ESCUCHAREl Poder Judicial de Río Negro creó un nuevo cargo para procesos autocompositivos y de mediación, que será responsable de coordinar la labor de los defensores públicos que asisten a personas vulnerables.
El Consejo de la Magistratura de esa Provincia designó a María Laura Rodríguez Palmieri y a Pablo Zille como defensores de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) para la Segunda y Cuarta circunscripciones, cuyas ciudades cabeceras son General Roca y Cipolletti.
Con los dos nuevos cargos, se refuerza el plantel para los procesos de mediación y autocomposición de conflictos en las regiones del Alto Valle y del Valle Medio. Mientras tanto, avanzan los concursos públicos de oposición y antecedentes para la incorporación de defensores titulares de métodos autocompositivos de Bariloche (tercera Circunscripción) y Viedma (Primera Circunscripción).
Los defensores de MARC tienen como funciones la coordinación del trabajo de las defensorías de las respectivas circunscripciones. Los adjuntos representan, en los procesos de mediación, a las personas que necesitan de la defensa pública por sus dificultades económicas o sus particulares situaciones de vulnerabilidad.
Otra función clave de los defensores de MARC será la articulación del trabajo con la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y sus centros integrales y sus delegaciones.
Los centros integrales funcionan en Viedma, General Roca, Bariloche y Cipolletti. Sus delegaciones se encuentran en San Antonio Oeste, Sierra Grande, Villa Regina, Allen, Choele Choel, Río Colorado, El Bolsón, Catriel y Cinco Saltos.
El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General del Poder Judicial de Río Negro, en un trabajo conjunto con la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, vienen reforzando la estructura de la Defensa Pública.
Las estadísticas oficiales indican que alrededor de 80% de los conflictos que se sustancian anualmente en el sistema de mediación prejudicial requiere del asesoramiento de la Defensa Pública para una o las dos partes que intervienen en el proceso.
