ESCUCHARTras más de dos años de investigación, la primera causa por los casos de fraude que integran la megacausa del Registro General de la Provincia comenzó a sustanciarse ayer en la Cámara 10ª del Crimen, en un juicio oral y público donde hay seis personas imputadas.
La audiencia dio inicio pasadas las 9.30 con la presencia de sólo cinco de los imputados que, tras escuchar la requisitoria de elevación a juicio, dieron cuenta al tribunal -integrado por Oscar Iglesias, Juan José Rojas Moresi y Rodolfo Cabanillas- sobre sus condiciones personales. Posteriormente, uno de ellos, el militar Edgar Gabriel Aguirre Pereyra, hizo uso del derecho de defensa.
Fuera de la sala de audiencia permaneció Roque Sharbel Achad con su abogado defensor, quien solicitó a los camaristas la suspensión del juicio a prueba, pedido que fue rechazado por el tribunal al entender que, de ser condenado, la pena que recibiría podría ser superior a los tres años de prisión.
El único
El teniente primero Aguirre Pereyra, quien desde el 2005 presta servicio en los predios militares de Campo de Mayo, fue el único de los imputados que declaró. El militar, acusado de inscribir a su nombre una propiedad de 600 metros cuadrados ubicada en Villa Carlos Paz utilizando los servicios del resto de los imputados (éstos, supuestos falsificadores de documentos registrales), dijo ser inocente y no conocer a los demás involucrados en la causa.
Aguirre Pereya afirmó que el inmueble hoy cuestionado fue comprado por su padre -ya fallecido- y que él simplemente lo heredó. Además, explicó que él no intervenía en los negocios de su progenitor, quien -opinó- seguramente fue estafado cuando decidió comprar esa propiedad.
Falsificadores
El matrimonio integrado por los imputados Silvia Barrera y Daniel Osvaldo Cerdá están actualmente detenidos. Ambos fueron empleados del Registro de la Propiedad y están acusados en una veintena de hechos, todos relacionados con la megacausa. Si bien ninguno cuenta con antecedentes computables, Cerdá señaló que en 1983, cuando era empleado del organismo provincial, fue acusado por 17 hechos de falsificación de documento público y después sobreseído por prescripción de la causa.
Cabe recordar que Natalia Cerdá, hija del matrimonio Barrera-Cerdá, también está imputada por falsificación de documento público. La joven, de 25 años, que se encuentra gozando de libertad, se hizo cargo de los hechos durante la instrucción. Esa postura será la misma que la acusada asumirá en el debate oral, según anticipó a este diario su abogado, Sebastián Lascano. La defensa de Achad, mientras tanto, advirtió que casará ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pedido de suspensión del juicio a prueba.
Para la segunda audiencia fueron citados cuatro testigos, entre ellos la directora del Registro de la Propiedad, María Cristina Cáceres de Dunkler.
