ESCUCHARLa iniciativa surgió tras el crimen de Lucio Dupuy, por el cual su madre y su pareja están procesadas. Sin embargo, los legisladores acordaron que no llevará el nombre del infante
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra niños y adolescentes.
La iniciativa -denominado originalmente “Ley Lucio”– fue impulsada a raíz del crimen de Lucio Dupuy, de cinco años, asesinado en La Pampa por su madre y su pareja. Sin embargo, los legisladores acordaron que no llevará el nombre del niño.
El dictamen fue unificado entre tres proyectos (dos de la oposición y uno del oficialismo), con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar.
El diputado nacional Martín Maquieyra (PRO) explicó que los tres ejes de la norma son la capacitación, para que ningún caso sea invisibilizado; las campañas de concientización, para “llegar a la sociedad”, y el resguardo de identidad de quienes denuncian.
El legislador pampeano, autor del texto, comparó los casos de abuso y violencia infantil con una epidemia y afirmó que se puede prevenir y detectar tempranamente.
“En memoria de Lucio debemos dar este paso para que ningún chico pase por esto nunca más. En La Pampa hay una denuncia por día sobre violencia contra los niños. Las autoridades recapacitaron sobre la línea 102 para denunciar estos casos”, remarcó.
En esa línea la diputada Paola Vessvessian (FdT)) manifestó que hay muchos retos y desafíos para continuar trabajando en las alertas de violencia temprana y planteó sumar a organizaciones no gubernamentales que trabajan con la infancias y a las provincias.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado pampeano del PRO en diciembre de 2021, un mes después de que el niño fue asesinado a golpes.
En uno de sus 11 artículos establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencia contra infantes para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes.
De acuerdo con el proyecto, el Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial de la Nación, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a escala nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como garantizar la igualdad del acceso a la Justicia.
