ESCUCHAR
En diversas ocasiones me he referido en estas contratapas, con mucha pena -sin duda-, a lo poco que se hace en nuestro país y en especial en el ámbito federal por la cuestión de la ética judicial.
He señalado también la diferente preocupación que los poderes judiciales provinciales tienen, respecto a dicha temática, de la que existe en el orden federal y nacional. Para los primeros, en el caso más serio, puede tratarse de una materia por complementar, fortalecer o desarrollar. Mientras que para los segundos es un ámbito que no han descubierto y que, además, no encuentran por lo general en él mucho interés.
Existe, para quienes así piensan, una ganada antipatía a estas cuestiones, que viene a alterar el batallar que los jueces federales y nacionales tienen con los temas jurisdiccionales, políticos e ideológicos. Por ello, agregar una nueva problematización no parece saludable.
Naturalmente que además de estos aspectos operativos podrán coexistir otros más profundos, que calan en construcciones morales que dichos poderes judiciales pueden tener y de los que se precian de poseer. En algún aspecto, parece que los temas éticos son materia de ocupación de los jueces y juezas provinciales y no de todos aquellos que son magistrados. Falacia notable aunque cierta.
En el ámbito nacional, hasta donde nosotros conocemos, ésta es la tercera ocasión que una dependencia importante del Poder Ejecutivo Nacional toma el compromiso de colocar el tema de la ética judicial en la agenda pública; ello no puede dejar de ser señalado, aplaudido y acompañado.
Son los pequeños signos los que alientan a pensar que muchas cuestiones pueden ser mejores o al menos comenzar un extenso y escarpado camino que habrá que transitar para tal resultado. Si alguna vez queremos tener en nuestro país una justicia más independiente e imparcial, como también con mayor integridad, corresponde fortalecer temas de la ética judicial.
Vuelvo a señalar lo que ya he apuntado: no sólo se trata de pensar, proyectar y realizar las mejoras en las instituciones judiciales, en los códigos y en la infraestructura judicial, puesto que el auténtico trabajo -sobre el cual no se ha avanzado tal como era lo previsible después de la reforma de la Constitución de 1994 para la Justicia federal y nacional- era que el Consejo de la Magistratura nacional hiciera procesos de selección de candidatos para ocupar plazas judiciales que, más allá de la formación técnica que pudieran poseer los postulantes, fueran personas con auténticos compromisos éticos y de integridad y que no admitieran tachas severas por la sociedad.
Ello, en general, no ha sucedido. Mas lo importante es que las cosas pueden cambiar para bien. Posiblemente también para peor.
En los consejos de la magistratura provinciales, con sus claroscuros, las cuestiones han marchado un tanto mejor, sin desconocer problemas serios que en algunas jurisdicciones existen. Pero como en la mayoría de ellas existen parapetos éticos, éstos hacen que dichos problemas no se conviertan en endémicos. Sin embargo, como las convicciones éticas de los jueces, a pesar de todo, son todavía de baja densidad, los problemas morales emergen de modo recurrente.
Lo cierto es que el Gobierno nacional, a partir del Consejo Económico y Social -formalizada su puesta en funcionamiento mediante el decreto nacional 124/2021, a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz- ha tenido la excelente idea de generar un foro que lleva como título “Rumbo a un fortalecimiento de los códigos de ética judiciales”. Este evento, tal como adelanté, es el tercero que se produce en los últimos 20 años, al menos promovido por el Poder Ejecutivo Nacional.
En los años 2017 y 2018, el Ministerio de Justicia de la Nación generó dos «Jornadas de Ética Judicial» y muchas de las personas que fuimos convocadas a ellas volvemos a estar presentes en esta cita, promovida por otro gobierno pero con el mismo interés por aportar tesis para proyectar una justicia mejor para los ciudadanos y, también, para los mismos jueces.
Cuestión esta última de la cual poco se habla pues existe, tanto en el orden nacional/federal como en algunas provincias, un modelo de realización judicial que difumina malestar en los jueces y juezas quienes, en rigor, sólo desean poder cumplir con su tarea tal como corresponde: libremente, en el marco constitucional.
