ESCUCHARPor Gonzalo Fiore Viani
El 15 de marzo es la fecha elegida por quienes buscan destituir los poderes legislativo y judicial de la mayor potencia de Sudamérica. Los medios también caen en el giro autoritario del Ejecutivo
Mientras en Brasil los manifestantes se han lanzado a la calle para protestar contra los poderes legislativo y judicial, sobrevuelan los fantasmas de auto golpe por parte del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario se apoya de manera cada vez más notoria en las Fuerzas Armadas, reemplazando funcionarios civiles por militares, al mismo tiempo que en otros sectores de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía federal. Si bien, en un principio Bolsonaro apoyó las movilizaciones asegurando a través de un mensaje de What’sApp que «Brasil es nuestro, no de los políticos de siempre», luego se desdijo. En un mensaje contra lo que considera «los medios podridos» que quieren «envenenar a la ciudadanía», aclaró que su What’sApp es una red privada, y que sus declaraciones por ese medio no tienen por qué hacerse públicas. La gran manifestación contra el Congreso está siendo convocada por seguidores del presidente y otros sectores, para el próximo 15 de marzo.
Los enfrentamientos entre el gobierno de Bolsonaro, el Congreso, y el Supremo Tribunal Federal vienen creciendo en los últimos meses. El vice presidente, el General Hamilton Mourau, a su vez, líder del ala militar del gobierno, le ha asegurado su apoyo completo a Bolsonaro. Sin embargo, algunos parlamentarios ex aliados del presidente, como los pertenecientes a la formación política que lo llevó al ejecutivo, el Partido Social Liberal, han anunciado que pedirán el juicio político al mandatario debido a «responsabilidad contra la división de poderes». Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados y también ex aliado del gobierno, pidió no crear «tensiones institucionales», apuntando contra Bolsonaro y abonando la teoría del supuesto intento de auto golpe de Estado. Todo el arco opositor se unió en estado de alerta debido a las declaraciones del presidente. Inclusive los dos ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva, enfrentados entre sí desde hace mucho tiempo, coincidieron en la necesidad de salvaguardar la democracia brasileña.
A su vez, la situación económica no acompaña al gobierno. Debido a los temores del mercado por las consecuencias económicas del coronavirus, la semana pasada la bolsa brasileña disminuyó un 12%. Mientras que las acciones del país registraron una salida de capitales de 3.100 millones de reales, es decir, 687 millones de dólares. Esta inestabilidad de los índices económicos se suma a una creciente falta de confianza sobre las instituciones del país. Tanto de los inversores extranjeros como de los mismos ciudadanos brasileños. El desprestigio del Congreso y del Poder Judicial es alto incluso desde los tiempos de gobierno del Partido de los Trabajadores. Según sus opositores, Bolsonaro pretende aprovecharse de esto para propiciar un cierre temporal del Poder Legislativo y concentrar el poder público en su figura. En esa línea, su hijo Eduardo, el diputado más votado de la historia de Brsil, aseguró en su cuenta de Twitter que los brasileños «no llorarían si cayera una bomba atómica sobre el Congreso». Hace dos años, cuando el presidente aún era diputado, había realizado declaraciones similares, afirmando que si cayera una bomba de hidrógeno sobre el Congreso del cual él mismo era parte, «habría una fiesta en Brasil».
Entre otras declaraciones recientes, Bolsonaro dijo que hay que terminar con el «exceso de derechos» de los indígenas, enviando un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la minería. Se refirió, a su vez, en los siguientes términos a los habitantes de los pueblos originarios: «Los indios no hablan nuestra lengua, no tienen dinero, no tienen cultura. ¿Cómo lograron 13 por ciento del territorio nacional?». A los pocos días intentó «moderar» sus palabras asegurando que «los indios cambiaron, están evolucionando, son cada vez más parecidos a nosotros». Lo cierto es que el avance sobre los derechos de los pueblos originarios y sus tierras, además, preocupa a los activistas del medio ambiente debido a los graves daños ecológicos que produce la explotación indiscriminada de las tierras y la minería a cielo abierto. La Constitución brasileña de 1988 les asegura a los pueblos originarios derechos sobre la explotación mineral de sus tierras. Exigiendo una rigurosa reglamentación previa para llevarla a cabo.
Mientras tanto, en el Estado de Ceará, la Policía Militar ya lleva casi quince días amotinada, conllevando un aumento en los asesinatos y la inseguridad en un Estado ya de por sí con una tasa de criminalidad alta. Por ello el presidente ordenó extender la presencia de las Fuerzas Armadas allí. El 19 de febrero pasado, balearon al Senador opositor Cid Gomes, mientras trataba de romper un piquete policial con una retro excavadora. El creciente autoritarismo de un hombre que construyó toda su imagen política en base justamente a criticar tanto a las minorías como a todo lo que tiene ver con lo políticamente correcto no deja de preocupar a la oposición y también a los observadores internacionales. De sus ataques últimamente no se ha salvado ni el TSJ, ni el Congreso, ni los medios de comunicación. Es cierto que los poderes legislativos y judicial son dos de las instituciones peor valoradas por los brasileños según las encuestas. No obstante, esto no debería tener que servir a las intenciones políticas de Jair Bolsonaro de intentar aunar la suma del poder público sobre su figura.
