Se reanuda el juicio contra Barrera por intermediación financiera

Comienzan a declarar este jueves los primeros testigos, quienes son clientes de cajas de ahorro. Suman siete los acusados

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba reanudará esta semana el juicio a siete personas acusadas de prestar intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación. [privado]

El debate oral comenzó la semana pasada con una modalidad semipresencial. Entre los acusados se encuentra Juan Carlos Barrera, sus tres hijos, acusados en carácter de autores, y José Luis Cavazza, Carlos Alejandro y Carlos Orlando Reartes, considerados partícipes necesarios. La causa “Barrera” es un desprendimiento de la causa de la Financiera CBI Cordubensis.

Para este jueves está previsto que comiencen a declarar los primeros testigos. En la primera audiencia las defensas plantearon nulidades, que fueron rechazadas por el tribunal y los siete acusados se abstuvieron de declarar.

De acuerdo con la acusación, los imputados utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de cajas de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin contar con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los hechos que se les imputan a los acusados son diez, ocurridos entre 2008 y 2014. En todos ellos, la modalidad fue siempre la misma. De acuerdo con la acusación, en alguna de las tres firmas que integraban (Bacar Traca SRL, Compañía Barrera SAy Blicen SA, todas ubicadas en el centro de Córdoba capital) persuadían a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero en la empresa, a plazo, a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de las instituciones autorizadas por el BCRA.

Tras haber captado los fondos, los siete imputados habrían desarrollado la actividad de intermediación financiera valiéndose de sus locales comerciales, que contaban con una zona de cajas de seguridad, otra de oficinas y una tesorería. Para la fiscalía, toda esta infraestructura excede los requerimientos que implica el alquiler de cajas de seguridad y permite sostener que esto era solo una pantalla de una actividad principal de intermediación financiera.

Según la acusación formulada por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, la existencia de las cajas de seguridad, al margen de servirle como pantalla a la asociación ilícita, permitía atraer y captar valores para su resguardo y tentar a los locatarios mediante el ofrecimiento de ganancias que podía redituar el depósito de dinero en efectivo por medio de contratos de asistencia financiera. La diferencia porcentual de interés ofrecida por las tres firmas para aquellas personas que decidieran convenir los contratos de asistencia financiera o depósitos a plazo, tanto en pesos como en dólares, era notoriamente mayor en comparación con las tasas ofrecidas por los bancos autorizados por el BCRA: hasta de 30% anual en pesos, según el monto, y hasta del 18% en dólares, en comparación con las tasas regulares ofrecidas por entidades financieras autorizadas que, al momento de los hechos, eran entre 30% y 50% menores.

Se trata éste del segundo juicio que se realiza en Córdoba y en el país bajo la figura de la intermediación financiera. Según explicó a Comercio y Justicia el fiscal General Nº 2, Carlos Gonella, esto demuestra que la Justicia y el Ministerio Público en Córdoba les dan prioridad a las causas vinculadas con la criminalidad económica.