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Se la comparó con otros cuatro congresos de la región. Faltan acceso a la información pública y controles sobre el uso de los recursos, dice el estudio.
Argentina no pasó la prueba, quedó última en el ranking de transparencia en la región, que midió la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueve, entre otras cuestiones, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos.
El índice que se aplicó para medir la transparencia legislativa de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú fue elaborado a partir de 193 preguntas sobre cuatro aspectos de la actividad parlamentaria: normatividad, labor legislativa, presupuesto y gestión administrativa de los congresos y participación ciudadana. En tres de esos cuatro ítems Argentina figura última en la región, según el informe.
Es decir, entre otras cuestiones, obtuvo las más bajas calificaciones en lo referido a acceso a la información por la ciudadanía y organizaciones civiles, a la reglamentación del lobbying, a la publicidad de la constitución de las comisiones y de la asistencia de los legisladores y el sentido de las votaciones en las comisiones.
A eso se suma el «liderazgo» de nuestro país en la falta de controles para el uso adecuado de los recursos públicos y en la publicación de las auditorías internas y externas practicadas al Congreso: la mayoría no es pública, se desconocen el tipo de hallazgos y las recomendaciones para subsanar los errores o el mal manejo de los recursos.
El estudio agrega que en el Poder Legislativo se retacea información vinculada con las dietas totales de los legisladores, mientras son «prácticamente inexistentes» los controles para autorizar viajes por motivos de trabajo, comprobar los gastos y utilizar los recursos públicos con los debidos criterios de austeridad y rendición de cuentas.
La falta de una ley
En términos generales, el informe destaca que en Argentina no existe un órgano garante que regule y coordine el acceso a la información pública y rendición de cuentas relativas al Poder Legislativo. Únicamente -afirman- existe un decreto que regula el tema en el Poder Ejecutivo; y aunque existen proyectos de leyes de acceso a la información, las propuestas perdieron continuidad.
Tampoco se cuenta con un sistema de solicitudes de información en el ámbito del Poder Legislativo y no es claro el proceso que se realiza en el Poder Ejecutivo.
Lo anterior ocasiona que “no existan mecanismos ni herramientas adecuadas por medio de las cuales la población argentina pueda informarse y conocer sobre las acciones del gobierno y, en específico, de sus representantes, lo que merma el derecho humano de acceso a la información y alimenta el poder del binomio secrecía y clase política.
En este sentido, Argentina está en deuda con el derecho a la información”, concluye la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
Un mal de todos
Aunque Argentina lideró el ranking de los países de la región menos transparentes, el informe concluyó que ninguno de los congresos seleccionados logró niveles óptimos o cercanos al nivel máximo.
“Existen obstáculos reales para cumplir con los estándares de transparencia, como lo son la información, la justificación y la sanción. Al mismo tiempo, la falta de obligaciones legales en materia de transparencia afecta la esfera del trabajo legislativo, la gestión y administración de recursos y la participación ciudadana”, advirtió.
Y agregó: “Es necesario insistir en la urgente tarea de volver sujetos obligados los congresos para lograr mejores controles en el ejercicio de las funciones legislativas y que no se siga aspirando a conseguir por medios informales aspectos básicos como las percepciones de los congresistas (salarios, dietas y otras prestaciones) o la participación directa o indirecta de los legisladores en actividades que pueden representar choque de intereses entre lo privado y lo público”.
“Es posible afirmar que en los cinco países estudiados la transparencia legislativa sigue en procesos de resistencia para el cumplimiento del marco legal, mismo que resulta insuficiente, y la opacidad es la respuesta acostumbrada cuando se interpela uno de los poderes públicos, como lo es el Legislativo”, concluyó el estudio.
