Por Matías Altamira *
Agentina adhirió al tratado internacional sobre ciberdelincuencia, o Convenio de Budapest, que ya cuenta con 56 Estados firmantes y era una cuestión pendiente. En 2001, la Comisión Europea creó el primer tratado, con dos claros objetivos: armonizar las legislaciones nacionales respecto a la terminología y caracterización de los delitos informáticos o ciberdelitos, y establecer estándares mínimos para facilitar la cooperación internacional en la lucha contra esta innovadora metodología, que a 16 años se ha transformado en cotidiana.
Los intelectuales en la materia reconocen la necesidad de adherir aunque expresan diversas objeciones. Enrique Chaparro, secretario General de Fundación Vía Libre, en el portal de la organización expresa que, si bien incorporarnos no es lo peor que podría suceder, cuando se legisla en materia penal es necesario tomar la mayor cantidad de precauciones, especialmente en el detalle que se realiza sobre el abuso de los dispositivos; el tratamiento de la propiedad intelectual y las acciones vinculadas con la cooperación internacional.
Chaparro sostiene que en 2016, según datos de la Corte Suprema de Justicia, el número de interceptación de comunicaciones en Argentina fue diez veces mayor que en Estados Unidos. Dado que existe un abuso del recurso, sería importante poner un límite en la legislación, a futuro. Si adoptamos esta norma, eso se limita. Y destaca que este punto fue motivo de reservas en muchos países firmantes. Australia, por ejemplo, no autoriza las escuchas en delitos menores, cuya pena máxima sea inferior a siete años.
Al hacer una evaluación de la efectividad del Convenio de Budapest, sostiene que no parece haber evidencia concluyente respecto de la eficacia del tratado, a 16 años de su creación, por fuera de la Unión Europea (UE). Y este caso es particular, ya que la UE tiene otros tratados de cooperación que se desconoce cuánto influyeron.
El Convenio se aprobó por 141 votos afirmativos, 4 negativos y 43 abstenciones, y fue defendido en el recinto por la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Schmdit-Liermann, quien expresó que se viene a saldar una deuda que tiene Argentina y muchas víctimas que lamentablemente sufrieron tanto acosos cibernéticos, como cambio de identidades. Como las tecnologías muestran innumerables avances pero también nuevos delitos, resulta muy importante ratificar este convenio porque se está planteando una política criminal común con todos los Estados.
Adherir no sólo era necesario para estandarizar criterios, protocolos y legislaciones locales en la lucha contra las estafas informáticas, la distribución de pornografía infantil, las infracciones vinculadas con la propiedad intelectual y los atentados contra la integridad del sistema, sino principalmente porque todas esas amenazas o problemáticas exceden la cuestión territorial y, en consecuencia, su tratamiento punitivo no puede implementarse sin la activa asistencia y participación de los demás países del mundo.
No obstante, el Congreso argentino deberá encontrar un equilibrio legislativo entre las cuestiones generales planteadas en el Convenio y la política criminal que la República Argentina tiene adoptada, especialmente en la conceptualización del bien jurídico protegido; en la participación de otras naciones en la investigación de ilícitos con base nacional; en la cesión y difusión de información personal de ciudadanos argentinos y sus niveles de protección y seguridad.
* Abogado. Especialista en derecho informático
