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Exclusivo para Comercio y Justicia
El martes 13 pasado, se celebró el Día Internacional del Lenguaje Claro. Se recuerda el día en que Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, firmó el Acta de Escritura Simple, un instrumento que obliga a los entes administrativos federales a incorporar esta metodología en la redacción de los textos del gobierno de ese país. La ocasión es propicia para recordar que en Argentina también se han dado pasos para garantizar el derecho a comprender. A continuación, repasaremos algunos hitos significativos.
– Ley de Lenguaje Claro de la Provincia de Buenos Aires. Fue sancionada el 10 de septiembre pasado. “Se entiende por lenguaje claro, el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”, declara. También establece que sus disposiciones serán aplicables a los tres poderes del Estado provincial, los entes públicos no estatales, las sociedades del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Establece que la Suprema Corte de Justicia será la autoridad de aplicación de la norma en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
– Guía de Lenguaje Claro en el Poder Judicial de Formosa. Fue aprobada el 12 de agosto pasado por el Superior Tribunal de Justicia, mediante el acta N° 3058. Este instrumento busca que los operadores judiciales adopten un lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio que permita la comprensión del lenguaje que se utiliza en el ámbito forense, por parte de sus destinatarios. “Si una determinada decisión judicial afecta los derechos o intereses de un sujeto, en particular, éste por sí mismo debe poder entender cuáles han sido las razones por las cuales el Poder Judicial lo ha privado de algún derecho”, subraya.
– Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Mendoza. Fue creada por la resolución 36831 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 17 de septiembre de 2019. Su creación expresa el compromiso de las autoridades judiciales mendocinas por incorporar el lenguaje claro “en sus procedimientos, productos y servicios” y “promover un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, fortalecer la democracia, la transparencia, el acceso a la información pública y la confianza en las instituciones”.
– Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de Córdoba. Fue creado el 14 de agosto de 2019 por el acuerdo reglamentario 1581 del Tribunal Superior de Justicia. Este comité interdisciplinario asesora a órganos judiciales y a áreas administrativas en temas relacionados con la clarificación del lenguaje. “La finalidad del ente es promover acciones tendientes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente cuando éstos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables definidos en las Reglas de Brasilia, así como a la ciudadanía en general”, subraya el acuerdo.
– Buenas Prácticas para la Redacción de Textos Normativos de CABA. Fue aprobada el 4 de abril de 2019 por la Secretaria Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Insiste en que los agentes que intervienen en la redacción de actos de gobierno deben producir “textos comprensibles que faciliten la lectura a los destinatarios”. Explica que los textos normativos deben ser comprensibles. “La redacción debe ser simple y reducir el esfuerzo interpretativo de los destinatarios, aun cuando se trate de materias complejas”, enfatiza.
– Buenas Prácticas en Materia de Simplificación de la Administración Pública Nacional. El decreto 891/2017 fue firmado por la Presidencia de la Nación el 1 de noviembre de 2017. Dispone que las resoluciones sean simples, claras, precisas y de fácil comprensión. “Se propone el establecimiento de normas y procedimientos claros, sencillos y directos mediante la utilización de principios e institutos que pongan en primer plano a los ciudadanos, simplificando los requisitos que deben cumplir para poder llevar adelante su actividad, mediante la interacción digital y remota de los distintos agentes”, explica.
No sólo los Estados desarrollados están produciendo cambios paulatinos en la forma de comunicarse con la ciudadanía. La idea también está echando raíces en Argentina. Estos hitos muestran su impacto institucional. Pero, sin dudas, la eficacia de cualquier iniciativa siempre estará ligada con el compromiso de los operadores jurídicos para garantizar el derecho a comprender de las personas concretas con quienes interactúan. La microfísica de la claridad.
* Doctor en semiótica y licenciado en comunicación social
