Revocan fallo que admitía que el dueño de un lote no pague mantenimiento del club

El Tribunal Superior de Justicia cordobés advirtió deficiencias en el razonamiento de la cámara, que había admitido la apelación del demandado, y ordenó que se vuelva a analizar el recurso

En el marco de un pleito iniciado por el club La Tablada en contra del deudor de la contribución por mantenimiento, a la cual se obligó por escritura pública en su calidad de propietario de un inmueble situado en El Bosque Club de Campo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por la institución deportiva y revocó la sentencia que había admitido la apelación del demandado, quien se negaba a pagar aduciendo que no usa las instalaciones en cuestión.

Los vocales María Marta Cáceres, Domingo SesIn y Luis Eugenio Angulo indicaron que la argumentación expuesta por la cámara no dio acabado tratamiento al caso y se asienta en motivos que importan una valoración arbitraria del material aportado a la causa, el que debidamente apreciado -conforme los principios de la sana crítica racional- es insuficiente para tener por acreditados los extremos fácticos alegados para rechazar la acción entablada.

El Alto Cuerpo reseñó que en la causa se observa que el camino racional seguido por la alzada para considerar acreditada las dificultades invocadas por el demandado para acceder a las instalaciones del club, se sustentó en la declaración de un testigo que hizo referencia exclusiva a su situación personal, en tanto refirió que ha ido al club en algún momento y que no pudo hacer uso o practicar actividades libremente en sus espacios y a un informe que aludió a un “perceptible estado de malestar” de un importante número de propietarios que estarían disconformes con los servicios e infraestructura que brinda La Tablada.

Para el TSJ, la cámara se limitó a la mención de indicios aislados que se refieren a situaciones vivenciadas “esporádicamente” por terceros, en orden a “dificultades” para acceder a las instalaciones del club y no a una situación propia del demandado, contrapuesta, en rigor, a su categórica afirmación respecto a su voluntad de no hacer uso de las instalaciones de ese club y a la ratificación de que no hará uso en el futuro de ellas, “renunciando a todo derecho que a ello tuviera”.

El fallo observó que el tribunal a quo procura apuntalar su razonamiento por vía del argumento relativo a la falta de integración de los fundos, lo que conllevaría que los vecinos deben salir del barrio para acceder al club. Sin embargo, consideró que tales circunstancias (evaluadas bajo la sana crítica racional) carecen de aptitud para acreditar la indisponibilidad material de las instalaciones invocada como sustento de la improcedencia del cobro reclamado en la demanda.

Razonamiento

En consecuencia, los vocales entendieron que el razonamiento desarrollado por los sentenciantes ha sido edificado sobre la base de aseveraciones dogmáticas y apreciaciones de orden general, sin efectuar un análisis circunstanciado sobre la entidad del embate sometido a juzgamiento, dejando sin respuesta suficiente la postura defensiva del recurrente, expuesta mediante una argumentación idónea, computable y de incidencia en la contienda.

Además, el TSJ valoró que con total independencia de que el caso bajo análisis se encuadre o no en una relación de consumo, lo cierto es que ello no eximiría en su totalidad al demandado del deber de probar el hecho que sustenta su pretensión de exonerarse de la obligación a su cargo que declaró conocer en la escritura pública Nº 171 de fecha 13 de junio de 2017 (de adquisición del lote).

Para los supremos, esa orfandad probatoria vicia el razonamiento de la cámara frente a la existencia incontrovertida de la situación que origina la obligación de pago y la conducta del demandado -susceptible de ser calificada de contradictoria con los argumentos de la defensa opuesta-, al afirmar que “nunca ha hecho uso de las instalaciones, ni lo hará en el futuro”.

Principios

El Alto Cuerpo sostuvo que, aun considerando aplicables los principios tuitivos que presiden el derecho del consumo, “no existe prueba suficiente con grado de verosimilitud que permita inferir la existencia del hecho que sustenta la defensa opuesta por el demandado frente a la pretensión de cobro de una obligación asumida mediante un instrumento público”.

Así, se remarcó que la aplicación del principio pro consumidor no merece acogida, puesto que su aplicación está reservada para casos de duda en la interpretación de las cláusulas, de silencio u oscuridad de las normas.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que lo expuesto evidencia la existencia del defecto de motivación acusado, desde que -independientemente del acierto o no del temperamento sentencial asumido sobre el particular-, la cámara omitió consignar las razones que lo condujeron a asumir el criterio referido. Por ello, se ordenó acoger el recurso de casación y disponer, en su mérito, la anulación del pronunciamiento, debiendo reenviarse la causa a otra cámara a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la materia.