la población civil, brilla asimismo por su ausencia.

“Parece como si les dejaran allanado el camino a los rusos a que violen la ley internacional para después poder enrostrarles esos delitos”, nos dijo un experto en política internacional que consultamos la semana pasada.

Tal vez ése sea el punto crucial del asunto. Durante años la comunidad de naciones ha convivido de manera cómplice con países gobernados por autócratas, los cuales,  amparados por su poder militar y/o económico, se encargan sistemáticamente de violar los derechos humanos de sus ciudadanos y el derecho de los países vecinos suyos y de sus habitantes, sin siquiera levantar la voz para evitar que ello ocurra. Sólo reacciona cuando el que así se comporta resulta el dictador de algún país chico de la periferia del mundo.

Millones de refugiados, una cifra de muertos en aumento, de ambas partes —aunque los muertos civiles son ucranianos—, sanciones por doquier pero ningún

ofrecimiento de un país central para mediar. Ninguna presión de éstos para sentar las partes a negociar o para lograr un alto el fuego estable. Solo Bielorrusia (con las legítimas sospechas que genera que un país satélite de Rusia haga este ofrecimiento), por un instante, o Turquía o Israel han tomado esa tarea con algún esfuerzo.

Parece que también esta guerra es un negocio para algunos a costa del sufrimiento de todo un pueblo. ¿Y si en vez de aumentar los odios, de querer provocar temores de una nueva conflagración mundial, no probamos con esforzarnos para lograr la paz, para disminuir la brutalidad de la guerra en lo que ya está normado en el ámbito internacional?

Los irresponsables de anteayer, que elevaron la voz en vez de intentar un manejo negociado de la crisis, hoy usan la guerra para posicionar sus intereses en el nuevo orden mundial que parece estar originándose. Mientras tanto, el país agresor avanza a tierra arrasada en busca de satisfacer sus demandas e intereses sin respetar el derecho de la autodeterminación de los pueblos ni los derechos fundamentales de los ucranianos.

“La vida vencerá a la muerte y la luz a la oscuridad”, expresa una frase ucraniana que la revista Times publicó en su portada del 3 de marzo. Rogamos porque así sea. No muchos Estados están ayudando a eso.


(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

Comentarios 2

  1. huele a contubernio…!!!

  2. Susana novas says:

    Muy buen artículo.. lamentable situación ¡¡¡

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