Por ello, luego de felicitar al responsable del Consejo Económico y Social, Béliz, debo destacar que no me sorprendió la iniciativa puesto que, años atrás, cumpliendo Béliz funciones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue invitado por la Cámara de Comercio de EEUU, que organizaba -y sigue haciéndolo-, junto a la Universidad Católica de Córdoba, encuentros relativos a «Ética y Transparencia». Allí, Béliz brindó una exposición comprometida con la ética pública y la de los funcionarios.
Lo cierto es que la actividad de la cual estamos hablando se ha cumplido en el día de ayer, 13/7/2021, y felizmente puede ser reeditada por cualquiera. Ojalá que se convierta en un insumo importante para debates ulteriores. (La actividad está disponible en youtube.com/consejo_ar). Es interesante advertir de que se ha señalado en la presentación del evento que se trata del primer paso para la generación de una “propuesta de Código de Ética para toda la justicia argentina, con una dimensión federal”.
Recuerdo, como he señalado, que la mayoría de los poderes judiciales provinciales posee su código de ética y que sólo Córdoba tiene además en funcionamiento, desde el año 2003, el Tribunal de Ética Judicial autónomo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
El orden federal/nacional sigue rigiéndose por vetustas acordadas y algunos nuevos instrumentos que el Consejo de la Magistratura nacional ha producido. Pero, en todos los casos, con notable confusión entre lo ético y lo disciplinario. Por ello, salvo cuestiones muy graves o de mucho impacto mediático, quedan innumerables defecciones éticas al costado de todo interés en su abordaje institucional y de la información pública.
Posiblemente un código de ética judicial federal permita generar algún desahogo en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, y pueda entonces pensarse en una organización al estilo de la que tiene el Poder Judicial de Córdoba que, con certidumbre, es un modelo que empíricamente ha demostrado una razonable -aunque mejorable- eficacia.
Con total independencia de ello, atento a que es muy prematuro abrir juicio respecto al futuro, en la medida en que se pueda fortalecer un rumbo que todavía no está direccionado, todo lo que puede suceder será siempre ganancia para los justiciables.
Corresponde señalar que la apertura y el cierre de la jornada de ayer han contado con las presentaciones del presidente del consejo, Béliz, y de la consejera María del Carmen Battaíni, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de la República Argentina.
El primero de los paneles ha llevado como título «Principios éticos en el Poder Judicial, las ciencias jurídicas y ciencias sociales», y ha tenido como participantes a Rodolfo Vigo, Manuel Atienza, Alfonso Santiago y Alejandra Ronsini. El segundo, identificado bajo el lema «Equidad, Justicia y Responsabilidad Institucional», ha contabilizado como expositores a Luis Lozano, Armando Andruet, Alberto Binder y Roberto de Michele. El tercero de los encuentros tuvo el tema “Consejos y Colegios Profesionales. Ejercicio de la profesión», y sus expositores han sido Ariel Ariza, Eduardo Sodero, Juan Gilli y Rosalía Silvestre. Finalmente, el cuarto y último panel se intituló «Independencia, Honestidad y Prudencia» y ha tenido como interlocutores a David Solís, Luis Sánchez Rodríguez, Rosa Maggi Ducommun, Eduardo Fernández Mendía y David Patcham.
Huelga señalar que se ha convocado para los diferentes foros a lo más encumbrado en la materia de ética judicial del país y de España; esto es, filósofos, especialistas y académicos, a quienes se han sumado profesores universitarios en temáticas afines al Poder Judicial y representantes de poderes judiciales de diferentes provincias.
No deja de ser llamativo que, atento a que la mayor carencia que se tiene de la ética judicial es en la Justicia federal/nacional, no se haya convocado a ninguna persona vinculada con ese colectivo.
Esperamos con alegría entonces que la ética judicial en la Nación y las provincias deje de ser una temática de “inspirados” y sea un programa de todos los ciudadanos.
