Corrupción y el quiebre cultural

Por Alejandro Zeverín (*)

El conocimiento del “caso Odebrecht” marcó un cambio radical en la percepción ciudadana de los argentinos sobre la influencia que tiene la corrupción en el estándar de sus vidas. Cambió desde la aceptación como mal inevitable del sistema a sentirla como un enemigo al que hay que erradicar.
Los héroes anticorrupción Falcone y Borsellino, jueces italianos del recordado maxiproceso de Palermo -1986 y 1987- que se saldó con 360 condenas y más de 2.200 años de cárcel en penas, en Italia encabezaron el golpe más duro recibido por la Cosa Nostra desde la legalidad del Estado.
En aquella época en nuestro país fue sólo una anécdota el proceso italiano, a pesar de que hubo funcionarios asesinados por su valentía y compromiso. La autora de esas muertes fue la Cosa Nostra, para amedrentar a los delatores y a los poderes del Estado italiano. En perspectiva, fracasaron.
En 1992 continuó la embestida con el denominado proceso “manos limpias” -en italiano “mani pulite”- el proceso judicial italiano a cargo del fiscal Antonio Di Pietro.
Di Pietro y quienes lo siguieron vivieron para contarlo, continuadores de Falcone y Borsellino descubrieron la extensa red de corrupción que implicaba a políticos, empresarios y financistas, causando gran conmoción en la opinión pública italiana. Así se conoció la “tangentopolis”- “tangente” significa “soborno” en italiano y “polis” -en griego “ciudad”-. Cayeron gobiernos, fueron presos políticos y hasta un ex presidente tuvo que refugiarse en Túnez para evitar la cárcel. Con ellos cayeron intermediarios y empresarios ¿El centro del tema?: la mafia de la construcción en la obra pública.

Los criminólogos hemos desarrollado con numerosos trabajos de investigación la relación de las grandes constructoras con políticos y gobiernos. Es más, se sabe que en países con débiles instituciones, las constructoras que se cartelizan imponen los presupuestos de la obra pública, la que luego se reparten con la debida participación vía coimas de los políticos que las autorizan. De allí la vigencia del termino italiano tangentopolis en su significado literal en nuestro país. Brasil y Argentina son un ejemplo perfecto de esto y la provincia de Córdoba, un reflejo. Si se recorre el contenido de causas penales, los nombres de ilustres empresarios que en ellas aparecen involucrados, asustan.
Grandes empresarios ligados a la construcción y a los políticos cómplices no dejan de ser simples hampones, pero su relación con el poder los hace impunes, lo que no los excluye de ser los selectos miembros del crimen organizado. El criminólogo Federico Varese asegura, y con razón, que en general estas mafias florecen en áreas que se administran sin regulación. Ejemplo del Estado bobo con la lógica falta de acción institucional del poder judicial de turno.
¿Cómo hacen esas mafias para tomar el control de esos territorios? Simplemente impulsan transformaciones en la economía. Así, obras de infraestructura importantes no son la consecuencia del pensar geopolítico o necesidad de la nación y sus gentes sino de aquéllos, llegando así a crear países desarticulados en su desarrollo.
La mafias de las constructoras operan desde antaño y es una de las actividades económicas que no están bien reguladas. De allí que los mafiosos, a sus anchas, se desenvuelvan en este sector con su actividad corruptora.
Con relación a los vínculos que se tejen con las autoridades locales, los mafiosos de la construcción buscan desarrollar relaciones con los políticos porque tienen el poder regulatorio, garantizan los permisos para construir y son accesibles al ofrecimiento de sacar su propio provecho, además de vender su propia corrupción como hacedores de obra pública y con ello la obtención de votos. En respuesta, los políticos pueden facilitar permisos y relajar los controles sobre ciertas actividades. Lo que es más grave aún es la relación de estas mafias con el narcotráfico, que se da aunque todavía esa arista no aparece, porque se necesita la ruta narco del dinero y su habilidad y riesgo para lavar el dinero provenientes de coimas. Además, el narcotráfico puede proveer la mano de obra necesaria para resolver disputas.
En Argentina un pleito con condimento de corrupción lleva aproximadamente 12 años y los narcos lo pueden resolver mucho más rápido a favor de cualquiera de las dos partes. Sin justicia eficiente el panorama aparece como sombrío. Apareciendo entonces la transparencia muy alejada de la toma de decisiones y que en ese submundo mafioso, todo tiene que ver con todo.

En la Argentina de hoy, las principales obras en ejecución tienen a la empresa Odebrecht, cuyo presidente, sabemos, está preso. Además está la empresa Iecsa, que era hasta hace poco del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Pero también se ha mencionado como integrantes de ese selecto club de la obra pública (o de la felicidad por parte de Lázaro Báez cuando afirmó ”no fui yo, fuimos todos”) a las empresas Techint, Electroingenieria, Corporación América, Invap, Esuco, Cartellone, Carranza Rovella, JCR, Relats, Grupo Roggio, Chediack, CPC, Supercemento, Isolux, Petersen, Panedile, General Electric, Coarco, Siemens, Contrera Hermanos, Equimac, Comsa, Gancedo, Dycasa, Paolini, Ecodyma,  Vialmani, Pietroboni, Luis Losi Sa,  Green,  Guerechet SA, Duro Felgueras, Teyma Abengoa y Kopex.
Recientemente se revelaron datos estremecedores que han demostrado que la lucha contra la corrupción o represión al corrupto en nuestra provincia asombra o indigna, según como se tome el asunto, pero no va más allá porque todos sabemos el resultado.
En el plano local, según la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Córdoba no fue ajena a este megaescándalo que despertó el Lava Jato, debido a que el cambista Alberto Youssef entregó a la Justicia de Brasil una lista con 750 contratos donde habría intermediado en el pago de sobornos, entre los que se encuentra nombrada tres veces la Provincia de Córdoba en la obra de los gasoductos troncales del año 2008/9. Si bien esa licitación se cayó, finalmente Odebrecht se adjudicó la nueva licitación en 2016. La segunda convocatoria fue iniciada por el ex gobernador José Manuel de la Sota en 2015, pero fue el actual gobernador Juan Schiaretti quien cerró la operación al año siguiente.

Antes aparecieron por estos lares dos UTE (empresas asociadas): la ganadora estaba integrada por la brasileña Andrade Gutierrez (su presidente, Otávio Azevedo, hoy está condenado y empezó con su “delación premiada”), Iecsa (que fuera empresa de la familia Macri) y Britos SA, esta última con Horacio Miró como socio mayoritario, ligado a De la Sota. En la otra UTE, la perdedora de la licitación por los gasoductos, estaban la brasileña OAS cuyo presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, fue detenido y condenado en la operación Lava Jato y la cordobesa Electroingeniería. El ministro Ricardo Sosa dijo que no tenía nada que opinar al respecto, lo que es cierto.
Lo grave fue que ninguna de las empresas o empresarios, a pesar del escarnio público que implicó sus menciones, se presentaron ante la justicia demostrando que no operaban con la “caixa 2”, la de las coimas. Tampoco a la justicia le interesó saber si esos pagos existieron.
(*) Abogado penalista UNC – Master en Criminología U. Barcelona