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La profesión de abogado no siempre fue reconocida como lícita. En la historia de la humanidad hubo muchos casos en los que se la prohibió y hasta se la persiguió. Basta recordar lo que ocurrió durante las revoluciones bolchevique y francesa; e incluso en la historia hispanoamericana, época en la que la corona española restringió la actividad profesional en “el nuevo mundo”, para corroborar que la abogacía no siempre contó con los favores de los poderosos.
Es que, en su correcto ejercicio, la abogacía tiene, entre sus funciones principales, defender los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder. Tal es la causa por la cual en tantas ocasiones, gobiernos de corte totalitario han perseguido a los colegas de varias épocas y lugares históricos.
Lamentablemente, no es algo que haya quedado en el pasado. Hace unos días salió a luz la información que reveló que en Nicaragua —país que padece una dictadura estilo siglo XXI— el gobierno encabezado por Daniel Ortega decidió inhabilitar de manera masiva a 26 abogados para ejercer la profesión, al invalidarles de por vida los títulos que les permitían hacerlo.
Según lo informado, el Poder Judicial de ese país emitió en mayo actual dos resoluciones por las se les prohíbe ejercer la profesión a dichos colegas “por ser traidores a la patria y haber sido desnacionalizados”. Vale recordar que la mayoría de estos profesionales se encuentra exiliada en otros países, como consecuencia del destierro que ordenó meses atrás el régimen de Ortega para cientos de ciudadanos considerados “opositores”.
Los profesionales apuntados fueron especialmente aquellos que defendieron a perseguidos políticos o que denunciaron violaciones de los derechos humanos en los últimos años. Tal es el caso de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, de 84 años (foto), considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a quien Ortega, según lo informado por la Deutsche Welle -el servicio de radiodifusión internacional alemán-, se “ordenó borrarla del Registro Civil de las personas, quitarle su pensión de vejez y confiscarle su casa”. Lo que equivale a una flagrante violación de sus derechos humanos más esenciales.
Otra de las profesionales perseguidas, la abogada Yonarqui Martínez, a quien el gobierno obligó a cambiar varias veces su domicilio, expresó al mismo medio sobre tales medidas: “No hay explicación alguna, no se me permitió la defensa y no se me permitió entrar a (revisar) los archivos. Es más, ni siquiera me notificaron, por lo tanto, yo no me doy por enterada”.
Lamentablemente, no podemos sentirnos extrañados ante esa decisión, ya que el régimen nicaragüense nos tiene acostumbrados a medidas de esta naturaleza. No obstante, creemos necesario difundir esta información, porque es un atentado, no sólo contra la libertad de estos profesionales sino contra la libertad del pueblo nicaragüense y también contra el ejercicio de la abogacía en general. Por lo que, como abogados que somos, estamos convencidos de que debemos levantar la voz en contra de esta medida y expresar nuestra solidaridad con los profesionales perseguidos, entendiendo que este compromiso debe ser extensivo a las entidades profesionales vinculadas con la abogacía, ya que, como sabemos, luchar contra todo tipo de arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos y defensa de los derechos es un deber fundamental de los abogados, quienes deben ser respaldados por las instituciones que los agrupan.
En este punto, cabe destacar algo: el abogado es un auxiliar de la justicia. Se trata de una función pública cumplida de modo desconcentrado por privados sometidos a un régimen público. En cuanto a su naturaleza (no en la tarea), guarda casi identidad con la escribanía.
De allí que una cosa es la parte y otra el abogado. Por ignorancia o autoritarismo, no pocas veces se identifica a uno con otro.
El último de estos casos, confirmando la triste regla de que cuando se partidiza la justicia, el primer colectivo que se ataca es el de los abogados que pueden cuestionar la parcialidad o arbitrariedad que busca enquistarse, es lo que está sucediendo en Nicaragua.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
