Tribunal porteño anuló un debate penal efectuado en forma virtual

En mayoría, los camaristas dejaron sin efecto lo actuado en una causa por hostigamiento agravado, incluyendo la condena que se dispuso. Evalúan el procedimiento que dispone la legislación [privado]

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró, por mayoría, la nulidad de un debate llevado a cabo de manera virtual en una causa por hostigamiento agravado, incluida la condena impuesta.

En la causa "R., S. J. sobre 52 - Hostigar”, en su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de grado le endilgó al imputado el haber desplegado "un plan de acoso intimidatorio respecto de su empleada" doméstica a través de insinuaciones de índole sexual”, conducta que encuadró en la figura de hostigamiento agravado, prevista y reprimida por los artículos 53 y 55 inciso 5, del Código Contravencional.

En abril último se llevó a cabo la audiencia de juicio de manera virtual y la magistrada interviniente entendió que el recurso de apelación interpuesto por la defensa para cuestionar la modalidad de realización del juicio no resultaba procedente, al considerar ue "su planteo como un recurso de reposición", motivo por el cual se lo trató como cuestión preliminar y se rechazó la solicitud de la defensa.

A su turno, la defensa particular se agravió en tanto la jueza suspendió la audiencia de juicio oral y público de manera presencial, entendiendo que esa resolución "produjo afectaciones a garantías constitucionales como el debido proceso y defensa en juicio, agravia a esta parte y le ocasiona gravámenes irreparables que justifican la fórmula intentada".

Argumento

El defensor también argumentó la falta de tiempo para "adecuar la defensa al nuevo modo" y agregó que resultaba "contrario a la lógica jurídica que una persona pueda ir a almorzar o cenar a los restaurantes de la CABA, o a desayunar o merendar en sus bares, o a una sala de teatro o de cine en la ciudad, y que sin embargo se le deniegue el acceso presencial a su juicio, al examen presencial de los testigos, a la contradicción con la contraparte mirándola a los ojos y a la visualización de todo el lenguaje de respuesta ante la señalación de contradicciones".

Al dirimir dicho cuestionamiento, el camarista Marcelo Vázquez sostuvo que la forma en que "la judicante dispuso que se llevara a cabo el debate, máxime como en el caso de autos, sin la antelación suficiente ni considerar la oposición de la defensa, en mi opinión ha vulnerado derechos y garantías constitucionales del imputado".

El magistrado recordó que la garantía del "debido proceso legal" implica que "el ‘juicio previo’ (art. 18 CN), como condición ineludible para que el Estado pueda, eventualmente, imponer una pena al autor de un hecho delictivo o contravencional - como en el caso- , deba cumplir con ciertos requisitos legales, que pretenden resguardar garantías básicas dispuestas a favor del imputado y que no pueden ser incumplidas por los operadores judiciales, ni reformadas por quienes no se encuentran facultados a tal efecto, es decir por quienes no forman parte del Poder Legislativo".

Regulación

El fallo subrayó que el legislador reguló la forma en que debía llevarse a cabo el juicio penal en el ámbito porteño, a fin de "garantizar la imparcialidad del juzgador, el derecho de defensa y el principio acusatorio entre otros" y que a tal efecto "consagró un juicio regido por los principios de oralidad, publicidad, continuidad, inmediación y contradicción".

El juez explicó que "es claro que el legislador no previó para el juicio la modalidad virtual y a distancia, pues de esa forma no se garantizan debidamente -y máxime si se celebra enteramente de esta forma- los principios de contradicción, continuidad e inmediación, generando además numerosas dificultades para ejercer debidamente su función".

El juez subrayó además que "no resulta suficiente la sola continuación de la pandemia (…) para justificar la realización de un juicio oral de manera virtual, máxime si como en el caso ni siquiera existe conformidad de todas las partes, pues la defensa recurrió la decisión en forma oportuna, pese a todo lo cual se sustanció el debate".

Motivos

El fallo advirtió que tampoco surgen de la decisión de la a quo "los motivos por los que no hubiera podido llevarse a cabo de manera presencial (resguardando siempre las medidas de cuidado y distanciamiento) o semipresencial".

Para el camarista, no se trata de negar las ventajas sino de "rescatar el aspecto humano de la función de juzgar, de las consecuencias para las personas de esa actividad, de la exigencia ética de enfrentar y mirar a los ojos a las personas alcanzadas por la decisión judicial, y de tener presente la relevancia institucional de nuestra tarea como pilar esencial del Estado de Derecho, que debe garantizarse y brindarse en todo tiempo y lugar, más aún en circunstancias como las presentes".

A su vez, el camarista Sergio Delgado compartió la postura de su colega; mientras que la jueza Elizabeth Marum votó en disidencia.

El fallo Descarga

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