Que nuestra sociedad está crispada, por motivos varios, es un hecho palpable en la calle todos los días.
Se dice que la pandemia ha exacerbado ciertos problemas sicólogos que siempre estuvieron ahí. Otro factor resulta la seguidilla de malas políticas económicas y la pauperización social, así como el divorcio que tienen con la realidad ciertos actores públicos, más preocupados en el interés propio que en el bien común.
El crimen del colectivero Daniel Barrientos en la madrugada del 3 de abril pasado, en La Matanza, volvió a poner en la discusión pública no solo el tema de la inseguridad, sino, al decir de la página digital de Todo Noticias, “la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie”.
Abonan eso con los resultados de un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés la pasada semana y que revela que “apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país”.
El chofer asesinado tenía 65 años, le faltaba solo un mes para jubilarse, vivía en González Catán y había trabajado por casi 30 años en la empresa que controla la Línea 620, siendo uno de los más antiguos, experimentados y queridos choferes de tal línea.
Por su muerte y en demanda de mayor seguridad para quienes trabajan en los colectivos, choferes de unas 86 líneas, declararon la huelga y cortaron la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en su intersección con General Paz.
Cuando el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni llegó al lugar fue atacado a golpes de puño y a piedrazos en una violenta escena, debiendo ser sacada por la Policía de la Ciudad.
Como nos dijo un analista político de Capital Federal: “Tenemos una dirigencia que no solo no hace bien su trabajo, sino que tampoco puede prever las consecuencias de esa ineficiencia. Siempre se creyó que el desborde social vendría por el lado económico y fue al final por el de la seguridad. Si se tomaran el trabajo de ver ciertas encuestas sobre por qué la gente se va del país verían que la inseguridad marcha pareja con las razones económicas. Otra nuestra que no hacen los deberes ni para su propia supervivencia política”.
No ayudó a la tranquilidad pública, lo que se difundió también por algunas redes, sobre los pocos o nulos antecedentes en materia de seguridad de funcionarios de alto nivel en dicha área. Se trataría, porque no nos consta, según esas publicaciones, de puestos logrados por afinidad política más que por conocimiento en el tema.
La agresión al ministro Berni es repudiable como toda muestra de violencia. Tanto, como las desafortunadas declaraciones de pretender mostrar un crimen común que provocó la muerte de un trabajador, como una oscura conspiración política. Según nuestras fuentes judiciales, ocurren entre tres y cuatro muertes de este tipo por semana en el conourbano bonaerense.
En igual sentido, también es lamentable la sobre actuación al detener a los dos choferes culpables de los golpes, como si se tratara de sicarios del narcotráfico o terroristas.
Para colmo, lo filman dejando en evidencia que se ejerció una fuerza desproporcionada para detener a quien solo era un trabajador en un hogar de clase media que no se resistió ni mínimamente a la detención.
Pese a ello se lo hizo salir de su casa y se lo echó al suelo e inmovilizó con uso de la fuerza mientras lo esposaban.
Tampoco ayuda a la percepción pública que todo el procedimiento fuera llevado a cabo por una policía cuyo jefe es precisamente a quien habían golpeado.
Para abonar las críticas de quienes dicen que todo era una puesta en escena, se los termina liberando a ambos choferes luego de decretarse una huelga de colectivos y al efecto de levantar la misma, sin cumplir con otro acto que tomarles declaración como imputados. ¿No podía solo citárselos como ocurre en cualquier hecho de lesiones leves?
La gente está crispada, es cierto. Y lo más preocupante que quienes deben llevar tranquilidad, parece que actúan en sentido contrario.
La profesión de abogado no siempre fue reconocida como lícita. En la historia de la humanidad hubo muchos casos en los que se la prohibió y hasta se la persiguió. Basta recordar lo que ocurrió durante las revoluciones bolchevique y francesa; e incluso en la historia hispanoamericana, época en la que la corona española restringió la actividad profesional en “el nuevo mundo”, para corroborar que la abogacía no siempre contó con los favores de los poderosos.
Es que, en su correcto ejercicio, la abogacía tiene, entre sus funciones principales, defender los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder. Tal es la causa por la cual en tantas ocasiones, gobiernos de corte totalitario han perseguido a los colegas de varias épocas y lugares históricos.
Lamentablemente, no es algo que haya quedado en el pasado. Hace unos días salió a luz la información que reveló que en Nicaragua —país que padece una dictadura estilo siglo XXI— el gobierno encabezado por Daniel Ortega decidió inhabilitar de manera masiva a 26 abogados para ejercer la profesión, al invalidarles de por vida los títulos que les permitían hacerlo.
Según lo informado, el Poder Judicial de ese país emitió en mayo actual dos resoluciones por las se les prohíbe ejercer la profesión a dichos colegas “por ser traidores a la patria y haber sido desnacionalizados”. Vale recordar que la mayoría de estos profesionales se encuentra exiliada en otros países, como consecuencia del destierro que ordenó meses atrás el régimen de Ortega para cientos de ciudadanos considerados “opositores”.
Los profesionales apuntados fueron especialmente aquellos que defendieron a perseguidos políticos o que denunciaron violaciones de los derechos humanos en los últimos años. Tal es el caso de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, de 84 años (foto), considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a quien Ortega, según lo informado por la Deutsche Welle -el servicio de radiodifusión internacional alemán-, se “ordenó borrarla del Registro Civil de las personas, quitarle su pensión de vejez y confiscarle su casa”. Lo que equivale a una flagrante violación de sus derechos humanos más esenciales.
Otra de las profesionales perseguidas, la abogada Yonarqui Martínez, a quien el gobierno obligó a cambiar varias veces su domicilio, expresó al mismo medio sobre tales medidas: «No hay explicación alguna, no se me permitió la defensa y no se me permitió entrar a (revisar) los archivos. Es más, ni siquiera me notificaron, por lo tanto, yo no me doy por enterada”.
Lamentablemente, no podemos sentirnos extrañados ante esa decisión, ya que el régimen nicaragüense nos tiene acostumbrados a medidas de esta naturaleza. No obstante, creemos necesario difundir esta información, porque es un atentado, no sólo contra la libertad de estos profesionales sino contra la libertad del pueblo nicaragüense y también contra el ejercicio de la abogacía en general. Por lo que, como abogados que somos, estamos convencidos de que debemos levantar la voz en contra de esta medida y expresar nuestra solidaridad con los profesionales perseguidos, entendiendo que este compromiso debe ser extensivo a las entidades profesionales vinculadas con la abogacía, ya que, como sabemos, luchar contra todo tipo de arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos y defensa de los derechos es un deber fundamental de los abogados, quienes deben ser respaldados por las instituciones que los agrupan.
En este punto, cabe destacar algo: el abogado es un auxiliar de la justicia. Se trata de una función pública cumplida de modo desconcentrado por privados sometidos a un régimen público. En cuanto a su naturaleza (no en la tarea), guarda casi identidad con la escribanía.
De allí que una cosa es la parte y otra el abogado. Por ignorancia o autoritarismo, no pocas veces se identifica a uno con otro.
El último de estos casos, confirmando la triste regla de que cuando se partidiza la justicia, el primer colectivo que se ataca es el de los abogados que pueden cuestionar la parcialidad o arbitrariedad que busca enquistarse, es lo que está sucediendo en Nicaragua.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
