ESCUCHAREl presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atribuyó el alza de la inflación y el descontrol de precios de la canasta básica de alimentos, de la garrafa de gas y de los combustibles a los impuestos regionales que cobran los gobernadores y a las cuarentenas adoptadas para combatir la pandemia de coronavirus, en medio de críticas a su modelo económico por parte del sector financiero, uno de los pilares de su gestión.
«Todo esto es consecuencia de quedarse adentro de casa por la pandemia, no es mi culpa, yo me opuse a eso», dijo Bolsonaro a radio Farol, de Alagoas.
Lo hizo al desentenderse del peor momento económico de su gobierno, con un índice de desempleo de 14,7% que incluye aumento de la tasa de interés, dólar muy por encima de los 5 reales y un precio récord del litro de nafta, que llegó a 7,20 reales (132 pesos) incluso en Estados petroleros por excelencia, como Río de Janeiro.
Además, la canasta básica de alimentos (CBA) mensual ya equivale a un salario mínimo, 1.100 reales (20.412 pesos o 209 dólares) según la estadística del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Diesse) y de la fundación de defensa del consumidor, Procon.
En los últimos 12 meses, el aumento de la CBA fue de 22%, de la energía eléctrica 14,2% y de 83% el del aceite de soja.
Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Paulo Guedes, reconoció que está dentro de lo esperado que Brasil duplique el índice de inflación para 2021.
Lo atribuyó a la «anticipación de la campaña electoral» de 2022, intentando vincular la disparada del precio de los alimentos al favoritismo en las encuestas del opositor expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT).
La inflación acumulada en 12 meses es de 9 por ciento mientras que el centro de la meta del sistema del Banco Central de Brasil desde la inclusión del Plan Real en 1994, es de 3,75%, con una tolerancia hasta 5,25 por ciento.
El Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA, el índice oficial) del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) avanzó 0,96% en julio, el mayor valor mensual desde 2002.
«Estados Unidos tiene prevista una inflación de 7, nosotros estamos jugando el mismo juego», afirmó Guedes, mientras crecen las críticas de sectores neoliberales al gobierno por haber prometido aumentar el costo de los planes sociales en 2022 (cuando Bolsonaro intentará ser reelecto) renegociando las deudas por sentencias de la justicia contra el Estado.
El diario Folha de São Paulo, crítico de la forma pero no del rumbo económico del gobierno, calificó esta situación como el «Costo Bolsonaro», es decir que agentes del mercado financiero que apoyan el rumbo económico del gobierno de Brasil desconfían de un aumento del gasto público con ayuda social de cara a la reelección de 2022.
Guedes explicó que es necesaria una ley para compensar el aumento del gasto para no romper el techo de éste, la ley sancionada por el ex presidente Michel Temer que durante 20 años impide el aumento del presupuesto, salvo por la inflación.
Bolsonaro ha visto su imagen erosionarse con la pandemia y la falta de capacidad del salario frente a la inflación.
«Yo bajé todos los impuestos federales, la culpa es de los gobernadores que no quieren renunciar a cobrar impuestos. El litro de nafta está en siete reales por culpa del aumento de los Estados, un valor extorsivo», dijo Bolsonaro a la radio de Alagoas.
La garrafa de gas hogareño subió a 130 reales en algunas regiones de Brasil, lo que llevó a las comunidades carenciadas (favelas) a reflotar las cocinas a leña.
Bolsonaro descartó involucrarse en la política de precios de Petrobras, la petrolera estatal, presionada por sus accionistas privados a repudiar posibles intentos de subsidios al precio de los combustibles, una discusión que intentó dar el ala desarrollista del gobierno, sin éxito.
La petrolera anunció aumentos mensuales de acuerdo al precio internacional.
Petrobras, que fue fundada en 1953 por el entonces presidente Getúlio Vargas -quien se suicidó en medio de una intentona golpista, un 24 de agosto de 1954-, se encuentra en fase de desinversión y venta de activos a privados.
