Discapacidad: ese mirar para otro lado

Según datos del Indec (datos de 2018), 10,2% de la población de Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Este concepto comprende a todas aquellas personas que presentan alguna limitación o restricción para realizar diferentes actividades, independientemente de que su origen se remonte al momento de su nacimiento o hayan sido adquiridas durante su vida. Lo cierto es que ven afectada su salud y que inciden en su vida y desenvolvimiento diario. 

Durante la pandemia/cuarentena esta parte de la población fue una de las que más sufrió sus efectos. Según un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín y la Organización Nacional sobre Discapacidad en Argentina (ONDA), 77% de los entrevistados necesitó o necesita asistencia o ayuda en su vida diaria. Sólo pudo contar con ese auxilio 29% de ellos. Al mismo tiempo, 43% informó que no pudo continuar con su tratamiento médico durante el aislamiento.

Todas estas dificultades, además de ser en no pocos casos, personas con un riesgo adicional si contrajeran el coronavirus, llevaron a sugerir a Claudio Bernárdez, de la organización ONDA, en declaraciones a la agencia oficial Télam, que es necesaria «una acción urgente para garantizar que sean incluidas explícitamente en la planificación de emergencias públicas». 

Sin embargo, más allá de todas estas realidades y sugerencias, la realidad política de nuestro país parece ir en sentido contrario. Es que en el presupuesto nacional para 2021, la asignación destinada a los asuntos de discapacidad se ha visto disminuida en términos de valor real. Según una nota publicada en el diario La Nación, cuya autora es la presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada Leonor Martínez Villada, “entre el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para 2020 y 2021 hay un aumento nominal de 33%. Ahora bien, si la inflación proyectada para este año es de 38 a 42 puntos, estamos en presencia de una desinversión en términos reales, lo que provocaría otro impacto con graves consecuencias para las personas con discapacidad y sus familias, ya vulneradas sistemáticamente y mucho más en este contexto de pandemia y con las restricciones tomadas en todo el país”.

Para peor, esto acontece cuando en el mundo la evolución en el ramo ha pasado del tradicional modelo individual de la discapacidad, basado en las cuestiones médicas de cada individuo, no sólo al social, que promueve la superación de barreras excluyentes, sino al paradigma denominado “de derechos humanos”, en el cual se pone el acento en que las personas con discapacidad como titulares de derechos y obligaciones que resultan, deben contar desde el ordenamiento jurídico con las garantías necesarias para poder ejercer todos sus derechos y libertades libres de toda discriminación o exclusión.

Es algo que debería llamarnos a la reflexión en un país como Argentina, que en el ámbito internacional tiene mucho que ver con dicha concepción de los derechos de la discapacidad como parte de los derechos humanos. Una labor muy poco reconocida de una persona también poco reconocida como el abogado argentino Leandro Despouy, quien en 1992 presentó ante la ONU como relator especial el informe sobre “Los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad”, en el que se establecía por vez primera, de modo expreso, que la discapacidad era una cuestión de derechos humanos, en cuya solución debían participar todos los órganos de vigilancia de aquellos.

También esta política de desinversión pública en la materia va en contra de obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo. 

Pero, hoy por hoy, es otra más de las cuestiones que no se ve, no se tiene interés en ver o no se quiere ver, precisamente de aquellos que tienen a su cargo el deber de brindar respuestas.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales