ESCUCHARLos principales acusados, los hermanos Fabio y Daniel Barey, recibirán sanciones de cuatro años de prisión. Treinta mujeres fueron explotadas en prostíbulos de la ciudad de Córdoba. Los activos provenientes de la actividad ilícita fueron lavados
La jueza del Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba, Noel Costa, homologará un acuerdo de juicio de dos acusados por trata de personas y lavado de activos de origen ilícito.
Los hermanos Fabio y Daniel Barey serán penados con cuatro años de prisión y las 30 víctimas identificadas durante el proceso serán reparadas económicamente por una cifra superior a 30 millones de pesos.
En la causa intervino el fiscal General Carlos Gonella, con la asistencia de la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, y de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), representada por María Del Carmen Chena.
También serán condenadas las personas que oficiaron de prestanombres para que los acusados principales pudieran darle entidad lícita al dinero proveniente de esta actividad: Selva del Valle Ceballos y Marcela Guzmán recibirán penas de tres años de prisión condicional como autoras del delito de lavado de activos, y Mafalda Ceballos, Marcela Andino y Graciela González accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba.
“Casos de esta naturaleza obligan al Estado nacional a brindar una reparación integral a las víctimas cuyos derechos humanos más fundamentales fueron afectados como consecuencia de su explotación”, destacó la fiscal Mángano.
Según la acusación, en una fecha anterior al 25 de mayo de 2008, los hermanos Barey, con la cooperación de otras tres personas, captaron, trasladaron y acogieron a cinco mujeres mediante engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotarlas sexualmente en “Faraón”, “Play Man”, “Macarena” y “Candela”, cuatro prostíbulos de su propiedad ubicados en la ciudad de Córdoba. En tanto, desde el 11 de octubre de 2009 recibieron a otras 25 víctimas para explotarlas con idéntica finalidad en los mismos lugares.
Quedaron probados 16 hechos de lavado de activos para darles apariencia lícita a los fondos producto de la actividad delictiva.
Las operaciones incluyeron cinco vehículos de alta gama y lotes, terrenos y departamentos en Córdoba capital -en el barrio Villa Corina- y en las localidades de San Roque y Villa Carlos Paz.
Dado que en casos de lavado de activos procedentes del delito de trata de personas la prioridad es la indemnización a las víctimas, el acuerdo prevé que los bienes decomisados se destinarán a la reparación de aquéllas mediante su remate público.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó el decomiso de cinco rodados y de cuatro inmuebles.
Para establecer los montos se realizó un cálculo entre las pérdidas personales y el valor económico de los servicios prestados por las víctimas, junto con los ingresos brutos -la ganancia ilícita- obtenidos por sus explotadores.
De acuerdo con las estimaciones que realizaron conjuntamente la Protex y la DGRADB, la actividad criminal llevada adelante puede haber generado un volumen de ganancias ilícitas superior a la sumatoria de la reparación a las 30 víctimas identificadas, que alcanza $31.419.562.
Las dependencias del MPF postularon que, llegado el caso de que la valuación de la masa patrimonial derivada de la explotación de personas supere el monto resarcitorio para las 30 víctimas identificadas, se avance en el decomiso del remanente, en virtud de que el hecho endilgado en la causa de lavado de activos permite inferir que todos los bienes identificados tienen un origen ilícito.