En este marco, Lula da Silva fustigó la política de precios liberados de los combustibles: «Cuando vean el precio del combustible o a una madre de familia sin dinero para comprar una garrafa de gas, recuerden que este país necesita ser del tamaño de los sueños de Getúlio, no del tamaño de la pesadilla de Guedes y Bolsonaro», dijo.
Joelson Sampaio, profesor de Economía de la universidad Fundación Getulio Vargas (FGV), afirmó que la tendencia mundial es de una inflación elevada generada por una época de aumento del precio de los alimentos, pero que en el caso de Brasil existen “ruidos políticos, en medio de disputas de poder y discursos de autogolpe en el bolsonarismo”.
«Vemos que los países emergentes tienen una vulnerabilidad mayor a esta inflación, sumado a que en Brasil se ha agregado una variable porque se ha acelerado la política y los agentes económicos están elevando la percepción de riesgo. Son dos cosas, el aumento de la inflación sobre todo en los hogares de menores ingresos y la incertidumbre de la política», evaluó Sampaio.
Según datos de la FGV Social, el ingreso promedio cayó 11% en el primer trimestre de 2021 frente al mismo período de 2020, valor que se derrumba 21% cuando se toma a la mitad más pobre del país.
Según el estudio de la FGV, desde agosto de 2020 unas 32 millones de personas dejaron la clase media baja, llamada en Brasil clase C, que fue la estrella del consumo en los años de Lula (2003-2010), para ubicarse en las clases E y D.
Entre finales de 2020 y julio de 2021, la reprobación de Bolsonaro aumentó de 32% a 51%, según Datafolha.
No es casual, por ello, que en una gira política por la Región Nordeste, la más pobre del país, el expresidente Lula comenzó su precampaña defendiendo la agricultura familiar como regulador de los precios internos de los alimentos.
Racionamiento energético
Mientras la turbulencia económica amenaza al gobierno de Bolsonaro para 2022, éste firmó un decreto que obliga a toda la Administración pública nacional a reducir hasta 20% el consumo de energía hasta abril de 2022, incluido el uso de aire acondicionado, como una forma de enfrentar la peor crisis hídrica de los últimos 91 años.
La sequía en las cuencas hidrográficas ha reducido la capacidad hidroeléctrica; afecta también la Cuenca del río Paraná, en Argentina.
El decreto publicado en el Diario (boletín) Oficial federal busca racionar la energía desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022 y vale para los órganos de la Administración central, menos las empresas estatales.
La crisis hídrica provocó que Brasil accionara termoeléctricas para reemplazar las hidroeléctricas, con lo cual ha aumentado las tarifas este año.
Los reservorios de las regiones Sudeste y Centro-Oeste, que responden por 70% de la generación de energía de Brasil, tienen 23% de capacidad de almacenamiento, un nivel menor al de 2001, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso determinó el racionamiento energético en medio de una ola de apagones en las ciudades.
El decreto de Bolsonaro atiende a un pedido del Comité de Monitoreo Eléctrico, que recomendó medidas para mantener los reservorios de las hidroeléctricas, e involucra a 22.000 edificios propiedad del gobierno federal y a otros 1.400 inmuebles alquilados.
Entre las medidas ordenadas se encuentran «apagar el aire acondicionado en ambientes desocupados, limitar el frío hasta 24 grados y la calefacción a 20 grados y optar por la ventilación natural en días amenos».
También solicita apagar las luces en ambientes desocupados, usar sensores de presencia en baños, estacionamientos y pasillos y usar más las escaleras y menos los ascensores en edificios de pocos pisos.
Esta semana, la plataforma MabBiomas, integrada por profesores de universidades públicas y expertos de entidades ambientales, reveló un documento basado en informaciones satelitales que indicó que Brasil, una de las mayores reservas de agua del planeta, se está secando.
Las superficies cubiertas con agua dulce entre 1991 y 2020 se redujeron 15,7%, según el estudio.
La situación más crítica es la región del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Paraguay. Mato Grosso do Sul perdió 57% de su agua dulce y se transformó en un polo sojero desde fines del siglo XX, algo similar al segundo Estado en el ranking de sequía, Mato Grosso, la locomotora del agronegocio de Brasil.
