Vista a Anses y Fiscalía Penal por contratar como empleado a jubilado con invalidez

La ley previsional prohíbe y sanciona con multa a quienes contraten laboralmente a personas que tienen beneficio de jubilación por alguna minusvalía

Al constatar que el accionante se encontraba jubilado por invalidez cuando prestaba tareas para el demandado, lo que configura un contrato laboral prohibido por la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la Cámara del Trabajo de Villa María rechazó su demanda .

El tribunal corrió vista de lo actuado y de la sentencia a la Anses a los fines que aplique y ejecute a la demandada la multa de establecida en la ley 24241 y libró oficio a la Fiscalía Federal de aquella ciudad para que verifique la existencia o no delito penal en su actuación.

El jubilado demandó a quien sindicó como propietaria del establecimiento metalúrgico en el que prestó tareas como “oficial múltiple”, según convenio de la Unión Obrera Metalúrgica, desde junio de 2002 hasta julio de 2017, cuando se consideró despedido.

Señaló que la relación laboral se desarrolló sin ser registrado y que a fina de 2017, en ocasión de estar trabajando sufrió un accidente, sobre el cual describió atención médica y secuelas. Reclamó rubros laborales derivados del despido y resarcimiento por el accidente de trabajo narrado.

La accionada rechazó todos y cada uno de los hechos y derecho invocado por el actor, negando además toda relación laboral, admitiendo un comodato sobre un inmueble como único vínculo.

Testigos

El tribunal, integrado por el vocal Marcelo Salomón, evaluó lo antedicho y pasó a analizar la existencia del contrato de trabajo, considerando que el actor la demostró a través de tres testigos ubicaron y describieron con claridad el lugar de trabajo y las tareas que le vieron desarrollar, aunque disintiendo en los tiempos con el trabajador, ya que refirieron que el demandante no prestó servicios por un año o más, lo que se corroboró cuando pidió el beneficio previsional .

En cuanto al accidente laboral, el magistrado apuntó que no existían pruebas que permitan concluir que el siniestro ocurrió en 2017.

Por otra parte, el fallo sopesó que en 2012 el accionante requirió al Estado la protección social por incapacidad laboral, concediéndosele el beneficio previsional que percibe por disminución de agudeza visual, diabetes e hipertensión arterial. Y recordó que la ley 24.241 imposibilita, veda y sanciona la prestación de tareas en relación de dependencia de cualquier beneficiario de una prestación por incapacidad.

En relación a la verificación de un contrato de objeto ilícito, el sentenciante evaluó la legislación concluyendo que ambos contratantes actuaron con conocimiento e intención de violar la norma previsional, no informando previamente a la Anses de esa situación.

Ilicitud

Así, el tribunal determinó que el caso encuadra en una ilicitud laboral y correspondía correr vista de la totalidad de las actuaciones y la sentencia a la Anses, a los fines que por la autoridad de contralor correspondiente aplique y ejecute la multa establecida en el artículo 13, in fine, el que textualmente reza: “El empleador que conociendo que el beneficiario se halla en infracción a las normas sobre incompatibilidad no denunciara esta circunstancia a la autoridad de aplicación, se hará pasible de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido indebidamente por el beneficiario en concepto de haberes previsionales. El hecho de que el empleador no practique las retenciones en concepto de aportes hace presumir, cuando el trabajador fuere el beneficiario de prestación previsional, que aquel conocía la circunstancia señalada precedentemente”.

Oficio

De igual modo, se ordenó librar oficio con copia de la sentencia, poniendo a disposición la integridad de las actuaciones, a la Fiscalía Federal de la ciudad de Villa María, a los fines que pudiere corresponder la verificación de delito penal sobre la actuación del demandado.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió rechazar la demanda del trabajador, con imposición de las costas judiciales por el orden causado (a excepción de los honorarios de los peritos oficiales, los que serán soportados por el accionado) debido a que el actor y su letrado pudieron entender y estar en el convencimiento, sostenido a lo largo del proceso, que existían motivos para reclamar por la presente causa.