Confirman condena a Flybondi por no informar debidamente reprogramación de un vuelo

El tribunal sostuvo que la línea aérea falto el respeto al consumidor por adelantar la fecha contratada después de que éste ya había realizado el chequeo previo para el viaje

Al advertir de que la aerolínea Flybondi no rebatió que después de que el demandante realizó un check in digital le adelantó un día, el inmediato anterior al contratado, para su vuelo de regreso a nuestra ciudad, sin la debida comunicación, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia por incumplimiento contractual, por violentar el derecho de información previsto en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), y condenó a la línea aérea a pagar daños y perjuicios más daños punitivo y moral.

El tribunal integrado por los vocales Jorge Miguel Flores, Rubén Atilio Remigio y María Rosa Molina de Caminal , al entrar al análisis de la cuestión, destacó que el a quo fue categórico en orden a la notoria insuficiencia probatoria de la demandada, que sólo mostró disconformidad con lo resuelto pero desatendió el análisis de la prueba concretada por el magistrado para resolver la controversia.

La alzada destacó que el correo electrónico del 11 de diciembre de 2019 (20:30 hs.) demostró que el demandante realizó con éxito el chequeo previo para el vuelo programado para el 13 de diciembre.

En definitiva, se tuvo por cierto que Flybondi modificó la fecha de regreso y no avisó en forma clara, concreta y efectiva a los usuarios del servicio, generando la imposibilidad de volver el día acordado.

En esa dirección, se subrayó que el deber de información que impone la norma de consumo es fundamental y debe realizarse de manera precisa, lo que en el caso no ocurrió.

Términos

El fallo agregó que no puede considerarse como información clara y detallada en los términos de la ley, un correo electrónico en el que no se le informa al destinatario el cambio de fecha y, menos aún, cuando esta modificación es para un plazo inferior a las 24 horas y realizada a través de un documento adjunto del correo electrónico.

Por ello se resaltó que lo expuesto por el magistrado a quo en cuanto que la conducta de la demandada “es limítrofe con la falta de respeto que no puede ser tolerada, por lo que se impone una condena al accionado por el incumplimiento contractual en que ha incurrido con más los rubros admitidos”.

Asimismo, la cámara subrayó que la obligación de información fue omitida por la empresa aérea, que debe brindarla no sólo sobre los servicios que presta sino también sobre las modificaciones sobrevinientes.

De igual modo, los vocales expresaron que para el sentenciante de la instancia previa no sólo se violó el artículo 4, LDC, sino que, además, ubicó la conducta de la demandada “rayana en una falta de respeto, sobre lo que no se ha argumentado en debida forma sino que advirtió la insuficiencia de la expresión de agravios para conmover la sentencia en crisis”.

Finamente, la alzada apuntó que la apelación no se ha hecho cargo de la referencia a la inobservancia del artículo 19, LDC, y a la falta de acciones concretas para evitar el daño causado, concluyendo que se encuentra acreditado el incumplimiento de la demandada y “su consecuente responsabilidad en orden a los daños irrogados por la cancelación de vuelo sufrida por los actores, todo en función de la argumentación y análisis previo que el magistrado concretó, no impugnado en debida forma por el apelante”.

Cuestionamiento

Así, se expuso que el cuestionamiento de los daños “finca principalmente en la inexistencia de incumplimiento, desatendiendo los sólidos argumentos del juez en el sentido contrario, y en la inaplicabilidad de la LDC que impide la condena por daño punitivo, sumado a la inexistencia de un reproche moral de la conducta de la demandada o factor subjetivo, todo lo cual, nuevamente, resultan apreciaciones alejadas de los fundamentos del fallo que se está recurriendo, sin contemplar los argumentos sustentadores de la decisión del juez de manera integral”.

En este estado, la cámara consideró que la expresión de agravios “debe contar con suficiencia técnica -tratarse de una crítica concreta y razonada de todos los fundamentos de la resolución- y contar con eficacia convictiva -esto es, con una argumentación suficiente para generar en el decisor revisor la convicción de la justicia de la modificación de la resolución pretendida-, careciendo el recurso en análisis de ambas”.