Van a juicio integrantes del Soeme por desvío de fondos y lavado

Lo resolvió el Juzgado Federal Número 3 de La Plata. La decisión incluye asociación ilícita, administración fraudulenta y encubrimiento. Para el MPF, el sindicato fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente. Se aguarda la extradición de Marcelo Balcedo

De acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía Federal Número 1 de La Plata y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el juez federal Ernesto Kreplak envió a juicio a parte de la cúpula del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (Soeme). [privado]La medida no incluye al ex secretario General Marcelo Balcedo ni a su pareja, Paola Fiege, respecto de quienes se requirió su extradición desde Uruguay. El fiscal federal Guillermo Ferrara y los cotitulares de la Procelac Mario Villar y Laura Roteta habían pedido aquella decisión en septiembre, al encontrar acreditada la existencia de una asociación ilícita en el seno del Soeme, la administración fraudulenta (desvío) de más de 500 millones de pesos entre 2012 y 2018 y maniobras de lavado de activos. En el requerimiento de elevación a juicio advirtieron de que “el sindicato fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente” a costa de “irregularidades y desvíos” que perjudicaron la institución.

Las maniobras investigadas habrían ocurrido en el ámbito y con el abuso de la estructura del Soeme durante seis años. No obstante, la instrucción recalcó que para comprender los hechos es clave tener presente que el antecesor de Balcedo fue, hasta su fallecimiento, su padre, Antonio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) le requirió a Uruguay la extradición de Balcedo y Fiege para que se les reciba declaración indagatoria.

La petición fue concedida por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno de Montevideo. Sin embargo, la concreción del traslado quedó en suspenso hasta que concluya la causa que se les sigue en el país vecino, donde están detenidos desde enero de 2018.

El escrito dirigido a Kreplak en septiembre apuntó a Mauricio Yebra, Silvia Canal, Myriam Chávez -madre de Balcedo-, Guillermo Chaves -primo-, Pablo Landini, Hebert da Cunha, Francisco de Marco y Julio Pecollo como integrantes de “una estructura organizada, integrada por diversas personas, con diferenciación de roles, destinada a cometer delitos indeterminados, principalmente de contenido patrimonial”; es decir, una asociación ilícita de la que Balcedo fue jefe y, como tal, estuvo a cargo de dirigir el funcionamiento.

Los agentes alegaron que se habría ocupado de “controlar la logística de las operaciones atribuyendo roles, distribuyendo las tareas (administración de los medios humanos y materiales) y disponiendo condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”.

A Pecollo lo sindicaron como organizador y a los demás encausados como miembros.

Además, los funcionarios indicaron que la asociación “alcanzó trascendencia internacional” por los recursos económicos que obtuvo a partir de los delitos que cometió, lo que se vio reflejado, entre otras cosas, en la posibilidad real de costear aeronaves particulares y/o de utilizar teléfonos satelitales para conectarse más eficazmente.

Los representantes del MPF enfatizaron que esos ejemplos demuestran el “alto nivel de sofisticación y de organización” de la banda, lo cual permitió la consumación -con éxito- de, al menos, los hechos investigados en el marco del expediente.

A las mismas personas se les atribuye el delito de lavado de activos, cuyo precedente sería el de administración fraudulenta en perjuicio del sindicato. Para ello se tuvo en cuenta la creación de numerosas personas jurídicas y/o utilización de intermediarios; el manejo inusual de efectivo -en el caso, las personas investigadas autorizaron pagos indebidos mediante cheques que eran cobrados en efectivo-; inconsistencias patrimoniales -principalmente operaciones de adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles que no se condicen con el perfil patrimonial de los investigados y sus ingresos lícitos detectados-, y la vinculación con juegos de azar/casinos, entre otros aspectos tenidos en cuenta por los estándares internacionales en la materia, doctrina y jurisprudencia.

En cuanto al delito de administración infiel -precedente al del lavado, entre otros-, los representantes del MPF consideraron que “las personas imputadas utilizaron distintas modalidades para desviar los fondos del sindicato”. [/privado]