Supeditan la división de bienes al cese de actos de violencia de la ex pareja

Los magistrados suspendieron la ejecución de la sentencia hasta tanto el hombre internalice un cambio de conducta. La decisión fue adoptada por la vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, agravada por su estado de salud y su situación económica

En un contexto de división de bienes de una pareja conviviente, los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya, Corrientes, resolvieron aplicar jurisdicción positiva y difirieron la ejecución de la sentencia con el objetivo puesto en proteger a la mujer víctima de violencia de género.

Ante la separación de la pareja, estaban en litigio dos propiedades. Una fue distribuida en partes iguales en la primera instancia, en tanto que, respecto del otro inmueble (lindero) comprado años antes, la Cámara debió decidir a quién correspondía su dominio y entendió que estaba probado que fue comprado por el hombre con bienes propios y el producido de la liquidación de la comunidad ganancial de un primer matrimonio. Por lo tanto, sólo a él le correspondía su dominio.

Para así decidir, tuvieron en consideración que la mujer no logró demostrar su aporte para la compra que efectuó el señor R. al poco tiempo de comenzar la convivencia con la señora S. De ese modo, el cómputo de la unión convivencial -necesario para que la ley le reconozca efectos jurídicos y así determinar la titularidad de los bienes- comenzaba en forma posterior y tampoco le era favorable a ella.

Perspectiva de género

Pese a rechazar la pretensión de la mujer respecto del segundo inmueble, la jueza Gertrudis Liliana Márquez y el juez Jorge Alejandro Muniagurría votaron con perspectiva de género . En tal sentido, si bien reconocieron los derechos patrimoniales del hombre, tuvieron en cuenta los antecedentes de otra causa tramitada con las mismas partes, en la que se dictó una medida de restricción de acercamiento del hombre respecto de su ex pareja, con el fin de evitar que el derecho patrimonial (reconocido jurídicamente) afectara o menguara el derecho a la integridad física y psíquica de la mujer.

“(…) desapoderarla en ese contexto del lugar donde habitó desde el año 2005 y también donde desarrolla sus actividades para costearse sus gastos (kiosco, según informe social de las actuaciones de violencia familiar), sumado a la situación que enfrenta la actora por sus problemas de salud, quien según explica le impiden realizar una vida con plenitud, implicaría ponerla en manos de su victimario con aval jurisdiccional”, sostuvo la magistrada.

Así las cosas, Márquez destacó que, si bien legalmente el bien correspondía al dominio del señor R., la situación y el contexto actual de vulnerabilidad requerían una solución que, lejos de agravar el contexto de violencia, lo disipara. “En esa difícil tarea, encontramos como solución que la ejecución de la sentencia se postergue y sujete a la comprobación efectiva de que tales hechos de violencia han cesado y que R. ha internalizado la naturaleza violenta e inadecuada de las conductas que ha desplegado y provocaron las actuaciones de S. L. S/ LEY 5019”, Expte. GXP N° 37869/19 (4)".

Caso contrario, se caería -indicó la jueza- bajo el riesgo de que el abuso de parte del victimario se proyecte en la abrupta recuperación del inmueble, acrecentando el riesgo para la víctima, dada la gravedad de la violencia detectada .